La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, enviadas por el Gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, la cancillería señaló que los documentos, recibidos el 28 de abril de 2026, carecen de pruebas suficientes y turnó los expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR).
México también expresó inconformidad por la filtración pública de la acusación, al considerar que viola la confidencialidad establecida en los tratados bilaterales.
SRE turna expediente de Estados Unidos a la FGR
Las solicitudes contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa fueron recibidas por la SRE el 28 de abril a las 18:00 horas a través de la Embajada de los Estados Unidos.
Siguiendo el marco normativo de la Ley de Extradición Internacional, la cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR).
Será la FGR la instancia encargada de evaluar si existen elementos probatorios suficientes bajo el sistema jurídico mexicano para proceder con las detenciones y determinar la viabilidad de las solicitudes de extradición.
Publicación de acusación contra Rocha Moya tensa relación con Estados Unidos
La SRE manifestó su inconformidad por la manera en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación.
Debido a que los tratados vigentes establecen cláusulas de confidencialidad sobre esta información, el Gobierno de México anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada estadounidense por la difusión de los cargos antes de que se completaran los procesos legales correspondientes en México.
Alcance de la acusación en Estados Unidos contra Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa
Mientras México cuestiona la falta de pruebas en la solicitud de extradición, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó una acusación que señala a Rocha Moya y a su círculo cercano de participar en una conspiración de narcotráfico y terrorismo.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos para proteger las operaciones de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Entre los funcionarios implicados en la solicitud y la acusación estadounidense se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
- Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
- Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Merida Sanchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán
La acusación en Estados Unidos incluye cargos por importación de fentanilo y cocaína, así como posesión de ametralladoras.
Las autoridades de Nueva York sostienen que incluso el triunfo electoral de Rocha Moya en 2021 fue apoyado por el cártel mediante el secuestro de rivales políticos.
Por el momento, todos los acusados por Estados Unidos se presumen inocentes bajo la ley estadounidense hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, mientras que en México el proceso queda en manos de la FGR para determinar si las acusaciones tienen sustento legal suficiente.
