Estados Unidos endureció su ofensiva contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios al buscar directamente sus fortunas y propiedades.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados deberán entregar cualquier bien obtenido de ganancias ilícitas relacionadas con la presunta protección a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
Van por cuentas, propiedades y activos ligados al narco
La estrategia legal de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y funcionaros de Sinaloa supuestamente ligados al narcotráfico, no solo contempla penas de prisión, sino también el decomiso total de activos:
- Cuentas bancarias
- Inmuebles
- Recursos transferidos a terceros
Incluso, autoridades estadounidenses advirtieron que, si no se localizan bienes directos, procederán contra activos sustitutos o vinculados indirectamente a las operaciones ilícitas ligadas al narcotráfico de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Este movimiento forma parte de una acusación de Estados Unidos más amplia contra al menos nueve funcionarios de Sinaloa:
- Enrique Inzunza Cázarez: senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán: excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
- Marco Antonio Almanza Aviles: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito: exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan De Dios Gámez Mendívil: presidente municipal de Culiacán
Ellos han sido señalados por Estados Unidos por presuntamente colaborar con el narcotráfico a cambio de beneficios políticos y sobornos.
El caso de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa ha escalado a nivel internacional, ya que también incluye solicitudes de extradición y ha tensado la relación entre México y Estados Unidos.
Lo cual ha marcado un precedente en la persecución no solo penal, sino financiera de funcionarios ligados al crimen organizado.