La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió por la muerte de Dafne Zapata y condenó que se aplique maltrato a niños y adolescentes bajo el argumento de “supuesta educación militar”.
A través de un comunicado, la SEP señaló que la muerte de Dafne Zapata durante un campamento de verano en Tamaulipas es un hecho inadmisible que no encontrará ninguna justificación en modelos disciplinarios estrictos.
Educación militar compete únicamente a la Sedena, señala SEP por muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas
Mario Delgado, titular de la SEP, calificó de inaceptable que se pretenda normalizar el abuso o la violencia física y emocional bajo el disfraz de una formación militar que atenta contra la integridad de los estudiantes.
Ante lo sucedido con Dafne Zapata, la SEP manifestó que no existe ningún sustento legal o normativo que permita a las escuelas de educación básica operar bajo regímenes de mando militar.
Ante esta situación, las autoridades educativas en Tamaulipas han anunciado medidas contundentes contra el plantel involucrado.
Indicaron que la autorización para impartir servicios bajo una denominación “militarizada” data originalmente de 2005, a pesar de que tales modalidades carecen de reconocimiento oficial en el sistema pedagógico nacional vigente.
En el comunicado, la SEP puntualizó que la instrucción militar es competencia única de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, orientada estrictamente a la preparación de sus propios efectivos.
Por el contrario, la educación para niños y adolescentes en el país debe regirse por los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la cual promueve un enfoque humanista, científico y de respeto total a los derechos humanos.
SEP advierte medidas contra planteles de “educación militar” tras muerte de Dafne Zapata
Mario Delgado reiteró que los planes de estudio actuales buscan formar ciudadanos participativos y críticos, lo que resulta incompatible con una “instrucción militar” en etapas tempranas del desarrollo.
Ante ello, la SEP adelantó que se emitirá una disposición oficial para prohibir terminantemente cualquier oferta educativa que utilice términos como “militarizado” o “castrense”.
Ello para garantizar que las aulas permanezcan como espacios seguros para fomentar el desarrollo integral y la autonomía de niños y adolescentes.