El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente que el operativo policial durante la manifestación del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco tuvo “graves deficiencias”, y anunció que se investigará y sancionará a los elementos que hicieron uso excesivo de la fuerza.
En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario afirmó: “Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas”.
¿Qué dijo Pablo Lemus sobre el operativo?
Lemus aseguró que revisó personalmente decenas de videos de lo ocurrido y que no minimizará los hechos ni las imágenes que circularon en redes. “Antes que gobernador, soy humano; en la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó.
El gobernador asumió la responsabilidad del operativo y señaló que existe un compromiso de reparación del daño y de no repetición. “El que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro”, sostuvo.
Que un gobernante reconozca y corrija sus errores no es frecuente en la política mexicana; analistas coinciden en que la legitimidad de un gobierno también se construye con la capacidad de rectificar decisiones y responder ante la ciudadanía.
Las personas detenidas durante la protesta ya recuperaron su libertad desde el martes 13 de octubre. De acuerdo con el gobierno estatal, el gobernador pidió a la Fiscalía del Estado revisar cada caso, cada video y la mayor cantidad de evidencia posible para evitar que hubiera personas detenidas de manera injustificada.
Durante el proceso, los detenidos estuvieron acompañados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con el fin de dar certeza al procedimiento. La liberación era una de las principales demandas de los manifestantes y de organizaciones civiles.
¿Habrá sanciones para los policías?
Sí. Lemus informó que los elementos de la policía estatal que agredieron a manifestantes ya están identificados y que serán sometidos a investigación para determinar sanciones según su nivel de responsabilidad.
El gobierno estatal reconoció que durante la marcha también hubo grupos de choque y personas que actuaron con violencia; sin embargo, admitió que hubo policías que agredieron de manera injusta a manifestantes. Además de las responsabilidades individuales, se revisarán los protocolos de actuación policial, la capacitación y los mecanismos de supervisión, con acompañamiento de la CEDHJ, ya se presentaron dos elementos para su investigación y en las próximas horas se brindará más información al respecto.
Las decisiones para mejorar la calidad del agua
La protesta tuvo como origen la mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Ante ello, el gobernador presentó un plan en tres etapas:
Corto plazo: suspender el uso del agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala mientras esa fuente afecte el agua que sale de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.
Mediano plazo: concluir el acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de la ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, además del saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la abastece.
Largo plazo: construir un nuevo acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, para lo cual Lemus envió una iniciativa de financiamiento al Congreso de Jalisco. La obra permitirá traer agua de calidad, evitar pérdidas y contaminación en el trayecto y extraer menos agua del lago de Chapala.
De acuerdo con el gobernador, el proyecto no implica deuda, ni aumento de tarifas, ni privatización, ni la entrega del servicio a ninguna empresa, incluida alguna de origen israelí.
La postura de Lemus ha sido contrastada por actores de oposición con la de gobernadores de Morena, de quienes señalan no haber visto rectificaciones similares.
Mencionan el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa e investigado por la FGR, a quien acusan de mantenerse fuera del escrutinio público, y cuestionan a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sobre cuándo pedirá cuentas a mandatarios como Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila (Baja California) o Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán).