“El poder es de una naturaleza tan insaciable, que aun los mejores hombres, una vez investidos de autoridad, se inclinan a extenderla más allá de los límites legítimos”.
Montesquieu, Del espíritu de las leyes
En Morena ya comenzaron las apuestas silenciosas. No las públicas, esas donde todos fingen institucionalidad, disciplina y serenidad republicana. Las otras. Las reales. Las que ocurren en restaurantes privados de Polanco, en chats cifrados de operadores políticos, en oficinas donde ya nadie pregunta quién está involucrado sino quién será entregado primero para contener el incendio.
La conversación cambió de tono desde que en Estados Unidos empezaron a cruzarse expedientes, nombres y rutas financieras vinculadas al huachicol fiscal. Eso ya hace mucho rato. Coincidió más o menos cuando Adán Augusto se empezó a hacer el desaparecido; de eso ya meses.
Y hoy la pregunta dejó de ser si habrá más personajes cercanos a la 4T bajo sospecha. La verdadera duda es quién alcanzará a salvarse cuando Washington decida acelerar.
Ahí, flotando cada vez menos discretamente, aparece el nombre del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
No es casualidad que Palacio Nacional haya reaccionado con tanta velocidad para intentar blindarlo. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a declarar que Ojeda no es investigado y que, además, fue él mismo quien denunció la red de huachicol fiscal. Una defensa peculiar. Casi enternecedora. Bajo esa lógica, bastaría con que cualquier funcionario denunciara un delito para recibir automáticamente indulgencia plenaria y lavado institucional exprés. Estrategia de kínder, como esas que le gustan al secretario de educación.
Pero, en todo caso, el problema es que la versión comenzó a hacer agua casi de inmediato. La propia Fiscalía dejó correr después otra narrativa: sí hubo acercamientos, sí hubo información compartida, sí hubo conversaciones, aunque no necesariamente una denuncia formal como intentó instalarse desde la palestra de Palacio Nacional. Y cuando un gobierno necesita corregirse a sí mismo en menos de 24 horas, normalmente no enfrenta un problema jurídico. Enfrenta uno político serio.
Más aún cuando los señalados no son adversarios del régimen sino los sobrinos del exsecretario de Marina. Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna ya no aparecen únicamente como empresarios “incómodos” o piezas secundarias del contrabando de combustible. Las investigaciones federales los colocan como operadores centrales de una red multimillonaria que habría funcionado gracias a protección institucional dentro de aduanas, puertos y estructuras navales. Del secretario Ojeda, pues.
Es decir: no hablamos de unos improvisados descargando bidones en la madrugada. Hablamos de un sistema. Uno extraordinariamente sofisticado. Tan sofisticado que, según versiones que circulan entre mandos retirados y operadores de seguridad, durante el sexenio pasado había funcionarios que evitaban incluso pronunciar el apellido Farías en reuniones relacionadas con puertos y aduanas. No por respeto. Por prudencia. El apellido funcionaba más como salvoconducto que como alerta.
Y ahí comienza el verdadero problema para la narrativa obradorista. Durante años se nos dijo que las Fuerzas Armadas —sobre todo la Marina— eran incorruptibles, moralmente superiores, inmunes a los vicios del viejo régimen. El obradorismo convirtió a los militares en constructores, administradores, empresarios, aduaneros, hoteleros, repartidores de medicinas y hasta operadores turísticos. Solo faltaba entregarles la conducción espiritual del país y abrirles un canal de meditación mañanera. El resultado era inevitable: mientras más poder acumulaban, más opacas se volvían sus estructuras.
Max Weber lo explicó hace más de un siglo: toda burocracia que concentra poder sin contrapesos termina desarrollando mecanismos propios de autoprotección. En México decidieron comprobarlo empíricamente.
Por eso, el caso Ojeda es tan delicado. No se trata únicamente de si sabía o no sabía. Francamente, esa discusión ya resulta ofensiva para la inteligencia mínima del país. López Obrador repitió hasta el cansancio que el presidente “sabía todo”. Entonces la lógica es sencilla: si el comandante supremo presumía saberlo todo, ¿el secretario de Marina ignoraba que sus propios sobrinos operaban una red multimillonaria de contrabando vinculada precisamente a espacios controlados por la Marina?
La pregunta se responde sola. Y eso explica el nivel de nerviosismo interno.
En el oficialismo hay quienes empiezan a entender que defender ciegamente a Ojeda puede terminar convirtiéndose en un error estratégico monumental. No tanto por él, sino por lo que simboliza. El exsecretario ya no representa solamente a un militar cuestionado. Representa la posibilidad de que la gran reserva moral de la Cuarta Transformación termine pareciéndose demasiado a aquello que juraron combatir.
Ahí aparece el fantasma más incómodo de todos: Genaro García Luna. La comparación irrita profundamente al obradorismo y, por eso mismo, cada vez comienza a repetirse más en voz baja. No porque ambos casos sean idénticos jurídicamente, sino por la devastación simbólica que implicaría aceptar algo parecido: un secretario de Estado convertido en pieza funcional —por acción, protección o tolerancia— de estructuras criminales. Sería el colapso de toda la narrativa sexenal.
Por eso se nota el esfuerzo desesperado de contención. El blindaje mediático. Las declaraciones cuidadosamente calculadas. Las precisiones de emergencia. La semántica defensiva. Primero “no existe investigación”; después “sí hay investigaciones, pero no contra él”; luego “él denunció”; más tarde “bueno, técnicamente no denunció así como denunciar-denunciar”. Parece control de daños redactado por alumnos agotados de comunicación política un domingo a las tres de la mañana.
Mientras tanto, en Estados Unidos el tema avanza con otra lógica. La detención de Fernando Farías Laguna en Argentina encendió alarmas serias dentro de sectores militares y políticos mexicanos. No precisamente por la captura en sí misma, sino por el temor de que empiece a hablar demasiado, ya sea en ese país sudamericano o extraditado, pero no a México. A Estados Unidos. Y Washington tiene una larga tradición convirtiendo operadores financieros, empresarios y personajes secundarios en testigos extraordinariamente cooperativos cuando el objetivo real está más arriba.
Eso es lo que verdaderamente inquieta en Palacio Nacional. No el escándalo mediático mexicano. A esos sobreviven siempre. Lo que preocupa es perder el control del expediente.
Porque mientras aquí todavía discuten si Ojeda “sabía” o “no sabía”, en Estados Unidos suelen formular preguntas mucho más incómodas: quién protegía, quién facilitaba, quién permitió operar y quién se benefició políticamente de la estructura.
La FGR incluso investiga posibles vínculos entre esta red y el asesinato del contralmirante Rubén Guerrero Alcántar, quien presuntamente buscaba exhibir partes de la operación criminal. La sola existencia de esa línea de investigación debería haber provocado una sacudida institucional gigantesca. En cualquier democracia funcional habría comparecencias inmediatas, presión parlamentaria y crisis de gabinete. Aquí ocurrió algo mucho más tropical: se organizó un operativo político para convencernos de que todo está perfectamente bajo control y que, casualmente, el único personaje que no debe ser tocado es precisamente el jefe máximo de la institución donde operaban los familiares señalados. Demasiada coincidencia para una transformación moral.
Al final, el problema de los regímenes construidos sobre superioridad ética no aparece cuando surge la corrupción. Todos los sistemas de poder generan corrupción. El verdadero problema comienza cuando necesitan deformar la realidad para proteger a los suyos. Y Morena empieza a entrar exactamente en esa etapa. La más peligrosa. La del poder que ya no distingue entre gobernar y encubrir.