Hay acontecimientos que no necesitan ser proclamados como doctrina porque funcionan, en los hechos, como una. Estados Unidos ha vuelto a demostrar que su política exterior ya no busca legitimarse en el derecho internacional, sino en la eficacia del miedo. La confiscación de petroleros vinculados a Venezuela, el bloqueo naval encubierto, la presión directa sobre los flujos energéticos del continente y, sobre todo, la captura/secuestro de Nicolás Maduro, constituyen una coreografía precisa destinada a educar al mundo en una lección elemental: la ley existe mientras conviene, y deja de existir cuando estorba. Entones, funciona el miedo, ese irremediable resabio de los gobernantes prudentes que temen por los costo sociales, económicos y humanos de la guerra, así como de los que saben que de librar un frente a un gigante nuclear sería una batalla existencial.
El episodio del petrolero Marinera —antes Bella-1— condensa esa pedagogía. Un buque vacío, sancionado, que cambia de bandera en altamar y pasa a enarbolar la rusa; una persecución de dos semanas en el Atlántico; helicópteros sobrevolando; la Guardia Costera y el ejército estadounidense insistiendo en abordarlo; submarinos y barcos rusos cerca, observando. La imagen transmitida por la televisión estatal rusa no es anecdótica: forma parte del mensaje. Estados Unidos no actúa en la sombra. Actúa para ser visto.
El mensaje no se dirige únicamente a Caracas. Ni siquiera a Moscú o Pekín de manera aislada. Se dirige a todos los actores del sistema internacional, incluidos aliados formales y socios incómodos. Se trata de una advertencia performativa: Washington puede bloquear, confiscar, redirigir cargamentos, capturar jefes de Estado y administrar recursos ajenos si así lo decide. Y puede hacerlo incluso a riesgo de escalar tensiones con potencias nucleares.
El segundo petrolero interceptado, el Sophia, completamente cargado y detenido frente a la costa noreste de América del Sur, confirma que no se trata de un exceso puntual, sino de una política sostenida. Cuatro casos en pocas semanas bastan para demostrar que el control del petróleo venezolano no es una consecuencia colateral, sino el centro de la estrategia. En paralelo, la administración Trump presiona para cerrar un acuerdo que desvíe suministros destinados a China —principal comprador del crudo venezolano— e importe hasta 2.000 millones de dólares en petróleo. La geopolítica se mide en barriles.
China ha reaccionado con una condena verbal que suena más a constatación que a protesta. Habla de “intimidación”, de “bullying”, del descarado uso de la fuerza bajo el lema de “Estados Unidos primero”. Pero la condena llega acompañada de una evidencia incómoda: los pactos, las reglas y los supuestos derechos humanos que estructuraron el orden liberal pierden vigencia cuando chocan con los intereses energéticos y estratégicos de Washington.
Donald Trump no lo disimula. Ha hablado abiertamente de controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela junto con compañías estadounidenses tras la destitución de Maduro, a quien describe como dictador narcotraficante aliado de los enemigos de Estados Unidos. En un mensaje que rompe cualquier simulacro diplomático, anunció que hasta 50 millones de barriles de crudo serían refinados y vendidos por Estados Unidos, y que el dinero resultante sería administrado directamente por él “para beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”. No es una frase improvisada sino una declaración de soberanía sobre recursos ajenos.
Las negociaciones con PDVSA avanzan, según fuentes internas, aunque el Gobierno venezolano guarda silencio. Los mercados reaccionan con la frialdad habitual: los precios del crudo caen ante la expectativa de un aumento de la oferta. El miedo disciplinario también es económico.
La captura de Maduro eleva esta pedagogía a un nivel superior. No se conocen aún todos los detalles de la operación: fuerzas especiales estadounidenses ingresando en helicóptero bajo la oscuridad, rompiendo el cordón de seguridad, deteniendo al presidente en la puerta de una habitación segura. Sin bajas estadounidenses. Con decenas de muertos del lado venezolano y cubano. La escena culmina en un tribunal de Manhattan, con Maduro esposado de los tobillos, vestido con uniforme carcelario, declarándose inocente de cargos por narcotráfico. El símbolo es devastador.
Se trata de la mayor intervención directa de Estados Unidos en América Latina desde Panamá en 1989. Y el precedente es inquietante incluso para los aliados de Washington, que observan con preocupación la naturalización de la captura de un jefe de Estado extranjero. Europa toma nota y prepara planes defensivos para Groenlandia, no por paranoia, sino por aprendizaje. Rusia recibe el golpe indirecto a través del control del petróleo venezolano en plena guerra en Ucrania. China entiende que sus cargamentos pueden ser redirigidos si así lo decide otro.
En este contexto, resulta no solo ingenuo, sino profundamente irresponsable, que algunos opositores latinoamericanos imploren intervenciones militares como si fueran operaciones quirúrgicas de salvación moral. Piden invasiones, persecuciones selectivas, guerras contra el narcotráfico, ignorando —o fingiendo ignorar— que los grupos criminales forman parte de economías políticas transnacionales sostenidas por flujos de armas, dinero y silencios estratégicos donde Estados Unidos no es un espectador externo. Creer que una invasión devuelve la paz es confundir la pedagogía del miedo con justicia.
Trump parece haber calculado que, por ahora, la estabilidad mínima es preferible a la democratización. Prioriza la reactivación del sector petrolero con empresas estadounidenses antes que la liberación de presos políticos o una nueva votación con garantías. Delcy Rodríguez camina por una cuerda floja entre denunciar el “secuestro” de Maduro y cooperar bajo amenaza explícita. Diosdado Cabello es observado de cerca. Los activos financieros de la propia Rodríguez se convierten en herramienta de presión. La política se reduce a gestión de riesgos.
La oposición venezolana, fragmentada, espera. María Corina Machado, convertida en figura simbólica tras recibir el Premio Nobel de la Paz, cuida de no antagonizar a Trump. Incluso respalda la idea de convertir a Venezuela en un aliado energético central. En la pedagogía del miedo, la autonomía es un lujo que pocos pueden permitirse.
Lo que está en juego no es solo Venezuela. Es el principio mismo de que las reglas internacionales puedan o no limitar al poder. Estados Unidos está ganando una guerra que no se libra con declaraciones formales, sino con ejemplos. Ejemplos que enseñan que la Carta de las Naciones Unidas puede ser ignorada, que la soberanía es negociable, que el estado de guerra y el estado de supervivencia sustituyen al Estado de derecho.
En ese esquema, la diplomacia tiene un lugar angosto, casi decorativo. La defensa existencial se presenta como la única ley vigente. Esta es la verdadera pedagogía del miedo: no convencer, sino demostrar. No dialogar, sino ejecutar. Y dejar claro que cualquiera puede ser el siguiente alumno.