Jesús Murillo Karam ya no estará bajo prisión preventiva justificada, un juez de control modificó la medida cautelar del exprocurador General de la República que enfrenta acusaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Tras una audiencia que se llevó a cabo el pasado 22 de julio de 2026, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, determinó modificar la medida cautelar de la causa penal 307/2022.
Jesús Murillo Karam ya no estará bajo prisión preventiva
Jesús Murillo Karam, de 78 años, estará bajo resguardo domiciliario, usará brazalete electrónico y tendrá restricciones de movilidad.
No podrá abandonar la Ciudad de México y tiene prohibido acercarse a las víctimas del caso Ayotzinapa o reunirse con personas distintas a sus familiares.
El proceso penal continuará y su responsabilidad todavía deberá resolverse ante los tribunales.
La resolución deriva del argumento de la defensa, quien solicitó el cese de la prisión preventiva justificada aportando pruebas del deterioro de su estado de salud y el requerimiento de atención médica especializada, por lo que no necesitará autorización judicial cada vez que necesite acudir a consultas médicas.
Debido a que el exprocurador ha permanecido privado de la libertad durante más de dos años sin recibir sentencia, sus abogados tomaron como referencia criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ellos se establece que los jueces deben revisar la prisión preventiva cuando supera el periodo, y determinar si los retrasos son atribuibles a la persona imputada o a otras circunstancias del procedimiento.
Por lo que el juez consideró que la prolongación del proceso se relaciona con los recursos judiciales promovidos durante el caso y no con acciones del imputado.
Murillo Karam enfrenta un segundo proceso penal
Murillo Karam enfrenta un segundo proceso penal por la presunta tortura de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos. Causa por la que también se le impuso prisión domiciliaria.
En este caso es investigado por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos.
Murillo Karam habría tenido conocimiento de las agresiones durante los interrogatorios de enero de 2015. Se le acusa de alterar de evidencia a fin de desviar líneas de investigación para sostener la llamada “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.