En la segunda audiencia contra Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York, el debate se centró en un obstáculo clave: la imposibilidad de financiar su defensa legal debido a las sanciones económicas de Estados Unidos.
La defensa alegó que esta situación vulnera la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a asistencia jurídica, mientras que la fiscalía sugirió defensores públicos como alternativa para Maduro y Cilia Flores.
El juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar el caso y cuestionó la vigencia de las sanciones, en un contexto de relaciones diplomáticas más flexibles de Estados Unidos con Venezuela.
Segunda audiencia de Maduro: La disputa por los fondos y la Sexta Enmienda
Durante la segunda audiencia, celebrada el 26 de marzo de 2026, la defensa argumentó que la incapacidad de Nicolás Maduro para costear sus abogados representa una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza el derecho a la asistencia jurídica.
Ante este escenario, los abogados defensores sugirieron que la solución lógica sería descartar el caso, una opción que el juez Alvin Hellerstein rechazó tajantemente al declarar: “No voy a desestimar el caso”.
“No voy a desestimar el caso”.
Alvin Hellerstein, juez del Distrito Sur de Nueva York
Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba sostuvo que Maduro y Cilia Flores podrían utilizar su propio dinero para costear el proceso, aunque Maduro ha manifestado formalmente que no dispone de los recursos para hacerlo.
Como alternativa, la fiscalía sugirió el uso de defensores públicos o abogados de oficio de Nueva York, argumentando que están capacitados para manejar casos complejos.
El juez Alvin Hellerstein, si bien expresó respeto por estos profesionales, matizó que la excepcionalidad de este juicio podría dificultar su labor habitual.
Falta de recursos de Maduro abrió debate sobre relación Venezuela y Estados Unidos
Un punto de fricción importante fue la posibilidad de que el juez ordene a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) otorgar una licencia especial para liberar fondos del Estado venezolano.
La fiscalía se opuso con firmeza, alegando que permitir el acceso a esos activos —los cuales consideran riqueza “saqueada” de Venezuela— socavaría el propósito mismo de las sanciones de seguridad nacional.
Sin embargo, el juez Hellerstein cuestionó la vigencia de estos argumentos en el contexto actual, señalando que las relaciones entre Washington y Caracas han mejorado y que “estamos haciendo negocios con Venezuela”.
Cabe destacar que, tras el restablecimiento de ciertos vínculos diplomáticos, Estados Unidos ha suavizado sanciones a la industria petrolera y enviado personal diplomático a Caracas, a pesar de que Maduro ha sido marginado del actual gobierno interino de Delcy Rodríguez.
La audiencia concluyó con el traslado de Nicolás Maduro bajo estricta vigilancia de regreso al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, mientras el tribunal busca una resolución para este complejo nudo jurídico que mantiene en vilo el avance del proceso.
