Donald Trump parece haber llegado a una conclusión bastante cómoda para su manera de entender el poder: si algo no le gusta, debería poder cambiarlo. Si una frontera, un nombre geográfico, una tasa de interés o una institución se interponen entre él y la realidad que desea, entonces el problema no parece ser la realidad, sino la obstinación de ésta en no obedecer. Ahora su presión vuelve a concentrarse en la Reserva Federal. Después de un reporte laboral más fuerte de lo esperado, con 162 mil empleos creados en agosto y desempleo en 4.1%, aumentaron incluso las apuestas de que la Fed podría elevar tasas en septiembre. Trump exige exactamente lo contrario: que bajen.
Ahí está el problema de fondo. Un presidente tiene derecho a preferir tasas más bajas, crecimiento más rápido, crédito barato, hipotecas menos costosas y mercados en ascenso. Cualquier mandatario desearía algo semejante. Lo que no debería tener es la facultad de ordenar que todo eso ocurra, porque la política monetaria no existe para cumplir deseos presidenciales sino para equilibrar inflación, empleo y estabilidad financiera. La independencia de un banco central no es una extravagancia de tecnócratas. Es una protección contra la tentación permanente de abaratar artificialmente el dinero para producir bienestar inmediato y pasarle la factura al siguiente.
La economía estadounidense presenta hoy precisamente ese dilema. El empleo volvió a mostrar fortaleza y la inflación, aunque más contenida que en otros momentos, sigue suficientemente presente como para que la Fed mantenga cautela. Trump, en cambio, quiere recortes y ha llegado incluso a amenazar con utilizar la política comercial para presionar por ellos. La contradicción merece atención: los aranceles pueden elevar costos, las restricciones comerciales pueden afectar cadenas de suministro y la incertidumbre política puede retrasar inversiones, para después exigir que el banco central compense esas mismas presiones reduciendo tasas. Es como calentar una habitación y luego reclamarle al termómetro porque marca una temperatura demasiado alta.
Trump tiene, por supuesto, argumentos políticos. Las tasas elevadas encarecen hipotecas, créditos automotrices, tarjetas, inversión empresarial y servicio de deuda. Una economía que paga demasiado por el dinero puede enfriarse innecesariamente. Si la inflación estuviera claramente dominada y el empleo comenzara a deteriorarse, bajar tasas sería perfectamente razonable. Pero ésa es precisamente la decisión que debe tomar la Reserva Federal observando datos, no encuestas electorales ni instrucciones presidenciales.
Y aquí aparece un detalle casi chusco, aunque revelador. Trump lleva meses demostrando una sorprendente afición por rebautizar el mapa cuando algún nombre deja de agradarle. Ordenó que la administración federal estadounidense utilizara “Gulf of America” en lugar de Golfo de México; más recientemente impulsó que Estados Unidos denomine “Lake America” al lago Ontario; y ahora promueve que Nuevo México pase a llamarse “New America”. El problema es que ni la geografía ni las instituciones funcionan con varita mágica. Una orden presidencial puede modificar la nomenclatura utilizada por dependencias federales estadounidenses dentro del ámbito de sus competencias, pero no puede obligar al resto del mundo a borrar el nombre Golfo de México, ni puede imponer unilateralmente a Canadá un nuevo nombre para un cuerpo de agua compartido, ni mucho menos cambiar por capricho la denominación constitucional de un estado de la unión. Para eso existen procedimientos, competencias, normas, gobiernos, y en algunos casos, acuerdos que un decreto presidencial no sustituye.
A este paso no sería extraño que, cuando la Reserva Federal vuelva a negarse a hacer exactamente lo que quiere, Trump proponga rebautizarla como “Reserva Presidencial” y asunto concluido. El inconveniente es que las tasas de interés tienen una mala costumbre: no bajan porque alguien les cambie el nombre. Tampoco desaparece la inflación si se le llama prosperidad, ni se reduce el costo del crédito mediante una orden ejecutiva.
La anécdota puede provocar risa, pero el problema institucional es serio. La Reserva Federal fue diseñada deliberadamente para mantener cierta distancia del calendario político. Sus gobernadores tienen mandatos largos, sus decisiones se toman colegiadamente y su legitimidad depende en buena medida de que los mercados crean que no modificará tasas simplemente para ayudar al presidente de turno. Si esa credibilidad desaparece, las consecuencias pueden ser exactamente las contrarias a las que busca la Casa Blanca: mayores expectativas inflacionarias, tasas de largo plazo más altas, volatilidad financiera y pérdida de confianza en el dólar.
No sería la primera vez que un presidente estadounidense quisiera dinero barato. Richard Nixon presionó a Arthur Burns en los años setenta para mantener una política monetaria favorable antes de su reelección, y aquella etapa forma parte de una historia mucho más amplia de inflación y dificultades que después obligaron a Paul Volcker a aplicar una medicina dolorosísima. La lección no es que un presidente nunca deba opinar sobre tasas; la libertad de expresión también llega a la Casa Blanca. La lección es que opinar no puede convertirse en mandar.
Trump, sin embargo, ha llevado la presión mucho más allá de la crítica económica convencional. Durante años insultó a Jerome Powell, habló de destituirlo y convirtió cada decisión de la Fed en un juicio sobre lealtad. El problema no parece ser tanto quién dirige la institución como si está dispuesto a obedecer. Y eso revela algo más amplio sobre su concepto del poder: para Trump las instituciones suelen ser buenas cuando facilitan sus objetivos y sospechosas cuando los limitan. Los tribunales son legítimos cuando fallan a su favor, los aliados son buenos cuando aceptan sus condiciones, los tratados funcionan mientras producen el resultado que desea, los mapas pueden rebautizarse y la Reserva Federal debería aparentemente interpretar cada estadística de forma compatible con la Casa Blanca.
Pero una democracia está diseñada precisamente para que el presidente no sea propietario de todas las instituciones. La Fed puede equivocarse y lo ha hecho muchas veces. Puede subir demasiado pronto, bajar demasiado tarde, estimar mal la inflación o interpretar incorrectamente el mercado laboral. Sus funcionarios no son infalibles y deben rendir cuentas públicamente sobre sus decisiones. Pero el remedio contra una Fed equivocada no puede ser una Fed sometida, porque entonces el problema dejaría de ser únicamente económico y se convertiría también en político.
Supongamos por un momento que Trump consiguiera una Reserva Federal completamente dócil y que ésta redujera tasas simplemente porque la Casa Blanca lo exige. Al principio podría resultar agradable: crédito más barato, bolsas al alza, mayor consumo y probablemente más inversión. Pero si la inflación repunta, ¿qué ocurriría? El mismo presidente que exigió tasas bajas podría culpar después al banco central por no contener los precios. La política monetaria se convertiría entonces en extensión de la propaganda presidencial: cada éxito pertenecería a la Casa Blanca y cada fracaso a los funcionarios que obedecieron. La independencia existe para evitar precisamente ese juego.
Además, hay un punto que suele perderse cuando Trump habla de tasas como si fueran una perilla en su escritorio. La Reserva Federal controla de manera directa una tasa de corto plazo, pero los mercados determinan muchas otras. Hipotecas y bonos de largo plazo responden también a expectativas sobre inflación, déficit, deuda y credibilidad fiscal. Si los inversionistas concluyen que el banco central bajará tasas por presión política aun cuando los precios sigan elevados, pueden exigir rendimientos mayores para prestar dinero a largo plazo. El resultado paradójico sería que una presión destinada a abaratar el crédito termine encareciéndolo.
La credibilidad no aparece en un decreto. Se construye durante años y puede destruirse mucho más rápido. También es cierto que la Fed tiene que explicar mejor sus decisiones. No basta pronunciar discursos llenos de lenguaje técnico y esperar que una familia que acaba de renovar una hipoteca entienda por qué debe pagar más. La independencia no significa ausencia de responsabilidad. Cuanto mayor sea la autonomía de una institución, mayor debe ser su obligación de justificar lo que hace. Pero transparencia y obediencia son cosas completamente distintas. El presidente puede pedir explicaciones, el Congreso puede preguntar, los economistas pueden criticar y los mercados pueden juzgar. Lo que nadie debería hacer es convertir la tasa de interés en premio por lealtad política.
Hay además un elemento especialmente importante para México. Lo que ocurra con la Reserva Federal no permanece dentro de Estados Unidos. Las tasas estadounidenses afectan al dólar, flujos de capital, peso mexicano, costo de financiamiento, inversión y decisiones del Banco de México. Si la Fed aumenta tasas, el capital puede buscar rendimientos en Estados Unidos y presionar monedas emergentes; si baja demasiado rápido y pierde credibilidad, puede desatar volatilidad e inflación financiera. En ambos casos México recibe parte de las consecuencias. Por eso nos interesa que la Fed sea predecible, no necesariamente complaciente: predecible. La política monetaria estadounidense tiene demasiada influencia mundial para convertirse en instrumento del humor presidencial.
Trump probablemente seguirá atacando cuando no obtenga lo que quiere. Es parte de su estilo. Pero los funcionarios de la Reserva Federal tienen una obligación bastante más aburrida y mucho más importante: mirar los datos y decidir conforme a ellos. Hoy esos datos no ofrecen una respuesta trivial. El empleo resultó fuerte, la inflación sigue siendo un riesgo, el crecimiento es positivo pero desigual y algunos sectores presentan debilidad mientras otros muestran resistencia. Precisamente por eso existen reuniones, modelos económicos y debates entre gobernadores. Si la respuesta fuera siempre “baje tasas porque lo pide el presidente”, podría cerrarse todo el edificio y ahorrar bastante dinero.
Y aquí volvemos a la obsesión por los nombres. Trump puede ordenar que las agencias federales estadounidenses escriban “Gulf of America”, puede hacer que mapas utilizados dentro de Estados Unidos muestren “Lake America” y puede fantasear con llamar “New America” a Nuevo México. Pero ni México desapareció del golfo, ni Canadá perdió su lago, ni Nuevo México ha cambiado de nombre. La realidad conserva cierta autonomía. La economía también. Y ésa quizá sea una de las cosas que más irritan al hombre que parece convencido de que el mundo entero debería acomodarse a su voluntad.
Un presidente poderoso puede influir muchísimo. Puede cambiar impuestos, imponer aranceles, gastar, negociar tratados, modificar regulaciones y designar funcionarios. Puede incluso cambiar ciertos nombres dentro de la administración que dirige. Pero no puede ordenar que los precios bajen, que la inflación desaparezca, que los mercados crean o que una economía responda exactamente como él desea. Ni siquiera Donald Trump.
La próxima decisión de la Reserva Federal será importante porque puede determinar el rumbo del costo del dinero durante los próximos meses. Pero quizá haya algo todavía más importante que decidir entre subir, mantener o bajar una tasa: preservar la idea de que esa decisión se tomará porque los datos lo justifican y no porque alguien llamó desde la Casa Blanca.
Los presidentes pasan. Las instituciones deben permanecer. Y si Trump sigue empeñado en cambiarle el nombre a todo aquello que no le gusta, puede continuar entreteniéndose con los mapas; pero a la inflación, al mercado y a las tasas de interés todavía no les ha llegado la orden de obedecer.
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