Estamos a unos días de que arranque el proceso electoral federal de 2026-2027 y para asombro de nadie, ya vimos en distintos episodios a la comentocracia desinformando o contando verdades a medias sobre distintas determinaciones del INE.
De las últimas fue el de las llamadas “boletas planchadas”, que son aquellas que aparecen durante el conteo de los votos sin marcas de doblez.
Hay que dejarlo sumamente claro, Nadie aprobó que este tipo de boletas se consideraran sin más válidas para “abrir la puerta al fraude”, como se afirmó o se hizo creer de manera irresponsable en el debate público, incluso por personas con experiencia en temas electorales.
El problema es que la legislación electoral no establece que, al identificarse este tipo de boletas, deban clasificarse automáticamente como votos nulos, y eso es justamente lo que se debatió el pasado 3 de septiembre en el marco de la aprobación de los lineamientos sobre los cómputos para las elecciones de 2027.
Es decir, ante la ausencia de una regla específica que establezca qué consecuencia debe producir la aparición de una boleta sin doblez, las y los consejeros discutieron qué debía hacerse.
En términos generales, pueden identificarse tres posturas. Una primera, más estricta (Martín Faz, Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey y Arturo Castillo), consideró que una boleta que no presenta señales de haber sido doblada pone seriamente en duda que haya sido introducida en la urna y, por tanto, que corresponda a un voto auténticamente emitido; Espadas llegó incluso a sostener que las boletas planchadas constituyen un fraude inequívoco.
Una segunda postura, intermedia, fue la de Rita Bell, quien propuso no hacer depender la decisión exclusivamente de la existencia de un doblez, sino revisar también deformaciones u otros signos físicos compatibles con la introducción de la boleta en la urna; separarla preventivamente y, sólo después de una valoración del Consejo Distrital, considerarla inválida si se concluía que no presentaba señales de haber pasado por la urna. Finalmente, la propuesta que obtuvo la mayoría fue la presentada por Frida Gómez y respaldada por siete consejerías en la votación final (Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Arturo Chávez, Blanca Cruz y Guadalupe Taddei).
Para explicarlo con peras y manzanas, de acuerdo con lo aprobado por el INE —salvo que la determinación sea modificada por el Tribunal— cuando en un recuento se identifique una boleta de este tipo, el Consejo Distrital deberá determinar de manera colegiada si se computa o no y dejar constancia de la anomalía; si decide computarla, entonces deberá determinarse la validez o nulidad del voto. Hay que informar a la ciudadanía que en estas sesiones están presentes las consejerías ciudadanas y los representantes de todos los partidos.
El argumento central de esta postura es que el INE no puede sustituir al legislador creando, mediante lineamientos, un supuesto automático de nulidad que la ley no contempla.
¿Qué ha dicho el Tribunal al respecto? Habrá que ver qué dice en este caso. Lo cierto es que no ha establecido conclusiones automáticas al respecto. En ningun caso ha establecido que encontrar una boleta sin dobleces visibles sea, por sí mismo, prueba de fraude y, por tanto, motivo suficiente para anularla. En el polémico caso de Puebla de 2018, que llevó a un recuento total de la elección, la Sala Superior valoró que una boleta puede doblarse para entrar en la urna y después desdoblarse al momento de contar los votos y guardarse extendida. Por eso, que una boleta aparezca sin marcas visibles de doblez no significa necesariamente que nunca haya pasado por la urna. Puede ser un indicio de una irregularidad, pero por sí solo no demuestra que exista fraude.
Ahora bien, eso no quiere decir que encontrar muchas boletas sin dobleces haya sido normalizado. En el caso de Putla, Oaxaca (SUP-REC-263/2016 y acumulado), la Sala incluso sostuvo que la ausencia de dobleces evidencia una irregularidad, pero no consideró que esa irregularidad, por sí sola, fuera una causal automática de nulidad. Ahí la Sala Superior sí terminó anulando la votación de una casilla en la que la Oficialía Electoral había hecho constar que las boletas estaban “sin dobleces o casi imperceptibles”. Pero no anuló únicamente por eso. Había muchas otras cosas que no cuadraban. Las actas de jornada, escrutinio y cómputo y clausura no aparecieron inicialmente y después fueron localizadas; existían señalamientos de alteración del paquete; la votación presentaba características extraordinariamente atípicas; y una inspección posterior, lejos de aclarar qué había ocurrido con las boletas, generó todavía mayor incertidumbre.
La Sala reprochó precisamente que esas pruebas se hubieran estudiado por separado y sostuvo que debían valorarse en conjunto. Incluso la Sala Guadalajara, que en 2025 fue mucho más severa al considerar físicamente indispensable doblar las boletas para introducirlas en la urna, valoró esa circunstancia junto con otras anomalías al determinar la nulidad de las casillas.
En resumen, una boleta sin doblez no equivale automáticamente a una boleta fraudulenta, pero muchas boletas sin doblez, acompañadas de otras irregularidades, pueden formar parte de la prueba de una manipulación y llevar incluso a la nulidad de la votación de una casilla.
La propia Sala Superior explicó que una circunstancia anómala no basta aisladamente y que deben “coexistir determinados hechos que al quedar debidamente acreditados permitan inferir que se actualizó una manipulación”. Por eso, la discusión no debería plantearse de manera tan maniquea —“todas las boletas planchadas se cuentan” o “todas se anulan”—, sino preguntarse qué otros elementos existen para determinar si estamos frente a una boleta que simplemente no conserva un doblez visible o frente a indicios suficientes de una verdadera manipulación electoral.
En fin, lo que queremos mostrar es que la discusión es más compleja de lo que aparenta y que al final lo que se discute es cuál sería la forma con mayor sustento legal y constitucional para determinar la invalidez de un voto, una casilla o una elección en las que se identifiquen boletas planchadas.
Lo que me parece desesperante y lo señalaré las veces que sea necesario, es que hay personas que pareciera que solo están decididas a golpear a las instituciones electorales y acusarlas de abrir la puerta al fraude, de censurar y muchas otras aseveraciones más sin sustento. Reaccionan la mayoría de las veces en piloto automático, sin detenerse siquiera a leer las determinaciones de las autoridades y dejándose llevar por lo que circula en las redes, donde con demasiada frecuencia —y no siempre de manera inocente— se cuenta sólo una parte de la historia. Replican narrativas estridentes basadas en verdades a medias.
Ejemplos sobran, el más gastado el de la supuesta sobrerrepresentación inconstitucional. Ayer mismo, otra vez Ricardo Becerra en un texto en Nexos, como le reclamó Edwin Ramírez en X, “deshonesto por no decir mentiroso” omite completamente la reforma legal de 2007-2008 que cambió la interpretación del artículo 54 constitucional. En ningún lado de su artículo tendencioso señala que la repartición de plurinominales se hace por partidos y no por coaliciones desde 2009.
Lo mismo vimos hace unos días por la periodista Lety Robles que ante la aprobación de los lineamientos para el monitoreo de los noticieros salió a decir “¿En qué artículo constitucional estará sustentada esta facultad inexistente del @INEMexico estalinista?” Ella y muchos otros salieron a denunciar que el INE iba a “sancionar” a los periodistas.
Nada más falso. El tribunal tiró uno de los supuestos metodológicos por ser subjetivos y generar un posible efecto inhibidor. Pero en ningún momento se habló de sanciones a los periodistas y por su puesto que el INE tenía esa facultad basada en el 41 constitucional.
El gran problema de todos estos alarmismos es que nuestro sistema inmunológico para identificar auténticas arbitrariedades está averiado y hoy los académicos, los periodistas y quienes nos dedicamos a estos temas nos hemos vuelto incapaces de explicar a la ciudadanía las discusiones que están realmente atrás de los reduccionismos amarillistas.
¿Dónde está la honestidad intelectual de cierto grupo de académicos? ¿Dónde está la ética periodística de los reporteros electorales? Son realmente pocos los que informan con responsabilidad, verificando los hechos, leyendo las determinaciones, contrastando las visiones.
A unos días de que inicie el proceso electoral, convendría discutir las decisiones de las autoridades por lo que realmente dicen y no por la narrativa que resulte más atractiva para provocar indignación. Hay mucho que cuestionar y debatir en las próximas elecciones. No hace falta inventar problemas donde ya tenemos suficientes. Debatamos si, pero con rigor.