El argumento de este texto es muy sencillo: una democracia republicana no puede tolerar el porrismo en el espacio público; la libertad de expresión no es absoluta, debe poner límites paradójicamente para poder garantizarla. Hacer cumplir las reglas del juego, por tanto, no es autoritarismo, ni censura, ni amenazas. La actitud beligerante y de choque es incompatible con la libertad cívica y no está amparada por el fuero constitucional.
Hace unos días se produjo una confrontación entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei; el consejero Uuc-kib Espadas, y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado federal y recién acreditado como consejero propietario del Poder Legislativo por el PRI ante el Consejo General de dicho instituto.
El desencuentro comenzó cuando Gutiérrez Mancilla se apartó reiteradamente del punto del orden del día para acusar a Morena de ser un “narco-partido”. Ante esto, Guadalupe Taddei le recordó que, como integrante del Consejo General, estaba obligado a ceñirse al asunto en discusión, conducirse con respeto y tolerancia hacia los demás integrantes, y leyó parte del reglamento para recordar las facultades de la presidencia para preservar el orden. Gutiérrez Mancilla interpretó esa intervención como una “amenaza velada” de utilizar la fuerza pública para retirarlo del recinto.
No solo llama la atención la actitud tan confrontativa del representante partidista, sino también la férrea defensa de esta actitud porril por parte de algunos personajes de la comentocracia y creadoras de contenido, calificando a la presidenta del INE de “censurar” y de ser “autoritaria”.
Y bueno, es que este no es un hecho aislado. El mismo diputado se ha dado a conocer por protagonizar otros incidentes violentos. El más reciente fue el altercado con el diputado de Morena Arturo Ávila en el Senado de la República, en el que el intercambio verbal escaló rápidamente en empujones, jaloneos y manotazos.
¿Cómo interpretar esta actitud pendenciera e intimidatoria, más próxima a las prácticas de los grupos de choque que a las formas institucionales de la deliberación política? ¿Cómo interpretar la defensa de este tipo de abusos por seudoperiodistas y activistas mediáticas que no dudan en golpear a las instituciones para defender actitudes abiertamente porriles?
Por un lado, sostenemos que no son más que actos antipolíticos que revelan cierta exasperación ante la impotencia de ciertos actores y grupos por la pérdida de sus antiguos espacios de influencia y la esperzanza de recuperarlos en el corto plazo. Hay un claro abandono de la política y de los caminos institucionales para disputar legítimamente el apoyo ciudadano en las urnas. Se busca el rompimiento, la fractura, el choque.
No solo son estos actos de clara agresión hacia sus adversarios -que ya pasaron a ser enemigos- sino además la construcción y defensa a ultranza de esta narrativa del “narco-partido”. Están apostando a repetir una y otra vez este relato, esperando lograr el llamado efecto de verdad por repetición o de verdad ilusoria (illusory truth effect). Lo más preocupante es la convergencia de esta narrativa con ciertos marcos discursivos que han acompañado históricamente la política exterior estadounidense hacia América Latina. La reiterada representación en el imaginario colectivo de un Estado estructuralmente penetrado por el crimen organizado, en el que desaparecen todas las fronteras entre criminalidad, gobierno e instituciones está siendo una estrategia exitosa para legitimar injerencia extranjera e imposición de agendas.
Los antecedentes latinoamericanos obligan a tomar en serio esta posibilidad y a examinar comparativamente los discursos y estrategias desplegados por Estados Unidos y otros actores internacionales en países como Honduras, Colombia y Perú ante los resultados de sus procesos electorales. Sigue siendo desesperante la poca atención y reconocimiento de este fenómeno en México, incluso por las autoridades electorales.
La cuestión se vuelve más preocupante cuando este marco interpretativo es promovido por actores políticos nacionales en el exterior. ¿En qué momento la legítima oposición a un gobierno deja de orientarse a disputar el poder mediante los cauces institucionales de la democracia y comienza a depositar en actores externos la expectativa de alterar una correlación de fuerzas que no ha conseguido modificar en las urnas?
Por otro lado, me parece de lo más urgente hacer notar la limitada y anacrónica concepción de la libertad de expresión que siempre han defendido los liberales y que hoy es usada ideológicamente por los libertarios y que trae muy envalentonada a la ultraderecha internacional y a quienes ostentan esta actitud porril en México.
Para esta visión de la libertad de expresión, prácticamente se puede decir lo que sea: insultos, mentiras, calumnias, discursos de odio; y cualquier intervención del Estado es interpretada como censura. No nos equivoquemos: esta es la concepción negativa de la libertad “natural” que ve a los individuos al margen de la sociedad, en el fondo se defiende esta libertad salvaje para defender toda la arbitrariedad de su estrategia de choche y manipulación de la verdad fáctica.
Lo peor es que están de nuevo recurriendo a la amenaza del “comunismo” para plantear que no hay ningún otro enfoque alternativo sobre la libertad de expresión. Por ello me parece bien importante traer a colación la concepción de la libertad republicana de un autor como Philip Pettit, quien en su clásica obra Republicanismo nos invita a ir más allá de las falsas dicotomías y recuperar su crítica a la libertad negativa en que se asume en automático que cualquier intervención del Estado merma la libertad de las personas.
Pettit por ello no hablará ni de la libertad negativa ni de la positiva. Tampoco de la libertad como no “no interferencia” del liberalismo clásico para hablar más bien de la libertad como no dominación. Esto implica que las personas no estemos dominadas arbitrariamente por otras personas y poderes bajo el amparo de una falsa concepción sobre la libertad. Mucho se ha justificado las arbitrariedades del mercado en esa necesidad de la “mano invisible”. Pero desde la libertad como no dominación, no toda interferencia implica necesariamente una pérdida de libertad: una interferencia regulada, no arbitraria y sometida a reglas comunes puede ser precisamente la condición para impedir la dominación de unos sobre otros.
Que existan reglas en el seno del Consejo General del INE no es un capricho y aplicarlas no es un acto ni de censura ni de autoritarismo, sino una forma de hacer valer la libertad cívica del espacio público. La libertad de expresión no puede significar que uno de los participantes pueda desconocer las reglas comunes, imponerse sobre los demás o convertir un espacio institucional de deliberación en uno de intimidación y confrontación en nombre de la libertad de expresión.
Por eso es importante recuperar la noción de libertad cívica: una libertad que solo puede existir cuando se impide la dominación de unos sobre todos en la esfera pública.
Me parece que, en esta época donde los acuerdos colectivos sobre la verdad se ven socavados con tanta impunidad por mercenarios, se requiere más que nunca revisar esas falsas dicotomías y desempolvar los marcos que desde la filosofía política nos ayudan a identificar la arbitrariedad disfrazada de derechos: el porrismo disfrazado de libertad.