“La ciudadanía es un estatus otorgado a quienes son miembros plenos de una comunidad”.
T. H. Marshall
Claudia Sheinbaum ha descubierto una nueva “amenaza” para la soberanía nacional. No son los cárteles que controlan territorios. No es el dinero del crimen organizado infiltrado en campañas, empezando por las adelantadas de sus correligionarios. No son los gobernadores morenistas señalados por sus relaciones con delincuentes. Son los mexicanos con dos —o más— pasaportes.
La presidenta envió al Congreso una iniciativa para que quien aspire a la presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tenga que renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro. Según ella, quien posee dos ciudadanías también tiene “dos intereses” y no puede saberse si el suyo será México.
¿Pero no establece ya algo semejante nuestra Constitución? No exactamente. El artículo 32 permite reservar ciertos cargos a mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad. Sin embargo, la Ley de Nacionalidad precisa que esa condición debe señalarse expresamente para cada cargo, y el artículo 82 únicamente exige al aspirante presidencial ser mexicano por nacimiento: no le prohíbe poseer otra ciudadanía. Sheinbaum quiere insertar ahora esa exclusión en los artículos 82, 116 y 122. No está llenando un vacío involuntario; está restringiendo deliberadamente el régimen de doble nacionalidad que México decidió reconocer desde 1997. En otras palabras, ¡contradice el espíritu de apertura hacia la doble nacionalidad adoptado por México desde hace treinta años (incluidos nueve de Regeneración Nacional)! ¿Así o más absurdo?
La frase es tan sencilla como tramposa: “eres mexicano y punto”.
¿Punto? Durante décadas, el Estado mexicano promovió la doble nacionalidad entre nuestros migrantes y sus descendientes. Les dijo que podían integrarse plenamente al país donde viven sin dejar de pertenecer a México. Los llamó héroes, paisanos, orgullo nacional. Celebró sus remesas, sus inversiones, su cultura y sus votos desde el extranjero. Morena se ha llenado la boca afirmando que Estados Unidos no sería lo que es sin los trabajadores mexicanos.
Pero, por lo visto, México sí puede ser lo que es gracias a ellos, siempre y cuando no se les ocurra gobernarlo.
La dedicatoria de la reforma tiene nombre y apellido: Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sheinbaum ligó públicamente la iniciativa con el exgobernador de Tamaulipas, ciudadano mexicano y estadounidense, cuya extradición reclama México. Incluso se burló de sus aspiraciones para 2030: “está muy difícil ser candidato y lanzar tu candidatura desde otro país”.
Ahora resulta que quizá la dedicatoria admite más de un destinatario. Ricardo Salinas Pliego acaba de revelar en X que también posee doble nacionalidad y sugirió que el verdadero propósito de la reforma es impedir que pueda competir por la presidencia en 2030. “Adivinen quién tiene doble nacionalidad”, escribió, antes de acusar a Morena de perjudicar a millones de mexicanos para cerrarle el paso a alguien a quien le tienen “miedo y odio”. No precisó cuál es su segunda ciudadanía; tampoco hacía falta para convertir la iniciativa en algo todavía más sospechoso: una reforma constitucional capaz de eliminar, de una sola vez, a por lo menos dos adversarios potenciales.
Tal vez. Pero si Cabeza de Vaca tiene cuentas pendientes con la justicia, que las autoridades integren correctamente las carpetas, acrediten los delitos y consigan su extradición. Y si el problema de Salinas Pliego son sus litigios fiscales, que el Estado los resuelva conforme a derecho. Las constituciones no deberían reformarse para resolver la insuficiencia de una fiscalía ni para cerrarle el paso a un adversario particular.
Eso tiene un nombre nada patriótico: legislación ad hominem. Primero se escoge al enemigo; después se redacta la norma.
Andreas Schedler ha explicado el “menú de la manipulación” electoral: el poder no siempre necesita alterar los votos; a veces le basta con decidir de antemano quién puede competir. Excluir candidaturas es una forma mucho más sencilla de ganar elecciones. No deja urnas embarazadas ni actas tachadas. Solo adversarios constitucionalmente esterilizados.
¿Es una cortina de humo? En parte. Pero es algo más útil que una simple distracción: es humo con dedicatoria, proyectil y propaganda incorporados. Permite exhibir a Cabeza de Vaca, neutralizar anticipadamente a Salinas Pliego, agitar otra vez la bandera de la “no injerencia” y entregar a Morena una nueva herramienta para depurar la boleta.
La lógica presidencial es además peligrosa. Si tener dos nacionalidades significa tener dos lealtades y representar dos intereses, ¿por qué permitir entonces que los binacionales voten para elegir al presidente? ¿Su sufragio vale la mitad? ¿Deberían depositar dos boletas y anularse mutuamente? ¿O Morena acepta que sean ciudadanos completos cuando envían dinero y votos, pero ciudadanos sospechosos cuando quieren ser votados? Ese es el corazón de la reforma: crea mexicanos de primera y mexicanos bajo reserva.
Los morenistas, claudistas y simpatizantes responden que el asunto es sencillísimo: quien aspire a uno de esos cargos, “que renuncie a la otra nacionalidad”. Como si desprenderse de una parte de la propia identidad, de la historia familiar o de derechos legítimamente adquiridos fuera un trámite equivalente a cancelar una tarjeta de crédito. La respuesta no solo es restrictiva y discriminatoria; contiene esa dosis tan reconocible de resentimiento que convierte lo que otro posee en un privilegio sospechoso que debe perder para merecer igualdad.
Ahí aparece nuevamente la especialidad de la casa guinda: dividir. Primero fueron el pueblo bueno y los conservadores; después, los patriotas y los traidores, los humanistas y los aspiracionistas, los nacionales y los vendepatrias. Ahora tendremos mexicanos completos y mexicanos obligados a amputarse jurídicamente para demostrar que quieren suficientemente al país. Morena no sabe construir comunidad sin inventar antes a quién excluir de ella. Su idea de igualdad consiste en quitarle algo al otro y llamar justicia al despojo.
Lo digo desde una cercanía que no necesito detallar. Hay quienes llevamos nuestra pertenencia a más de un país no como una colección de pasaportes, sino como una suma de historias, familias, responsabilidades y obligaciones. Cumplimos leyes, residencias y deberes fiscales donde corresponden; construimos patrimonio, trabajamos y participamos en distintas sociedades. ¿Con qué fundamento se presume que eso disminuye nuestro compromiso con México?
Si van a recortar derechos debido a una segunda ciudadanía, podrían comenzar por recortar proporcionalmente las obligaciones. Media ciudadanía, medio impuesto. Dos nacionalidades no significan dos mitades morales ni una lealtad defectuosa.
En las democracias serias el panorama es variado, pero la dirección general ha sido ampliar la ciudadanía, no degradarla. Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y Nueva Zelanda permiten que binacionales ocupen escaños y responsabilidades de gobierno. John Turner fue primer ministro canadiense teniendo también nacionalidad británica. Estados Unidos exige que su presidente sea ciudadano por nacimiento, pero su Constitución no establece una prohibición expresa contra la doble nacionalidad. Australia sí la prohíbe para integrar el Parlamento y ha provocado verdaderos absurdos: legisladores destituidos por ciudadanías heredadas que algunos ni siquiera sabían poseer. México parece haber escogido el ejemplo más restrictivo, aunque sin confesarlo.
T. H. Marshall entendía la ciudadanía como pertenencia plena e igualdad de derechos y deberes. Morena prefiere una versión administrada desde Palacio Nacional: todos somos mexicanos, pero algunos somos más mexicanos que otros. La nacionalidad deja de ser un derecho y se convierte en certificado político de pureza.
Y hay algo más: la lealtad no se mide contando pasaportes. Se mide siguiendo el dinero, revisando patrimonios, investigando campañas, transparentando contratos y verificando vínculos con organizaciones criminales. ¿Verdad, Mara?
Un narcogobernador con un solo pasaporte sigue siendo narcogobernador. Un funcionario que entrega el territorio al crimen no se vuelve patriota por carecer de otra ciudadanía.
Si Sheinbaum y Morena quieren blindar la presidencia y las gubernaturas, que impidan la postulación de personas ligadas al narcotráfico, que fortalezcan los controles patrimoniales y que dejen de proteger a los suyos cuando aparecen evidencias y testimonios. Podrían comenzar en casa. Ahí encontrarán riesgos bastante más serios para la nación que cualquier pasaporte extranjero.
Giros de la Perinola
Antes de convertir la segunda nacionalidad en prueba de deslealtad, Claudia Sheinbaum podría ordenar una revisión dentro de su propio movimiento. Entre los gobernadores de Morena, sus senadores y los altos funcionarios de la 4T quizá descubra que la “doble lealtad” también viste de guinda.
Aunque el primer nombre que obliga a releer la reforma está fuera de Morena. Ricardo Salinas Pliego —empresario enfrentado con el gobierno, propietario de una televisora y aspirante cada vez menos encubierto a la presidencia— acaba de declararse binacional. Si Cabeza de Vaca parecía explicar el origen inmediato de la iniciativa, Salinas Pliego ayuda a entender su alcance hacia 2030. Ya no se trataría únicamente de castigar a un exgobernador prófugo, sino de reducir desde ahora el universo de posibles competidores. Morena todavía no conoce a todos sus adversarios futuros, pero ya quiere fabricar el filtro para eliminarlos.
Un caso no necesita investigación: Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, ciudadano mexicano y estadounidense por nacimiento y hoy senador de Morena. Su doble nacionalidad no impidió que el partido lo colocara en su lista plurinominal ni que López Obrador quisiera convertirlo en embajador. Para representar a Morena en el Senado resulta suficientemente mexicano; si aspirara a la presidencia, súbitamente tendría que demostrar su patriotismo renunciando a una parte de su identidad…
Tampoco hace falta buscar demasiado para encontrar a Paco Ignacio Taibo II, español de nacimiento, mexicano por naturalización y poseedor de ambas nacionalidades. En 2018 no reunía el requisito legal para dirigir el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué hizo Morena? Reformó la ley. La llamada “Ley Taibo” eliminó el obstáculo para que pudiera ocupar el cargo sin renunciar a su nacionalidad española.
La congruencia es de antología: para Taibo, una ley hecha a la medida; para Cabeza de Vaca, una Constitución hecha en su contra. Y para Salinas Pliego, una barrera construida con cuatro años de anticipación. Al amigo se le cambia la norma para dejarlo entrar; al adversario, para impedirle llegar. Dos nacionalidades son riqueza cultural cuando las porta uno de los suyos y prueba de lealtad dudosa cuando pertenecen a un opositor.
Y antes de legislar sobre una supuesta división de lealtades, convendría revisar también cuántos gobernadores, aspirantes, legisladores y funcionarios guindas cuentan con otra nacionalidad, tienen derecho a ella o han realizado trámites de renuncia que México reconoce, aunque el otro país no necesariamente los considere suficientes. No para excluirlos, sino para exhibir el absurdo del criterio que ahora pretende imponer Sheinbaum. La lealtad pública debe probarse con actos; no presumirse ni negarse por el número de pasaportes.
La 4T no tiene un problema con las dobles nacionalidades. Tiene un problema con las nacionalidades de quienes no controla. En la casa guinda caben dos pasaportes, dos criterios y todas las contradicciones. Lo único que no cabe es un adversario.