Un derecho vale lo que vale su guardián. Puede estar escrito en la Constitución, desarrollado en una ley y detallado en un reglamento, y aun así quedar en letra muerta si quien debe hacerlo cumplir carece de fuerza o de independencia. Los derechos de las audiencias, hoy en el centro de la polémica por los lineamientos en consulta, tienen una historia más larga y más accidentada que la coyuntura.
Nacieron en 2013, cuando la reforma en telecomunicaciones los incorporó al texto constitucional. Un año después, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 les dio cuerpo, con un catálogo de derechos, la obligación de que cada concesionaria contara con una defensoría y un código de ética, y la encomienda al entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones de emitir los lineamientos que ordenaran esa defensa. En 2016 el Instituto los expidió.
El modelo duró poco. La reforma de 2017 sustituyó la protección desde un sistema institucional e independiente por el de autorregulación. A partir de entonces, las concesionarias emitieron de manera unilateral sus propios códigos de ética y controlaron el nombramiento de las personas defensoras. La reforma despojó al Instituto de sus facultades de supervisión, vigilancia y sanción, y ordenó abrogar los lineamientos de 2016. El guardián de las audiencias pasó a ser designado por el mismo medio al que debía vigilar. Desde antes de la 4T, el debate sobre derechos de las audiencias contra libertad de expresión ha sido uno de los más intensos y justamente por eso es que se determinó que cada medio fuese el responsable de regularse, para evitar el breve espacio de señalar a un gobierno por censura, aunque en aquel momento, la rendija estaría a cargo de un organismo autónomo.
La Suprema Corte intervino. En 2022 invalidó esa reforma al considerar que representaba un retroceso en la materia. El fallo dejó un parámetro que sigue vigente, esto es, que un derecho consagrado no puede vaciarse por la vía de entregar su cumplimiento a la voluntad del obligado.
Sobre ese fondo llegó un cambio de mayor calado. La reforma constitucional de simplificación orgánica de diciembre de 2024 ordenó extinguir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucional autónomo que podía tomar decisiones sin consultar a ningún jerárquico superior. Aun condenado a desaparecer, en febrero de 2025 el Instituto alcanzó a expedir nuevos lineamientos para garantizar esos derechos. Meses después dejó de existir. En julio de 2025, una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión abrogó la de 2014 y creó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que entró en funciones en octubre. El Instituto era autónomo. La Comisión es un órgano desconcentrado que depende del Ejecutivo.
De esa Comisión salió el anteproyecto de lineamientos que hoy está en consulta pública. En un punto parece revertir el modelo de 2017. Reintroduce sanciones. Vuelve obligatorias las recomendaciones de la defensoría y prevé multas para el concesionario que persista en la violación de derechos, de entre el 0.01% y el 1% de sus ingresos acumulables. La protección recupera dientes que la autorregulación le había quitado. Las cosas han cambiado bastante y por momentos, pareciera que estos lineamientos esconden un destinatario que se apellida Salinas Pliego, que ha utilizado la televisión pública para presentar noticias editorializadas, confundiendo veredictos con hechos e interpretaciones con acontecimientos no sucedidos.
Ahí está la paradoja que conviene mirar despacio. La reforma de 2017 fue criticada, y luego invalidada por la Corte con el argumento de que dejó a las audiencias sin un guardián con fuerza. El anteproyecto de 2026 le devuelve esa fuerza. Lo hace, sin embargo, a través de un guardián que ya no es independiente del gobierno. La supervisión regresa. La autonomía, no.
Nadie duda del derecho a la verdad, a la información pública, a la inclusión de personas con discapacidad y adaptación de contenidos para niñas, niños y adolescentes pero muchos has desconfiado de quien puede garantizar el respeto a ese derecho. No es serio sugerir que es un plan macabro del gobierno en turno para la censura, porque justamente desde hace hace más de 10 años hemos tenido este debate.
Queda entonces la pregunta que antecede a cualquier discusión sobre la verdad o la mentira en los medios. Un derecho de las audiencias protege tanto como su guardián lo permita. ¿Qué protege un guardián con fuerza recuperada y autonomía perdida, y a quién responde cuando el contenido en disputa incomoda a quien lo nombró?