El origen de la propiedad privada será el robo o el crimen, tal como lo diagnosticaron, cada uno a su manera, el francés Pierre-Joseph Proudhon y el ginebrino Jean-Jacques Rousseau.
Ahora mismo, más allá de esos debates, sin respeto a la propiedad privada las sociedades no pueden avanzar. Deben protegerla todos los gobiernos, no solo los abiertamente capitalistas que permiten todos los excesos —hasta formas sofisticadas de despojo basadas en las reglas del mercado, que consideran divino—, sino también los gobiernos de izquierda cuya misión es establecer límites claros a los afanes capitalistas.
El capitalismo, con sus virtudes (es eficiente) y con sus defectos (es injusto), nos guste o no es la realidad en la que vivimos y la que prevalecerá en el horizonte previsible de la historia. No creo que nadie, con seriedad, se atreva a pronosticar su fin en los próximos decenios y aun siglos.
El desarrollo tecnológico tendría que haber servido para reducir las desigualdades capitalistas, pero en realidad las ha incrementado.
El hecho es que tenemos la obligación de regirnos por las normas del mercado, desde luego moderadas, reguladas y arbitradas por el Estado.
La propiedad privada sigue siendo el factor más eficiente para articular la convivencia social. Y para que esa convivencia sea viable, la certeza jurídica sobre el derecho a la propiedad privada es condición indispensable.
El despojo de inmuebles no es una falta menor: es un delito gravísimo. En México, este fenómeno ha alcanzado proporciones alarmantes. Lo vemos en bandas organizadas que operan en los destinos turísticos de mayor plusvalía —como en las playas de Baja California Sur, muy valiosas gracias a la inversión privada—. Lo estamos viendo también en la Ciudad de México.
El despojo no siempre requiere de la delincuencia organizada, esto es, de bandas tradicionales, por llamarlas de alguna manera; a menudo el despojo es doméstico. Ocurre en las familias, con los pleitos por herencias, con los divorcios en los que el hombre abusa de que fue el proveedor económico mientras la mujer se dedicó al trabajo del hogar. Los varones, lo vemos en demasiados casos, no solo se apropian de los bienes generados durante el matrimonio, sino que arrebatan de mala fe el patrimonio que ellas ya poseían antes de casarse.
Frente a todos los despojos de inmuebles, la protección estatal y el imperio de la ley deben actuar con la mayor contundencia.
El gran trabajo de la FGJCDMX
Leo en Milenio que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde, ejecutó la detención de dos mujeres, Virginia “N” y su hija Diana “N”, por el delito de despojo en la colonia Del Valle.
La nota, excelente —la firman Carlos Vega, Amílcar Salazar Méndez y Rafael Mejía Fernández de Lara—, destaca el modus operandi y los antecedentes del caso: Virginia “N” ya había sido identificada en despojos previos, utilizando actas de sucesión irregulares tras el fallecimiento de los propietarios originales.
La Red Vecinal Benito Juárez ha documentado diversos casos similares: inmuebles intestados, ingreso de grupos vulnerables o uso de simulación legal mediante actas falsas. Actualmente existen al menos 30 investigaciones abiertas en la colonia Del Valle.
Jorge Emilio Iruegas, coordinador de Investigación Estratégica, explicó que la fiscalía capitalina tiene identificadas tres vías de despojo: violencia, simulación de actos judiciales y monitoreo de inmuebles desocupados o de personas vulnerables.
La fiscalía busca perseguir no solo a los autores materiales, sino también a notarios, empresas y servidores públicos involucrados. Debe caer todo el peso de la ley sobre tales personas si se demuestra su participación en el delito.
Las autoridades —específicamente la fiscal Bertha Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto— han entablado mesas de diálogo con decenas de afectados de distintas alcaldías para revisar caso por caso.
Respeto a las instituciones, no es mucho pedir
Es excelente la información de Milenio, pero desgraciadamente no evita el amarillismo. Sin tener mayor relevancia, pone en el centro de la nota que una de las implicadas era una empleada menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Digo que no es un dato relevante porque, de plano, el puesto de la imputada es menor. ¿Tiene sentido involucrar a una institución fundamental para la vida comunitaria en la capital, sin cuya participación, por cierto, no estarían detenidas las mujeres acusadas de despojo, ya que el arresto tuvo que autorizarlo un juez o una jueza?
Lo mejor de todo
En fin, merece destacarse la eficacia de las investigaciones en un asunto que, si se dejaba crecer, comprometería la buena marcha de la economía mexicana, basada, como todas las economías del mundo, en empresas privadas que solo operan si se les garantiza respeto pleno a sus propiedades.
Lo que hicieron la fiscal Bertha Alcalde y el coordinador de Investigaciones Estratégicas, Jorge Emilio Iruegas, va más allá de haber detenido a dos mujeres acusadas de despojo. Es la prueba de que la autoridad garantiza certidumbre jurídica sobre la propiedad, lo que significa que el patrimonio de la gente propietaria está protegido. Desde luego, en la Fiscalía de la Ciudad de México tendrán que ir mucho más allá, ya que debe haber muchas personas de mala conducta involucradas. El resto del país debe tomar nota. El robo de inmuebles, en ciudades y playas, por la vía que se ejecute, paraliza el desarrollo económico, y ese es un lujo que México no puede ni debe permitirse.