“Las instituciones deben estar organizadas de tal manera que incluso gobernantes malos no puedan causar demasiado daño”.
Karl Popper
Puede que Claudia Sheinbaum tenga razón. Puede que hoy no exista la intención de censurar. Estoy dispuesta, incluso, a conceder ese punto.
El problema comienza exactamente después.
Miren ustedes: las democracias no se diseñan para gobernantes buenos. Se piensan para limitar a los malos. Y las leyes sobreviven a quienes las promulgan.
La presidenta anunció que habrá que revisar si la prensa escrita y las plataformas digitales también deben incorporarse a la regulación del derecho de las audiencias. La explicación oficial es proteger a la sociedad. Suena noble. Casi todas las restricciones a las libertades empiezan sonando nobles.
Lo curioso es que no existe consenso científico que demuestre, de manera concluyente, que restringir redes sociales mejore la salud mental de los jóvenes, reduzca la violencia o fortalezca la convivencia. Hay estudios para ambos lados. La discusión sigue abierta. La ciencia aún debate lo que el gobierno ya parece haber decidido.
Regular no es el problema. Una democracia puede y debe hacerlo cuando existe evidencia. Pero quien pretende restringir libertades tiene la obligación de demostrar tres cosas: que existe un cierto daño, que la medida será eficaz y que no existe una alternativa menos restrictiva.
Hasta ahora, esa demostración brilla por su ausencia.
En cambio, sí aparecen nuevas facultades para el Estado.
Y ahí empieza el verdadero debate.
Porque no basta decir: “confíen en nosotros”. Las democracias no funcionan sobre la confianza en los gobernantes; funcionan sobre límites al poder. No porque desconozcan la buena fe de quien gobierna, sino porque saben que los gobiernos cambian y las facultades permanecen.
Tampoco corresponde al ciudadano demostrar que será censurado. Es el Estado quien debe justificar por qué necesita herramientas para restringir libertades.
Y existe otro riesgo: la autocensura.
No hace falta cerrar un medio. Basta con que periodistas, concesionarios y plataformas no sepan con claridad qué puede ser sancionado para que empiecen a moderar sus propias palabras. La incertidumbre también silencia. Eso es, precisamente, lo que organizaciones como Artículo 19 han advertido.
Yo no sé si este gobierno pretende censurar. Tampoco puedo afirmar que esa sea su intención.
Lo que sí sé es que las instituciones no se construyen para las intenciones de hoy, sino para los abusos de mañana.
Quizá la presidenta tenga razón. Quizá hoy nadie quiera censurar.
Ojalá.
Pero la historia demuestra que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Se erosionan poco a poco, regulación tras regulación, siempre en nombre de una buena causa.
Hasta que un día descubrimos que ya no hacía falta censurar.
Porque aprendimos a callarnos solos.