Ha surgido estos días en la opinión pública el debate en torno a lo que serán los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, mismos que deberán ser emitidos, una vez que hayan concluido las audiencias públicas, por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones, órgano con independencia técnica, pero dependiente del Ejecutivo Federal.
Se recordará que fue en el marco de una de las tantas reformas constitucionales que han tenido lugar en los últimos años cuando desapareció el IFT, organismo autónomo del Estado mexicano, y que por tanto, era, por lo menos sobre el plano jurídico, independiente del presidente de la República.
Ahora bien, el debate no se centra sobre si los mexicanos tienen el derecho de estar bien informados. Desde luego que sí. No solamente el acceso a la información veraz es un rasgo esencial en una democracia liberal, sino que así ha sido reconocido por el derecho internacional y por la propia Suprema Corte de Justicia.
El problema yace, empero, en el organismo o dependencia que sería responsable de “verificar” o de “calificar” si una nota periodística es noticia o una simple opinión, o si ésta, sí efectivamente es una opinión, es falsa o verdadera. Por lo tanto, el hecho de que sea un organismo dependiente del Ejecutivo Federal el juzgador sí que merece ser cuestionado, y en su caso, combatido.
¿Cómo puede el Gobierno Federal (y no un organismo autónomo del Estado) erigirse en juez de la verdad y decidir si algo es falso o verdadero? ¿Cómo podría esperarse que un comentarista, columnista o miembro de un canal de televisión que emite una opinión contraria a los intereses del gobierno pudiera dar un comentario cierto si éste contradice la narrativa presidencial? ¿Cómo podría existir credibilidad si una editorial en contra de los intereses del gobierno es juzgada como falsa, al tiempo que una que nutre la propaganda oficialista es catalogada como verdadera?
No se olvida que fue el propio AMLO, quien, con su espacio dedicado a “desmentir las mentiras” inauguró un periodo de la historia de México donde la opinión de cada periodista o intelectual quedaba sujeta al escrutinio del régimen. En adición, hace apenas unos días, Ariadna Montiel, en entrevista con Denisse Maerker, aseguró que ellos (parafraseando) siempre dicen la verdad, pues es parte del ideario del partido. Es decir, en un ejercicio de manipulación de los dichos, sólo la presidenta Sheinbaum, los morenistas y sus voceros manifiestan la verdad.
De concretarse, habría que esperar a ver los efectos de la implementación de los lineamientos, y cómo cada medio de comunicación interpretará el nuevo código ético llegado desde el gobierno. Sin embargo, a la luz del retroceso democratico que vive México, puede especularse que no estará orientado hacia fortalecer lo que son genuinamente los derechos de las audiencias, sino, por el contrario, a restar legitimidad a cualquier corriente de pensamiento que contradiga el discurso oficial.