Prácticamente, está por iniciar el último tercio del año 2026 y durante este tiempo se preparan o suelen anticiparse los escenarios de políticas públicas en todos o casi todos los ámbitos de la vida nacional para el año que se aproxima.
En particular, el campo de los problemas educativos o del sistema formal de educación del país no es la excepción. En este caso, podríamos señalar, al menos, tres escenarios específicos que involucran importantes decisiones en materia de políticas públicas educativas por parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el año 2027.
Un primer escenario es el que se relaciona con la decisión gubernamental acerca de qué ordenamiento legal o qué nueva unidad administrativa, o ambas, será definido o definida por parte del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en el rubro de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente de la escuela pública. La pregunta concreta que encierra esta cuestión es: ¿qué institución se creará en lugar de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)?
Cabe mencionar que dicha unidad es la dependencia de la SEP que administra las convocatorias para la admisión, promociones (horizontales y verticales) y reconocimientos para profesoras y profesores de la educación básica y media superior en el país. Además, es una unidad centralizada y creada en la coyuntura de la reforma educativa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, y que sustituyó a la tristemente célebre coordinación nacional o general del Servicio Profesional Docente (SPD), implantada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, hay que agregar que, en términos de las demandas sociales y laborales del magisterio en México, ninguna de las dos dependencias administrativas antes mencionadas fue satisfactoria, útil o benéfica a favor de los intereses del gremio. Por el contrario, éstas se convirtieron, a la postre, en entidades burocráticas, poco transparentes y contrarias al trato digno y respetuoso que merecen las y los trabajadores de la educación en un sistema de carrera o desarrollo profesional. Por todo lo anterior, es claro que la demanda social y sindical para desaparecer a la USICAMM es un hecho reconocido y avalado por el gobierno federal en turno.
Para ello y durante el mes pasado (a finales de agosto de 2026), la SEP hizo circular un cuestionario dirigido a personal docente y directivo, mediante plataformas informáticas, para que éstos se manifestaran en relación con el nuevo organismo. Lamentablemente, el contenido de dicho cuestionario estaba tan mal elaborado que recibió fuertes críticas, de maestras y maestros, debido a su carácter tendencioso y sesgado, en el sentido de orientar las preguntas y las respuestas para legitimar una eventual y reciclada opción burocrática. Eso, claro está, no representaría ninguna solución.
Un segundo escenario es el que se vincula con la conceptualización, edición, impresión y distribución de tres libros de texto gratuitos para la educación primaria, que fueron anunciados por la titular del Ejecutivo federal durante su 2º. Informe de gobierno (1 de septiembre, 2026). Serían tres libros -según lo informado- para estudiantes de educación primaria (no se sabe si también para docentes): uno de pensamiento matemático, otro sobre lecto-escritura y uno más de historia.
Lo interesante de esta segunda decisión de política pública, para 2027, no es sólo el hecho de que con estos libros se atenderá al rezago de aprendizajes que se ha identificado en la educación primaria y secundaria públicas (independientemente de los resultados de la Prueba PISA en su versión 2025), sino por el hecho de que esta decisión impactaría de manera importante, complementaria o sustitutiva, al planteamiento curricular para la educación básica lanzado por la misma SEP, en 2022, durante la segunda mitad del sexenio de López Obrador.
Recordemos que en el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria (SEP, 2022) el modelo curricular es, en parte, de corte “integracionista” e interdisciplionario o multidisciploinario, es decir, que busca la integración de las disciplinas científicas o tecnológicas en campos formativos (ojalá que no sean “deformativos”).
Si la decisión tomada, este año, en Palacio Nacional acerca de editar esta nueva generación de libros de texto gratuitos va en firme, entonces hay que reconocer que dicha determinación trastocará el esquema “integracionista” implantado en el papel durante el año 2022-2023 (y ejecutado en las aulas a partir del ciclo escolar 2023-2024), puesto que se regresaría al esquema de enseñanza por materias o asignaturas que, en términos generales, se conoce como el esquema de “fragmentación” del conocimiento.
Un problema que he señalado, en este mismo espacio, al respecto del debate de los modelos o esquemas curriculares, de ayer y hoy, es que en nombre de la “integración” de contenidos educativos se perdió, o se puede perder, especificidad y precisión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cosa que afectaría directamente a las y los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), con la ejecución del plan 2022.
La apuesta por el esquema de materias o asignaturas, en vez de abordar los contenidos educativos de manera superficial, en la enseñanza básica o media superior, es la oportunidad que tendrían las y los docentes de precisar y de especificar los contenidos educativos y los procesos de aprendizaje infantiles y juveniles, sobre todo en lectura y pensamiento matemático. Con lo antes dicho, consideraría prudente que se pensara -en un futuro- en un modelo curricular “híbrido” o alternativo, es decir, uno que combinara la racionalidad “integracionista” con la racionalidad “fragmentaria”, todo ello con la intención educativa y pedagógica de abordar los contenidos escolares no sólo superficialmente, sino a profundidad y de manera significativa.
Un tercer escenario es el que tiene que ver con la definición de los cambios legislativos en materia educativa. Es difícil que esto suceda a nivel constitucional (artículo 3º.), pero al menos ello puede suceder a nivel de leyes secundarias. Este escenario se conecta, obviamente, con las elecciones constitucionales intermedias que tendrán lugar a la mitad o al medio camino del siguiente año 2027.
Cuando se conozcan los resultados oficiales de la mayoría (calificada) legislativa de la Cámara de Diputados federal para el periodo 2027-2030 se observarán estos efectos políticos y legislativos; esto es, cuando se tenga certeza sobre la nueva relación de fuerzas políticas en el seno del poder legislativo, se podrán advertir las nuevas iniciativas y los eventuales cambios a la legislación secundaria en materia de educación.
En conclusión, si el rumbo que tomarán las políticas públicas educativas durante la segunda mitad del gobierno de Sheinbaum Pardo será de continuidad, entonces no habrá cambios profundos ni sustantivos; pero si la orientación de las políticas será de contrastación o de ruptura con las acciones y la retórica del sexenio anterior, entonces habrá cambios de fondo, pero todo eso dependerá de lo que suceda en las urnas.