Con una hábil manipulación de la prensa, pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal, la víctima.
Malcolm X, activista estadounidense
El pasado 14 de septiembre circuló el rumor de que la FGR habría obtenido una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés López Beltrán y beneficiario de contratos millonarios durante los gobiernos de Morena.
La versión, publicada inicialmente por La Silla Rota, señalaba que un juez habría concedido una orden por delincuencia organizada. Orden que se vinculó con una denuncia del SAT contra la empresa Portacelis Gas and Oil por presunto contrabando y fraude fiscal de 834 millones de pesos.
Y entonces apareció Simón Levy, el experto rumorólogo de la política mexicana, que lanza acusaciones, anuncia órdenes de aprehensión, alertas internacionales o investigaciones sin documentar sus dichos. Levy suele presentar como certezas versiones o especulaciones que convierte en “información” y difunde como hechos consumados. En esta ocasión, sin presentar pruebas afirmó que la orden de captura y alerta internacional se habían emitido “por instrucciones” de Estados Unidos.
Pero dos días después, el 16 de septiembre, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que “no hay nada”, no existe orden de aprehensión contra Olán ni investigación contra López Beltrán.
Lo que sí existe
Mientras Godoy niega órdenes de aprehensión, existe una investigación formal sobre las operaciones de una empresa vinculada con Olán.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que el SAT pidió a la FGR investigar a Portacelis Gas and Oil por un presunto perjuicio fiscal de 834 millones de pesos. Según información derivada de expedientes fiscales, la empresa habría declarado ante las aduanas mexicanas volúmenes de diésel muy inferiores a los que realmente ingresaron al país. De acuerdo con la organización, entre febrero y junio de 2025 se habrían introducido cerca de 90 millones de litros y solamente se declararon 6.6 millones.
Portacelis tuvo como administrador a Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como contador de confianza de Olán, y su primer proveedor de combustible fue Ikon Midstream LLC, empresa de Houston que ha sido relacionada con investigaciones estadounidenses sobre contrabando de hidrocarburos.
No son rumores, existen expedientes fiscales, investigaciones periodísticas y una solicitud formal del SAT ante la FGR. También existen señalamientos sobre negocios de Olán en medicamentos, construcción y suministro de balasto para el Tren Maya y el Interoceánico.
En grabaciones difundidas, Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los López Beltrán, exhiben cómo presuntamente sobornaban a laboratorios encargados de certificar la calidad del balasto. En tono de burla reconocen que el material es defectuoso y dicen: “ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.
Filtraciones de agosto de 2026 vinculan a Amílcar y a su hermano, Luis Alberto, con una célula del CJNG operada en Veracruz por Iván Cazarín Molina, “El Tanque”. En los audios se escucha a Olán ofrecer “una llamada” a los líderes del cártel para frenar la extorsión en contra de uno de sus proveedores de piedra para las megaobras.
En septiembre de 2026 se difundió otro audio en el que Olán confiesa haber entregado dinero para la campaña de 2021 de Marina del Pilar Ávila. En la llamada, Olán detalla que coincidió con ella y afirma: “a la sinvergüenza de Marina... también le di dinero para su campaña”.
Audios previos revelaron que su empresa, Romedic, recibió más de 490 millones de pesos del erario en contratos de salud de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco. Operaciones presuntamente coordinadas por su amistad con Andrés López Beltrán.
En el caso de este ultimo, no es un secreto que existan señalamientos e investigaciones que ofrecen pruebas de acciones fuera de la ley e incluso Estados Unidos le retiró la visa.
Aunque la fiscal Ernestina Godoy y la presidenta Sheinbaum han hecho caso omiso y han expresado públicamente que no harían investigaciones por “oficio”.
El pasado 2 de septiembre, Claudia Sheinbaum confirmó que Hacienda y la Secretaría Anticorrupción tenían información sobre Jorge Amílcar y señaló que la investigación relacionada con el contrabando de combustible correspondía a la FGR.
La protectora
Pero, si el gobierno reconoce que existen investigaciones, si el SAT entregó información a la Fiscalía y si hay un presunto perjuicio fiscal de cientos de millones de pesos, ¿por qué la fiscal sale a decir que “no hay nada”?
En agosto, Sheinbaum marco línea. Después de conocerse la cancelación de la visa de Andrés hijo, dijo que su gobierno no abriría una investigación porque Estados Unidos tomó una decisión migratoria, pero una cosa es no investigar por esa razón y otra muy distinta es ignorar expedientes fiscales e investigaciones que sí existen.
Cuando se trata de personajes opositores de la 4T la Fiscalía parece encontrar motivos suficientes para actuar. Pero si se trata de Rocha Moya, Adán Augusto López, de encontrar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda o sobre los hijos del expresidente y sus amigos, la respuesta inmediata es: no hay nada, no se investigará de oficio y que presenten pruebas.
Entonces, ¿quién protege a México? Porque la fiscal Ernestina Godoy, parece no ocuparse de eso.
X: @diaz_manuel