“Das sind die teuersten Tankstellen Deutschlands”. Esa es una nota del semanario Die Zeit, de Alemania, la publicación de calidad periodística de mayor alcance en Alemania, con 1.3 millones de lectores.
Traducida la nota por Google: “Estas son las gasolineras más caras de Alemania”. Cuando la leí pensé si Iván Escalante ya sería editor de Die Zeit. Porque eso —informar sobre las gasolineras que abusan con los precios— es lo que hace el procurador del consumidor de México cada semana en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al final del reportaje de Die Zeit aparece un subtítulo también plagiado al procurador Escalante: “Estas son las gasolineras con los precios más bajos de Alemania”.
No es lo único que allá copian de la 4T. También se han fusilado en Europa otra medida de política pública muy valorada por el gobierno de izquierda mexicano: estímulos fiscales y acuerdos con empresas privadas para estabilizar los precios de los combustibles.
Tristemente, en nuestro país todo lo que hace la 4T para proteger a los consumidores es cuestionado con malos argumentos por la comentocracia de derecha, incluyendo a analistas de bancos y calificadoras.
Las críticas a la política de la 4T para contener el precio de las gasolinas tienen que ver con su impacto en las finanzas públicas y con algo así como su costo de oportunidad.
El IMCO ha sido muy activo en descalificar lo que hace el gobierno de izquierda contra los gasolinazos. Menciono al Instituto Mexicano para la Competitividad porque es un think tank de activismo ideológico constituido en 2003 con fuerte apoyo del Consejo Mexicano de Negocios, que reúne a las empresas más grandes del país.
La misión del IMCO ha sido promover más reformas estructurales —profundizar el neoliberalismo de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo—. Tuvo éxito: en el periodo de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, se cambió muy hacia la derecha lo más relevante de la Constitución, especialmente sus artículos sobre energía.
Como bien sabemos, la 4T echó abajo todo eso, y la carta magna volvió a ser menos proempresarial y más favorable a la gente. Pero la derecha insiste en su proyecto, como lo demuestran el activismo del IMCO, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, etcétera.
Según una investigación de Contralínea, el IMCO ha recibido donaciones millonarias de Valentín Diez Morodo, Claudio X. González, Eugenio Clariond, Tomás González Sada y Alejandro Ramírez, además de fundaciones como Kaluz —de Antonio del Valle— y Coppel —de la familia sinaloense Coppel—.
El IMCO, desde 2022, ha sostenido que los estímulos fiscales a los combustibles mediante el IEPS reducen los recursos para salud, educación y seguridad, además de generar costos ambientales y sanitarios. No lo ha demostrado, pero su tesis ha sido amplificada por la comentocracia contraria a la 4T.
En 2026, por la guerra en Irán, las críticas a los estímulos fiscales para contener el precio de la gasolina se han agudizado: a las mismas se han sumado instituciones bancarias normalmente serias como Banamex y BBVA, la consultora PETROIntelligence y México Evalúa —otro think tank financiado por la derecha empresarial—.
En tal embestida participa el mucho más activista MCCI, pero este se ha concentrado en el huachicol, desde luego con brutales exageraciones periodísticas y analíticas.
Cabe destacar que MCCI, IMCO y México Evalúa han recibido aportaciones financieras desde el extranjero de instituciones como United States Agency for International Development, National Endowment for Democracy, Ford Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, International Community Foundation, Rockefeller Brothers Fund y muchas más.
Tanto bancos como think tanks, adicionalmente se han dedicado a cuestionar con sofismas el impacto en las finanzas públicas de estabilizar el precio de los combustibles, sostienen que la intervención del Estado en el sector energético distorsiona el mercado y no constituye una solución sostenible.
Apuntan que los estímulos para moderar el precio de la gasolina no son la mejor respuesta ante las fluctuaciones petroleras. Y ahí se quedan: no dan opciones para proteger a la gente de los incrementos en los combustibles, seguramente porque les importa poco o nada.
Se cuestiona también, muy fuertemente, a Pemex, porque, argumentan, al colaborar en mantener bajos los precios, agrava sus problemas económicos, y de plano dan por muerta a la paraestatal.
Se ha llegado al extremo de pronosticar crisis financieras en las entidades federativas: Fitch Ratings advirtió que los estímulos podían absorber los excedentes petroleros y afectar los recursos de gobiernos locales.
Pero lo cierto es que —se distorsione o no al mercado— los Estados nacionales que basan su legitimidad en el voto popular deben proteger a sus sociedades en situaciones de emergencia. Porque la pregunta central no es si se interviene o no en el mercado. La pregunta es quién paga el costo del shock petrolero. La respuesta humanista y democrática es: quien sea, pero la gente no.
También leí en Die Zeit que Francia y Alemania ya están interviniendo ante el aumento internacional de los combustibles.
El gobierno de Francia ha presionado y respaldado a su petrolera, privada —cotizada en bolsa—, TotalEnergies, para contener el precio. Esta empresa mantiene un tope de 1.99 euros por litro para gasolina y 2.25 para diésel.
TotalEnergies asume parte del costo reduciendo sus márgenes de utilidad, no mediante un subsidio estatal. Pero ha advertido que un aumento de los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas podría llevarla a retirar tal mecanismo de contención de precios.
El hecho es que, por lo pronto, gracias a la buena gestoría del gobierno de Francia, una petrolera privada ha sido utilizada como mecanismo de estabilización.
En México ha ocurrido algo similar. La presidenta Sheinbaum ha promovido acuerdos voluntarios con gasolineros privados para no incrementar los precios.
Alemania enfrenta la situación de otra manera: permitió que el aumento llegara al consumidor, y el descontento social ha llevado a la administración pública a estudiar nuevas medidas urgentes. Entre las opciones están reducciones fiscales, ayudas directas y posibles impuestos a las empresas energéticas. El gobierno alemán ya había aplicado en abril una reducción temporal de 17 centavos de euro por litro al impuesto sobre combustibles, y estudia nuevas reducciones fiscales ante los precios récord.
México, Alemania y Francia no están dejando simplemente que el mercado resuelva el problema: sus gobiernos actúan para proteger a las familias. Cada país lo hace con sus propios instrumentos.
México combina política fiscal, compromiso de Pemex y acuerdos con gasolineras privadas. Francia recurrió a la presión y negociación política para lograr la cooperación de la petrolera privada. Alemania se tardó, pero ya analiza nuevos alivios fiscales y ayudas para sectores afectados.
Es verdad que la política mexicana para estabilizar el precio de los combustibles tiene un costo fiscal. Pero el beneficio social es enorme: suaviza el impacto que de otro modo caería por completo sobre la población.
La comparación con Francia y Alemania demuestra que intervenir para contener el precio de la gasolina de ninguna manera es una extravagancia de la 4T, como suele sugerir la comentocracia mexicana.
Los medios alemanes, como Die Zeit, colaboran no con críticas bobas, sino con información útil: como la de Profeco en México acerca de cuáles son las gasolineras más caras y cuáles las más baratas de Alemania.
Lo que sigue es que el gobierno alemán pida asesoría a la 4T para una mañanera semanal dedicada única y exclusivamente al quién es quién en el precio del diésel y la gasolina.