La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de los cambios al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, Quintana Roo, tras las impugnaciones presentadas por colectivos ambientalistas.
En sesión del 10 de agosto de 2026, la Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad ejercer su facultad de atracción, al considerar la relevancia jurídica de definir si estas modificaciones pueden impugnarse como ley o trámite.
La futura sentencia de la SCJN sobre Mahahual sentará un precedente histórico sobre la defensa del suelo de conservación y los ecosistemas costeros frente a proyectos turísticos.
SCJN revisará ruta de impugnaciones contra cambios al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual
Luego de que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco aprobó cambios al Programa de Desarrollo Urbano al proyecto Mahahual, grupos ambientalistas presentaron diversas impugnaciones.
Sin embargo, los recursos fueron desechados por tribunales locales, ante lo cual las agrupaciones solicitaron la intervención de la SCJN para que atraiga el asunto y resuelva la controversia.
Ante ello, en su sesión ordinaria del 10 de agosto, la Primera Sala resolvió con 7 votos a favor, que sí ejercerá su facultad de atracción sobre el asunto del proyecto Mahahual en Quintana Roo.
Con esta decisión unánime, los integrantes de la SCJN asumieron la competencia del asunto al considerar la relevancia jurídica de fijar un criterio sobre la planeación del territorio.
En consecuencia, la resolución que se emita establecerá los plazos exactos y los mecanismos procesales correspondientes para que la ciudadanía pueda impugnar los cambios al proyecto.
Impugnaciones a cambios al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual sentarían importante precedente
Cabe destacar que los cambios al Programa de Desarrollo Urbano del proyecto Mahahual, pretenden modificar el uso de suelo a favor de desarrollos turísticos de gran escala en ecosistemas vulnerables.
Colectivos ambientalistas adviertien que estas modificaciones vulneran el derecho a un entorno sano, ya que se prevé una falta de infraestructura básica y un alto riesgo sobre manglares locales.
Las impugnaciones señalan irregularidades en la consulta pública del proyecto, denunciando que autoridades municipales omitieron los procedimientos marcados por la ley estatal de asentamientos.
Ante ello, la futura sentencia de la SCJN sentará un precedente histórico en Quintana Roo, ya que garantizará la defensa legal de los recursos naturales frente a decisiones administrativas unilaterales.
De esa manera, la SCJN definirá si las herramientas de planeación comunitaria pueden frenarse mediante juicio de amparo cuando amenacen el equilibrio ecológico en las zonas costeras.