Tras una audiencia de casi 40 horas, la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra Ernesto Guillermo Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos en el esquema conocido como “huachicol fiscal”.
El el exgobernador de Baja California fue trasladado al CEFERESO Altiplano, junto a otros coacusados, mientras la FGR continúa investigando el impacto económico de las operaciones vinculadas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V..
Ernesto Ruffo y siete personas enfrentan proceso
Debido a la gravedad de las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el juez determinó que Ernesto Ruffo Appel deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
Junto al exgobernador, otras siete personas enfrentan el mismo proceso judicial.
Entre ellas se encuentran Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes también cumplirán la medida de prisión preventiva en el Altiplano.
Por su parte, Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud.
El esquema de “huachicol fiscal” de Ingemar
La investigación de la FGR vincula a los imputados con una red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.
El esquema consistía presuntamente en introducir combustible a México mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, reportando volúmenes menores a los reales o clasificando el combustible como otros productos para evadir el pago de impuestos.
Estas actividades están relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual Ernesto Ruffo es socio.
Dicha firma ya había sido mencionada en 2025 tras el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en el estado de Coahuila.
Aunque el exgobernador declaró previamente que la empresa solo realizaba trámites de importación y no comercialización, la FGR sostiene que existen pruebas financieras y contables que los incriminan.