El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que el contrato con Next Energy fue consolidado durante la administración de Adrián de la Garza, quien en 2020 autorizó un proyecto por 7 mil 370 millones de pesos para la construcción de una planta solar en Cerralvo que, aseguró, nunca registró avances físicos verificables.
El legislador sostuvo que dicho acuerdo comprometía el patrimonio de Monterrey por un periodo de 30 años, bajo un esquema que obligaba al municipio a cubrir mensualidades por un proyecto sin infraestructura tangible.
En ese contexto, señaló que la administración municipal 2021–2024 recibió un contrato jurídicamente blindado y acompañado de un litigio complejo que representaba un riesgo millonario para el erario.





Subrayó que su gobierno enfrentó el problema, revisó a fondo el esquema heredado y tomó decisiones para proteger el patrimonio municipal, dejando infraestructura real en funcionamiento.
Luis Donaldo Colosio señala irregularidades en contrato de Next Energy
Luis Donaldo Colosio Riojas indicó que durante la gestión en la que se autorizó el contrato se enviaron comunicaciones al fideicomiso reportando supuestos avances del parque solar, cuando, afirmó, no existía obra física en el sitio. “No es una opinión, son hechos documentados”, puntualizó.
Añadió que la responsabilidad de su administración fue frenar la simulación de pagos por servicios no prestados y enfrentar el litigio dentro del marco legal para evitar un daño mayor.
Como resultado, explicó, se logró reducir el plazo contractual de 30 a 10 años, renegociar condiciones que representarían un ahorro superior a 4 mil millones de pesos y modificar el modelo para que Monterrey sea propietario de sus propios paneles solares.
El también exalcalde regiomontano sostuvo que, a diferencia del escenario anterior, que calificó como un “parque fantasma”, actualmente existe infraestructura instalada y generación de energía limpia destinada a edificios públicos.
Finalmente, consideró contradictorio que quienes aprobaron y defendieron el contrato original intenten ahora deslindarse de sus consecuencias.
Señaló que la ciudadanía merece claridad sobre por qué se autorizó un contrato de tal magnitud sin resultados tangibles y rechazó que haya espacio para excusas o evasivas ante posibles responsabilidades.



