El corporativo Kosmos, encabezado por el empresario mexicano Jack Landsmanas, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio de autoridades estadounidenses luego de la reciente detención de Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela.
La captura del mandatario habría reavivado denuncias sobre una presunta red de corrupción transnacional relacionada con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de distribución de alimentos subsidiados impulsado por el gobierno venezolano desde 2016, señalado en múltiples ocasiones por desvíos millonarios y prácticas irregulares.
Grupo Kosmos es vinculado a presunto esquema de corrupción ligado a los CLAP
De acuerdo con versiones atribuidas a autoridades estadounidenses, intermediarios, proveedores y operadores financieros habrían estado relacionados con Jack Landsmanas y con empresas del grupo Kosmos, como Productos Serel y La Cosmopolitana.
Asimismo, versiones periodísticas mencionan a empresarios como Gonzalo Gil White y Rodrigo Lebois Mateos, ligados a compañías como Oro Negro y Unifin, previamente involucradas en distintos escándalos financieros.
Un oficio fechado el 7 de octubre de 2025, difundido recientemente por el periodista Luis Chaparro y atribuido a Homeland Security Investigations (HSI), cuyo contenido no ha sido confirmado oficialmente, señala a Jack Landsmanas Stern como presunto líder de una red criminal transnacional, relacionada con lavado de dinero y evasión fiscal mediante operaciones de venta de alimentos al gobierno venezolano.
El documento lo describe como un “objetivo criminal prioritario” y refiere que sus actividades estarían asociadas al uso de empresas offshore, contratos fraudulentos y el manejo de recursos ilícitos a través de intermediarios en distintos países.
CLAP habrían sido utilizados para desvíos millonarios
Según autoridades estadounidenses, el programa CLAP habría sido utilizado como un mecanismo para desviar grandes sumas de dinero, principalmente mediante sobreprecios y contratación de empresas fantasma, en un esquema donde México se convirtió en proveedor clave.
Cabe recordar que en 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra 14 personas físicas y morales vinculadas a este esquema. Sin embargo, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) optó por celebrar acuerdos reparatorios, decisión que fue ampliamente criticada por la falta de consecuencias penales.
Dichos acuerdos canalizaron los recursos obtenidos por multas a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en lugar de enviarlos a la Tesorería de la Federación, lo que también generó cuestionamientos.
A pesar de ello, el supuesto oficio de HSI sostiene que las operaciones de Jack Landsmanas y su red no se limitaron a Venezuela, sino que incluyeron contratos con dependencias federales mexicanas, como el IMSS, Pemex, la CFE y instituciones penitenciarias, lo que habría facilitado el manejo ilícito de recursos.
El documento también menciona a otros empresarios y compañías presuntamente relacionadas, como Jorge Carlos Fernández Francés y su empresa El Sardinero Es Servicio, así como Aristóteles Vaca Pérez, representante de Almacenes Vaca.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre la presunta solicitud de colaboración por parte de HSI.