La oposición hoy intenta presentarse como defensora de la democracia y de las instituciones. Pero México ya los conoce.
Los mismos que hoy hablan de “independencia judicial” guardaron silencio durante décadas frente a un Poder Judicial lleno de privilegios, corrupción, influyentismo y redes de protección.
Nunca les molestó una justicia lenta para el pueblo y rápida para proteger poderosos.
Nunca les molestaron los jueces que resolvían al servicio de intereses políticos y económicos.
Nunca les molestó un sistema donde las víctimas terminaban enfrentándose no solamente a sus agresores, sino también a instituciones profundamente corrompidas.
Porque ese sistema les servía.
Y yo no hablo de esto desde la teoría.
Lo hablo desde mi propia historia.
Yo viví en carne propia lo que significa entrar a un tribunal esperando justicia y encontrarte con un sistema frío, insensible y muchas veces completamente podrido por intereses y corrupción.
Viví violencia física, psicológica y sexual por parte de mi agresor, Alejandro Yapur Chedraui. Y cuando decidí denunciar y alzar la voz, comenzó otra batalla todavía más dura: enfrentarme a un Poder Judicial que parecía operar para proteger al agresor y desgastar a la víctima.
Mi agresor fue detenido en agosto de 2023 por delitos de violación y violencia familiar. Incluso se le dictó prisión preventiva por el riesgo que representaba para mí. Pero después comenzaron las irregularidades, las decisiones inexplicables y un proceso lleno de opacidad.
Y por eso hablo con nombres y apellidos.
Porque México ya tuvo demasiados años de silencios cómodos y complicidades disfrazadas de institucionalidad.
El juez Júpiter López Ruiz resolvió la no vinculación a proceso de mi agresor, Alejandro Yapur Chedraui, en circunstancias que denuncié públicamente como actos profundamente irregulares. En una audiencia ni siquiera me permitieron estar presente ni usar la voz como víctima. Después, el mismo juez emitió resoluciones completamente distintas sobre los mismos hechos.
Y mientras todo eso ocurría, yo advertí que le estaban dando tiempo a mi agresor para escapar.
Eso fue exactamente lo que pasó.
Hoy Alejandro Yapur Chedraui está prófugo de la justicia y cuenta incluso con ficha roja de Interpol.
Ese no es un “caso aislado”.
Ese es el retrato brutal de lo que durante años fue el viejo Poder Judicial mexicano.
Un sistema donde muchas veces las víctimas tenían que pelear no solo contra sus agresores, sino también contra jueces, funcionarios y estructuras enteras que parecían diseñadas para proteger privilegios y garantizar impunidad.
Por eso respaldo con absoluta firmeza la iniciativa enviada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
Porque esta reforma no nace del capricho. Nace de la necesidad urgente de limpiar, revisar y transformar uno de los poderes más opacos y cuestionados del país.
Y mientras la oposición intenta sembrar miedo y desinformación, la presidenta está haciendo lo que ellos jamás tuvieron el valor de hacer: enfrentar a las élites judiciales que durante décadas se sintieron intocables.
La propuesta de llevar la renovación judicial hasta 2028 representa responsabilidad institucional, estabilidad y visión de Estado. Porque transformar de raíz un sistema tan profundamente dañado requiere orden, firmeza y decisión política.
Y sí, claro que están desesperados.
Porque saben perfectamente que se les está derrumbando el último gran bastión del viejo régimen.
Ahí está el caso de la jueza Amarande Riojas Orozco, suspendida temporalmente tras ordenar la liberación de un feminicida en menos de 48 horas sin notificar a la víctima ni a sus abogados.
Eso antes no pasaba.
Antes las irregularidades se tapaban entre ellos mismos y nadie rendía cuentas.
Hoy sí hay consecuencias.
Y por eso el periodo extraordinario que inicia mañana será tan importante para el futuro del país.
Porque no solo se discutirán reformas legales.
Se definirá si México termina de romper con las estructuras de poder que durante décadas secuestraron la justicia para servir a unos cuantos.
La oposición está furiosa porque perdió el control del Poder Judicial.
Y aunque sigan gritando, atacando y desinformando, ya nadie les cree.
Porque el pueblo ya entendió algo fundamental: la justicia no puede seguir siendo privilegio de élites ni refugio de corruptos.
Y esta vez vamos a señalar a quienes le fallaron al pueblo con nombres y apellidos… porque el silencio también fue parte de la corrupción.
María Teresa Ealy Díaz, Diputada Federal LXVI Legislatura.
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