“La parcialidad de la justicia no destruye solo la ley; destruye la confianza pública en la posibilidad misma de la verdad”.
Judith N. Shklar, Ordinary Vices
En México ya ni siquiera hace falta fabricar una persecución política demasiado sofisticada. La versión 4T sale más barata y eficiente: basta con usar la Fiscalía General de la República como escenografía, ajustar el volumen mediático según convenga y aplicar el viejo criterio de casa: discreción para los propios, reflector para los ajenos.
Y entonces ocurre el milagro institucional.
Dos gobernadores citados ante la FGR. Dos expedientes (uno de ellos con agregados). Dos contextos distintos. Dos tratamientos radicalmente opuestos. Pero la narrativa oficial intenta vender lo contrario: “vean qué parejos somos, aquí todos comparecen”.
Sí, claro. A ambos les ofrecieron cafecito.
Por un lado, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, hombre de Morena, integrante de la 4T, mencionado en investigaciones de autoridades estadounidenses y colocado bajo sospecha por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico. No hablamos de una anomalía de criterio administrativo. No hablamos de un tecnicismo burocrático. Hablamos de una acusación de la mayor gravedad política posible en un país donde crimen organizado y poder territorial llevan años mezclando frontera, presupuesto y protección.
Rocha acudió a instalaciones de la Fiscalía en Culiacán. El dato se conoció porque él mismo decidió informarlo. No por transparencia institucional. No por rendición de cuentas. No por un comunicado puntual de la FGR. Hermetismo absoluto. Perfil bajo. Silencio administrativo. Ni cámaras ni preguntas incómodas; tampoco demasiada explicación. Una diligencia casi privada.
La justicia versión Morena ya encontró su tono ideal: bajo perfil, puerta lateral y que nadie haga ruido.
Por el otro lado apareció Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, oposición, en funciones, citada por el caso relacionado con la destrucción de un narcolaboratorio donde estaban involucrados agentes estadounidenses. El contexto es completamente distinto. Jurídica y políticamente distinto. No comparable en dimensión ni en implicaciones. Y, sin embargo, desde el oficialismo se hizo el esfuerzo predecible por meter ambos expedientes en la misma licuadora narrativa.
Porque la lógica no importa. Lo que importa es la imagen.
Empatar citatorios. Mezclar titulares. Diluir jerarquías políticas y penales. Crear la sensación de que todos están exactamente bajo la misma lupa. La vieja táctica del humo.
Michael Walzer escribió que el abuso político más eficaz suele consistir en convertir desigualdades evidentes en apariencias de neutralidad. Ahí está el mecanismo funcionando a la perfección. El trato desigual deja de parecer privilegio cuando se administra cuidadosamente desde el lenguaje oficial.
No se absuelve de manera abierta. Se relativiza. No se exonera. Se desdibuja. No se persigue de frente. Se selecciona. En la 4T la justicia no siempre necesita fabricar culpables; le basta decidir a quién cuidar y a quién exponer.
A los cercanos se les administra discreción institucional y tiempo político. A los adversarios se les procesa en tiempo real frente a cámaras, bajo presión y con la maquinaria propagandística ya calentando motores.
Luego aparece el coro acostumbrado diciendo que quien protesta “se victimiza”. La palabra favorita del poder cuando el poder es el que lleva meses operando la escena.
En Chihuahua además hay una operación política demasiado evidente para fingir sorpresa. El nombre de Maru Campos empezó a entrar a conversaciones rumbo al 2030 y eso, en la lógica del sistema mexicano, activa automáticamente una costumbre muy nacional: primero inflar la especulación, después fabricar desgaste y luego vender la demolición como un acto institucional impecable. Ya conocemos ese libreto.
Primero convierten a alguien en símbolo. Luego transforman el símbolo en blanco. Y después llaman democracia al espectáculo.
Pero la experiencia de 2024 debería haber dejado alguna enseñanza. El aplausómetro y la exposición pública no necesariamente construyen una candidatura de oposición sólida. En ocasiones solo elevan negativos mientras el oficialismo aprovecha el ruido para ordenar el tablero.
Además está el nivel de contradicción política que ya parece sátira involuntaria. Javier Corral, exgobernador panista, hoy senador por Morena, exige contra Maru Campos destitución, juicio político y condena pública. El dedo flamígero siempre listo para apuntar en Chihuahua. Muy severo. Muy indignado. Muy institucional.
Y al mismo tiempo sin problema alguno para aparecer en el entorno político de Sinaloa, convivir con figuras bajo sospecha y normalizar fotografías que, si involucraran a un opositor, ya estarían convertidas en cadena nacional de indignación moral.
La coherencia en Morena suele ser una actividad recreativa: opcional y de fin de semana.
Mas, como siempre digo —pues estoy convencida de ello—, lo verdaderamente grave es que esta selectividad ya dejó de sorprender. Se volvió rutina. Se volvió costumbre del sistema. Y cuando la arbitrariedad se vuelve paisaje, quiere decir que la democracia ya perdió densidad institucional.
El jurista alemán Ernst Fraenkel llamó a eso “Estado dual”: uno visible, normativo, formal y perfectamente presentable; otro discrecional, político y flexible para proteger aliados y castigar adversarios según convenga al poder de turno. México lleva tiempo asomándose peligrosamente a ese espejo.
La ley sigue ahí. Las oficinas —aunque sin presupuesto y cada vez con menos gente capaz— siguen ahí. Los sellos oficiales siguen ahí. Los citatorios también. Pero el principio de igualdad ante la ley empieza a evaporarse. Y cuando eso ocurre ya no importa cuántos expedientes se abran ni cuántas comparecencias se anuncien. Importa quién entra por la puerta principal y quién por la lateral. Importa quién enfrenta micrófonos y quién recibe silencio protector. Importa quién carga el peso completo del aparato y quién sale políticamente arropado.
Por eso no se trata solo de Maru Campos ni solo de Rubén Rocha Moya. Se trata del patrón. De la pedagogía política que Morena está consolidando. De todos nosotros, ciudadanos, a la intemperie.
De la señal enviada a todo el sistema: pertenecer al movimiento sigue siendo la mejor póliza de protección pública en México.
Y mientras eso ocurre, desde Palacio siguen intentando vender imparcialidad republicana. Como si nadie viera. Como si nadie entendiera. Como si el país entero no alcanzara a notar que a unos los sientan frente al expediente… y a otros, además, todavía les preguntan si quieren leche y azúcar en el café.