Propongo algunas preguntas para la comisión técnica de la UNAM, concebida por el rector Leonardo Lomelí el 21 de julio pasado, para revisar los problemas derivados del proceso de ingreso a la licenciatura, 2026: ¿hay responsabilidades de la empresa contratada para llevar a cabo este tipo de evaluaciones en línea? ¿Se contratará nuevamente a esta empresa en futuros procesos?
Según el anunció que se dio a conocer en la mañana del viernes, 31 de julio, por parte del rector y la comisión técnica, todo esto queda en suspenso. No se sabe, hasta el momento, hasta dónde y cuándo se fincarán responsabilidades legales por los lamentables hechos registrados (resultados atípicos y presunción de conductas no apegadas a la convocatoria).
El rector Lomelí y la comisión técnica sólo informaron que continuarán los trabajos de la comisión y que en el futuro se decidirá el deslinde de responsabilidades. La solución práctica y para salir del atolladero, por la parte institucional, consistió sólo en recomendar la realización y aplicación inmediata de un “examen de control” a las y los aspirantes que cumplan con ciertos requisitos y que estén registrados en el reciente proceso de admisión.
“La máxima casa de las desconfianzas”
Mientras tanto, el “aprendizaje institucional” en la UNAM se enfocará, desde hoy y en el futuro, a aumentar los sistemas y procedimientos de control y vigilancia cuando se activen los procesos evaluativos masivos de admisión, tanto para la licenciatura como para el bachillerato.
Debido a estos acontecimientos y dada la declaración de la comisión técnica como órgano auxiliar y temporal de la rectoría, este viernes último de julio, 2026, será recordado como el día en que el rector se declaró agraviado, junto con la institución, por el fallido proceso de admisión, con lo que se dio el banderazo de salida al clima de “total desconfianza” hacia las y los aspirantes a ocupar un lugar en la institución educativa. En esta parte, nadie gana, todos pierden.
Pero cuál es el origen del agravio: ¿la empresa contratada para llevar a cabo la evaluación en línea, los funcionarios universitarios que intervinieron en la contratación de la misma o las y los aspirantes que llevaron a cabo conductas irregulares, o todos? El rector, en su intervención, sólo se refirió a las y los aspirantes y a quienes específicamente llevaron a cabo “conductas irregulares”. No hubo ninguna palabra sobre los funcionarios universitarios presuntamente involucrados en el agravio ni en la empresa proveedora de la plataforma digital especializada para llevar a cabo evaluaciones masivas y en línea.
En conclusión, este episodio del conflicto universitario en torno a la evaluación y el proceso de selección para ingresar a la UNAM (2026), a nivel de licenciatura, dejó en claro que, para la institución, según se lee entre líneas y sin el apoyo de la IA, aumentó la desconfianza hacia las y los aspirantes.
De ser así ¿sólo se cargará la responsabilidad de este problema, y en los siguientes procesos de nuevo ingreso, a las y los aspirantes? ¿No habrá responsabilidades por parte de la empresa contratada ni de los funcionarios universitarios que participaron en su contratación?
Una cosa es sentirse ofendido por lo sucedido, en lo personal y como máximo representante de la institución, y otra es actuar legalmente para fincar responsabilidades, administrativas o penales, para quienes cometieron faltas graves a la institución universitaria.
El tema no solamente es técnico ni ético, es un asunto de toma de decisiones de las más altas autoridades universitarias. Es un asunto de definición de políticas públicas institucionales sobre los procesos de ingreso, permanencia y egreso en la universidad pública más grande e importante del país. Pero también es un tema que atañe, concretamente, a los procesos de evaluación institucional.
Sobre este punto de la evaluación institucional, habría que plantearse seriamente en esta coyuntura universitaria: ¿quién evalúa al rector? ¿La junta de gobierno, el consejo universitario, los órganos de control administrativo; o la auditoría de la federación?
Por otra parte ¿cómo quedará el pliego de peticiones que han entregado las y los aspirantes y sus representantes para canalizar el problema y dar solución a sus demandas? ¿Es suficiente para ellas y ellos una disculpa pública?