Donald Trump ya no se conforma con gobernar Estados Unidos. Pretende influir en quién gobierna Brasil, decidir qué candidatos merecen respaldo, castigar a quienes no se alinean con Washington y utilizar visas, aranceles, sanciones y presión diplomática como instrumentos de una competencia electoral que corresponde resolver exclusivamente a los brasileños.
La nueva crisis entre Washington y Brasilia no surgió de una diferencia protocolaria menor. Estados Unidos revocó la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, después de que Brasil negara visas a dos funcionarios estadounidenses y demorara el beneplácito para el nuevo embajador propuesto por Trump. Formalmente, la Casa Blanca presenta la decisión como reciprocidad diplomática, pero en el fondo el episodio forma parte de una confrontación mucho más amplia alrededor de las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sostiene que los funcionarios estadounidenses pretendían viajar a Brasil para cuestionar la confiabilidad de su sistema electoral, reunirse con actores políticos y alimentar anticipadamente las sospechas promovidas por el bloque bolsonarista. Washington rechaza la acusación y afirma que sólo buscaba defender libertades democráticas y conocer las condiciones de la elección, pero la desconfianza brasileña no nació de la imaginación.
Trump ha expresado públicamente su simpatía por la familia Bolsonaro, ha criticado al gobierno de Lula, ha utilizado medidas comerciales contra Brasil y ha permitido que la política exterior estadounidense se mezcle con la disputa interna entre el presidente brasileño y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante a la presidencia. Lula ya había advertido a Trump que podía tener preferencias personales, pero debía mantenerse fuera de la elección brasileña.
La diferencia entre expresar simpatía e intervenir es elemental. Cualquier gobernante puede sentirse más cercano a un candidato extranjero por afinidades ideológicas, económicas o personales. Lo que no debe hacer es convertir la maquinaria diplomática, comercial y financiera de su país en herramienta para favorecerlo. Trump cruza esa frontera constantemente: no presenta sus preferencias como opiniones privadas, sino que las transforma en decisiones de Estado. Impone aranceles, amenaza con nuevas sanciones, retira visas, descalifica autoridades, cuestiona procedimientos judiciales y ofrece respaldo político a quienes considera aliados. La diplomacia deja entonces de proteger intereses nacionales y se convierte en una extensión internacional de sus campañas partidistas.
Brasil es la prueba más importante de esa política. No se trata de una nación pequeña, dependiente por completo de Washington y sin capacidad de respuesta. Brasil es la mayor economía de América Latina, una potencia agrícola e industrial, integrante de los BRICS, socio estratégico de China y actor fundamental en asuntos ambientales, energéticos y geopolíticos. Intervenir en su competencia política no equivale a presionar a un gobierno débil; significa desafiar directamente la soberanía de un país con capacidad para reorganizar alianzas regionales y globales.
Estados Unidos anunció nuevos aranceles sobre productos brasileños en medio de la temporada electoral. Lula acusó al entorno de Bolsonaro de colaborar con Washington para provocar la presión económica y utilizarla contra su gobierno. La familia Bolsonaro rechazó esa imputación, y el propio Flávio viajó a Washington para pedir que los aranceles fueran pospuestos hasta después de las elecciones, consciente de que la medida podía perjudicarlo electoralmente.
Ese episodio revela la perversidad del mecanismo: una potencia castiga comercialmente a un país, el candidato ideológicamente afín intenta presentarse como intermediario capaz de moderar el castigo, el gobierno afectado acusa a la oposición de colaborar con intereses extranjeros y la elección deja de centrarse en empleo, inflación, seguridad, educación o desarrollo para comenzar a girar alrededor de quién puede obtener mejor trato de Washington.
El mensaje implícito es brutal: voten por quien agrada a Trump o enfrenten las consecuencias. Tal vez la administración estadounidense no lo formule con esas palabras, pero ésa es la lectura inevitable cuando las sanciones y los aranceles coinciden con apoyos políticos explícitos. La presión económica no cae sobre Lula en lo personal. La pagan empresas, trabajadores, agricultores, exportadores y consumidores brasileños.
Trump puede afirmar que protege los intereses comerciales estadounidenses, combate prácticas injustas o responde a decisiones de Brasil. Pero cuando vincula públicamente sus medidas con el trato recibido por dirigentes aliados, la frontera entre política comercial e intervención electoral desaparece.
Ya ocurrió antes. En 2025, Trump justificó parte de su ofensiva arancelaria contra Brasil alegando que Jair Bolsonaro era víctima de una persecución judicial. Estados Unidos también sancionó a un ministro del Supremo Tribunal Federal involucrado en los procesos contra el expresidente brasileño. Aquello representó un precedente gravísimo: el mandatario de una potencia pretendía condicionar el funcionamiento de la justicia de otro país para favorecer a un aliado político.
Puede discutirse si los procesos contra Jair Bolsonaro estuvieron correctamente integrados, si las sanciones impuestas fueron proporcionales, si algunos jueces brasileños acumularon demasiado poder o si existieron decisiones judiciales cuestionables. Todo ello puede y debe debatirse, pero esa discusión corresponde primordialmente a las instituciones y a la sociedad brasileña.
Estados Unidos puede expresar preocupación por derechos humanos, libertades políticas o garantías procesales. También puede recurrir a mecanismos diplomáticos cuando considere afectados intereses legítimos. Lo que no debería hacer es utilizar su fuerza económica para tratar de modificar sentencias, proteger aliados o inclinar elecciones. De lo contrario, la defensa de la democracia se convierte en un pretexto para intervenir únicamente cuando los resultados no satisfacen a Washington.
Trump parece concebir la política internacional como una relación personal entre jefes. Quien lo elogia es aliado; quien lo contradice se convierte en enemigo. Los gobiernos dejan de ser representantes soberanos y pasan a clasificarse según su docilidad frente al presidente estadounidense.
Javier Milei recibe respaldo porque comparte su retórica, sus adversarios y buena parte de su visión ideológica. Jair Bolsonaro fue tratado como integrante de la misma familia política. Flávio Bolsonaro aparece como continuidad posible de esa alianza. Lula, en cambio, incomoda por su acercamiento a China, su participación en los BRICS, sus diferencias sobre Venezuela, Cuba y Medio Oriente, y su insistencia en una América Latina con mayor autonomía.
La presión sobre Brasil no es, por tanto, un episodio aislado. Forma parte de una doctrina: premiar a los gobiernos amigos, castigar a los discrepantes y convertir la relación con Estados Unidos en factor de competencia interna.
Trump no inventó la intervención estadounidense en América Latina. La región conoce demasiado bien los golpes apoyados desde Washington, las operaciones clandestinas, el financiamiento de fuerzas políticas, las sanciones selectivas y las presiones económicas utilizadas durante décadas para modificar gobiernos. Lo novedoso es la falta de pudor.
Antes, muchas operaciones se realizaban en secreto, bajo discursos diplomáticos cuidadosamente construidos. Trump actúa a la vista de todos. Expresa preferencias, amenaza, impone castigos y después presenta la injerencia como una demostración de fuerza. No necesita ocultarla porque considera que el poder le concede el derecho de ejercerla. Ésa es la lógica imperial: la soberanía existe para Estados Unidos, pero se vuelve negociable para los demás.
Brasil reaccionó negando las visas a dos funcionarios estadounidenses. Según autoridades brasileñas, existían indicios de que la delegación pretendía cuestionar el sistema electoral y explotar políticamente su visita. Entre los funcionarios figuraban integrantes del área de democracia y derechos humanos del Departamento de Estado. Washington respondió retirando la visa de la embajadora brasileña y presionando para que se aceptara a su candidato a embajador.
Negar visas a diplomáticos tampoco es una decisión menor. Brasil debe explicar con precisión las razones, los antecedentes y las pruebas que sustentaron la medida. El temor a una injerencia no puede utilizarse para excluir cualquier observación, crítica o diálogo internacional. Lula no tiene derecho a convertir la defensa de la soberanía en blindaje contra el escrutinio.
El sistema electoral brasileño puede ser defendido con información, apertura y transparencia. Si existen cuestionamientos, deben responderse. Si observadores internacionales desean conocer el proceso bajo reglas previamente acordadas, su presencia puede fortalecer la legitimidad de la elección. Impedir toda interlocución produciría el efecto contrario y permitiría que los críticos acusaran al gobierno de ocultamiento.
Pero una misión diplomática no es una misión de observación electoral independiente. Los funcionarios de un gobierno que ya manifestó preferencia por un candidato no pueden presentarse como árbitros neutrales. Si llegan con la conclusión previa de que el sistema es fraudulento, se reúnen únicamente con una fuerza política o utilizan su visita para amplificar sospechas sin pruebas, dejan de observar y comienzan a operar. Brasil tiene derecho a impedir que su territorio sea utilizado para una campaña extranjera de deslegitimación.
La elección brasileña será particularmente delicada. Lula busca mantenerse en el poder frente a una derecha reorganizada alrededor de Flávio Bolsonaro. Las encuestas han mostrado una competencia cerrada y, en algunos momentos, una posible segunda vuelta prácticamente empatada. Cada medida externa puede alterar percepciones, movilizar nacionalismo o modificar el voto de sectores sensibles a la economía.
De hecho, la ofensiva estadounidense puede producir un resultado contrario al pretendido. Parte del electorado brasileño se inclinó más hacia Lula después de la imposición de aranceles. La presión externa permitió al presidente presentarse como defensor de la soberanía frente a una potencia que pretendía castigar al país. Trump podría terminar ayudando al adversario que pretende debilitar.
Ese efecto se ha repetido muchas veces en la historia latinoamericana. Cuando Washington interviene de manera excesiva, fortalece el nacionalismo, ofrece legitimidad a los gobiernos cuestionados y convierte una elección interna en plebiscito sobre la dignidad nacional.
Lula conoce perfectamente esa oportunidad. Puede utilizar cada amenaza estadounidense para reagrupar a una izquierda desgastada, atraer votantes moderados y presentarse como el único dirigente capaz de defender a Brasil. Eso no significa que todas sus denuncias sean ciertas ni que su gobierno quede libre de críticas.
Lula enfrenta cuestionamientos económicos, políticos y de gestión. Su larga trayectoria, sus alianzas internacionales y los antecedentes de corrupción alrededor del Partido de los Trabajadores forman parte legítima de la campaña. Flávio Bolsonaro también tiene derecho a competir y a defender un proyecto conservador. No debe ser descalificado por ser hijo de Jair Bolsonaro ni por mantener vínculos con dirigentes extranjeros. Los brasileños deberán evaluar su capacidad, propuestas, antecedentes y compromisos democráticos.
Lo inadmisible es que la competencia se convierta en una disputa entre el candidato respaldado por los votos brasileños y el candidato respaldado por el poder económico de Estados Unidos. Quien aspire a gobernar Brasil debe pedir el respaldo de Brasil, no la protección de Washington.
La cercanía de Flávio Bolsonaro con Trump puede darle visibilidad, contactos y apoyo ideológico, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde estaría dispuesto a defender los intereses brasileños cuando éstos chocaran con los deseos de su principal aliado extranjero?
Su gestión para retrasar los aranceles muestra la contradicción. Si reconoce que las tarifas dañan a Brasil y perjudican su candidatura, debería condenarlas sin ambigüedad. No basta con pedir que se aplacen hasta después de la elección, como si el problema fuera el momento electoral y no el daño económico. Un candidato a presidente debe exigir respeto para su país, aun cuando el agravio provenga de un amigo.
De igual forma, Lula no puede convertir toda crítica estadounidense en conspiración. Brasil mantiene una relación histórica, económica y estratégica con Estados Unidos que no debe destruirse por una campaña. Hay inversiones, comercio, cooperación científica, defensa, tecnología, energía y vínculos sociales que trascienden a Trump, Lula y Bolsonaro. Los presidentes pasan; las relaciones entre las naciones permanecen.
Por eso resulta tan irresponsable utilizar embajadas, visas y aranceles como armas electorales. La revocación de la visa de la embajadora brasileña no perjudica únicamente a Lula. Debilita los canales de comunicación entre dos de las mayores democracias del continente y dificulta la resolución de conflictos que afectarán a millones de personas.
La diplomacia existe precisamente para que las diferencias no dependan del temperamento de los mandatarios. Cuando las embajadas se transforman en extensiones de campañas partidistas, la política exterior deja de representar al Estado y comienza a servir a facciones.
Trump reduce toda relación a una negociación de obediencia. Cree que los aranceles pueden conseguir aquello que no logra mediante diálogo, que retirar una visa equivale a impartir una lección y que el tamaño de la economía estadounidense obliga a los demás a ceder. Esa estrategia puede obtener concesiones inmediatas, pero también produce resistencia, resentimiento y búsqueda de alternativas.
Brasil tiene opciones. Puede profundizar su comercio con China, fortalecer sus vínculos con India, ampliar los BRICS y buscar nuevos mercados. Cada presión estadounidense acelera justamente el proceso que Washington afirma querer evitar: la construcción de un mundo menos dependiente de Estados Unidos.
China observa con atención. No necesita exigir adhesión ideológica. Le basta con presentarse como socio comercial dispuesto a negociar sin preguntar por el candidato favorito de Pekín. Esa aparente neutralidad puede resultar atractiva para gobiernos cansados de la presión política estadounidense, aunque también contenga sus propios riesgos y formas de dependencia.
Trump cree que la fuerza de Estados Unidos le permite imponer condiciones. No comprende que el abuso de esa fuerza incentiva a los demás países a organizarse para reducirla.
La crisis brasileña también debe preocupar a México. Hoy el blanco es Lula; mañana cualquier gobierno latinoamericano que contradiga a Washington puede enfrentar aranceles, sanciones, restricciones migratorias o presión diplomática vinculada con su vida política interna. No importa si es de izquierda o derecha. Basta con que deje de obedecer.
México necesita una posición clara: las elecciones de cada nación pertenecen a sus ciudadanos. Ninguna potencia tiene derecho a utilizar medidas económicas para imponer preferencias partidistas. Eso no implica respaldar automáticamente a Lula ni confrontar gratuitamente a Estados Unidos. Significa defender un principio que también protege a México: la no intervención.
Durante años, algunos gobiernos latinoamericanos utilizaron ese principio para evitar pronunciarse ante dictaduras o violaciones graves de derechos humanos. Esa aplicación oportunista lo debilitó. No intervenir no significa permanecer indiferente frente a todo. Los países pueden condenar fraudes, defender libertades y exigir respeto a los derechos fundamentales.
Pero existe una diferencia entre emitir una posición y utilizar el poder económico para imponer un resultado. La primera forma parte de la diplomacia; la segunda pertenece a la coerción.
Trump no está obligado a ser neutral emocionalmente. Puede preferir a Flávio Bolsonaro, como Lula puede sentirse más cercano a dirigentes de izquierda en otros países. Lo que debe ser neutral es el uso de los instrumentos del Estado frente a una elección ajena. Las preferencias personales no pueden convertirse en aranceles nacionales.
La Casa Blanca tampoco puede acusar de autoritarismo a otros gobiernos mientras intenta decidir quién debe gobernarlos. Defender la democracia exige aceptar que los pueblos pueden elegir opciones desagradables para Washington. La democracia no consiste en celebrar elecciones únicamente cuando ganan los aliados.
Si los brasileños eligen nuevamente a Lula, Estados Unidos tendrá que relacionarse con él. Si eligen a Flávio Bolsonaro, los gobiernos de izquierda deberán respetar el resultado. Si surge otra alternativa, deberá recibir el mismo reconocimiento. La voluntad popular no necesita permiso extranjero.
Brasil, por su parte, tiene la obligación de garantizar una elección transparente, competitiva y libre. Debe permitir el debate, proteger a candidatos, evitar el uso ilegal de recursos públicos y ofrecer plena certeza sobre sus resultados. La mejor defensa frente a la injerencia no es el aislamiento, sino un proceso tan sólido que ninguna potencia pueda desacreditarlo.
Lula debe evitar que la legítima defensa de la soberanía se convierta en propaganda para ocultar deficiencias internas. Flávio Bolsonaro debe demostrar que su proyecto responde a Brasil y no a los deseos de Trump. Las autoridades electorales deben actuar con independencia y los tribunales no pueden ser percibidos como participantes de la campaña.
Pero la responsabilidad principal de Washington también es clara. Estados Unidos debe retirar la política electoral de su relación con Brasil, resolver la crisis diplomática mediante canales institucionales y separar sus diferencias comerciales de las preferencias partidistas. Las visas no pueden convertirse en votos y los aranceles no deben funcionar como propaganda.
Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos, no para nombrar presidentes en América Latina. Puede defender los intereses de su país, negociar acuerdos, denunciar prácticas injustas y expresar preocupaciones. Lo que no puede hacer sin destruir la legitimidad de su propia democracia es utilizar el poder estadounidense para castigar a pueblos que no votan como él desea.
Brasil no es propiedad de Lula, de los Bolsonaro ni de Trump. Pertenece a los brasileños. Ellos deberán decidir si quieren continuidad, alternancia, izquierda, derecha o cualquier otra opción. Lo harán con sus virtudes, errores, divisiones y contradicciones. Ningún proceso democrático es perfecto, pero sigue siendo preferible una decisión imperfecta de los ciudadanos a una imposición disfrazada de ayuda extranjera.
La historia latinoamericana está llena de gobernantes elegidos, desplazados o condicionados por intereses externos. Cada intervención dejó heridas, dependencias y resentimientos que tardaron décadas en cerrarse. Trump parece decidido a repetir esa historia sin siquiera molestarse en ocultarla.
Quiere elegir presidentes ajenos, gobernar mediante aranceles y convertir la diplomacia en una oficina internacional de su movimiento político. Confunde liderazgo con dominio, alianza con obediencia y democracia con la victoria de sus amigos.
Pero una potencia que intenta elegir a los gobernantes de otros pueblos no está defendiendo la libertad.
Está intentando colonizarla.
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