Los gobiernos civiles de América Latina recurren cada vez con mayor frecuencia a las fuerzas armadas para resolver aquello que ellos mismos fueron incapaces de atender: inseguridad, cárceles fuera de control, fronteras vulnerables, policías corrompidas, aduanas ineficientes, obras retrasadas y administraciones públicas sin capacidad operativa. Lo presentan como una respuesta excepcional frente a una emergencia, pero la excepción se prolonga, se normaliza y termina convertida en sistema.
El problema no comienza cuando los militares apoyan al Estado en una crisis. Hay momentos en los que su capacidad logística, disciplina, organización y despliegue territorial resultan indispensables. El problema aparece cuando el auxilio deja de ser temporal, los civiles renuncian a reconstruir sus propias instituciones y las fuerzas armadas pasan de colaborar con el gobierno a convertirse en el instrumento sin el cual el gobierno ya no puede funcionar.
Perú es uno de los casos más recientes. La nueva administración decidió ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas para asumir tareas de control interno en zonas declaradas en emergencia, bajo el argumento de enfrentar la extorsión, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado. No es una decisión aislada: en distintos momentos, Ecuador, México y El Salvador han entregado a los militares funciones policiales, penitenciarias o administrativas. La militarización de la seguridad pública dejó de ser una medida extraordinaria y se convirtió en una tendencia regional.
La explicación inmediata parece razonable. Cuando las policías son débiles, corruptas o superadas; cuando las fiscalías no investigan; cuando los jueces liberan delincuentes por expedientes mal integrados y cuando las prisiones son administradas por las propias organizaciones criminales, el Ejército aparece como la única institución con estructura, armamento, presencia territorial y capacidad de reacción.
La población, cansada de vivir bajo amenaza, suele recibir con alivio a los soldados. Los uniformes producen una sensación inmediata de autoridad. Los retenes, patrullajes y operativos generan la impresión de que el Estado finalmente recuperó las calles. El gobernante obtiene imágenes de fuerza, mensajes contundentes y una respuesta políticamente rentable frente a una sociedad desesperada.
Pero percepción de seguridad no significa seguridad sostenible.
Las fuerzas armadas fueron creadas y entrenadas para defender la soberanía, enfrentar amenazas externas y combatir a un enemigo. La policía, en cambio, debe prevenir delitos, detener personas, preservar pruebas, proteger derechos, investigar dentro de límites legales y relacionarse cotidianamente con la población. Son misiones, doctrinas y capacidades distintas.
Un soldado puede ocupar una calle, desarmar una organización o recuperar temporalmente una prisión. Eso no significa que pueda sustituir durante años a policías profesionales, ministerios públicos, investigadores financieros, jueces, sistemas penitenciarios y programas de prevención social.
La extorsión no se derrota únicamente con patrullas. Requiere inteligencia, seguimiento de flujos financieros, intervención de comunicaciones bajo control judicial, protección de denunciantes, investigación patrimonial y fiscalías especializadas. El sicariato no desaparece porque haya soldados en las avenidas. Las estructuras criminales se desplazan, se adaptan, corrompen autoridades y esperan a que termine el operativo.
La militarización puede producir resultados inmediatos y visibles, pero no necesariamente construye instituciones capaces de sostenerlos.
El riesgo mayor consiste en que cada despliegue militar quite presión a los gobiernos para hacer aquello que verdaderamente les corresponde. Si el Ejército patrulla, ¿para qué invertir seriamente en policías estatales y municipales? Si administra las cárceles, ¿para qué profesionalizar custodios y sistemas penitenciarios? Si controla fronteras y aduanas, ¿para qué construir servicios civiles eficaces y sometidos a vigilancia pública?
Así nace la dependencia.
Los civiles entregan una función porque sus instituciones fracasaron. Después entregan otra porque la primera pareció funcionar. Más tarde transfieren presupuestos, empresas, infraestructura, inteligencia y tareas administrativas. Cuando intentan recuperar esas atribuciones descubren que ya no poseen el personal, los recursos ni la capacidad necesarios para hacerlo.
México ofrece uno de los ejemplos más completos. Las fuerzas armadas no sólo participan desde hace años en seguridad pública. También han asumido responsabilidades en puertos, aduanas, aeropuertos, infraestructura ferroviaria, construcción de obras estratégicas y administración de empresas estatales. La Guardia Nacional, concebida originalmente como una institución civil, quedó estructuralmente vinculada al aparato militar.
No se trata de afirmar que los militares hayan tomado el poder político ni que exista un gobierno castrense. México sigue teniendo autoridades civiles electas y no enfrenta el escenario clásico de un golpe de Estado. El problema es más sutil: la administración civil se ha vuelto dependiente de las fuerzas armadas para cumplir funciones esenciales del Estado.
Esa dependencia modifica el equilibrio institucional.
Quien controla seguridad, inteligencia, puertos, aduanas, aeropuertos, grandes obras y empresas públicas acumula información, presupuesto, personal y capacidad de influencia. Aunque permanezca subordinado formalmente al presidente, su peso dentro del gobierno crece y se vuelve cada vez más difícil tomar decisiones sin contar con su respaldo.
El poder no consiste únicamente en ocupar la presidencia. También reside en controlar recursos, información y capacidades que ningún otro órgano posee.
Por eso esta discusión no debe convertirse en una acusación simplista contra soldados y marinos. En muchos casos, ellos aceptaron tareas que los propios gobiernos civiles les encomendaron. Fueron llamados porque otras dependencias no podían cumplir, porque existía desconfianza hacia las burocracias o porque los gobernantes buscaban instituciones leales capaces de ejecutar órdenes con rapidez.
La responsabilidad principal corresponde a quienes transfirieron funciones sin diseñar mecanismos de retorno, supervisión, transparencia y fortalecimiento civil.
Los militares cumplen órdenes. Los civiles deciden convertirlos en sustitutos del Estado.
Existe además una paradoja. Los gobiernos recurren a las fuerzas armadas porque las consideran más disciplinadas, eficaces y menos corruptas que las instituciones civiles. Pero al ampliar indefinidamente sus atribuciones también las exponen a los mismos riesgos que dañaron a las demás dependencias: contratos opacos, intereses económicos, conflictos políticos, redes de influencia y denuncias por abusos.
Una institución puede conservar prestigio mientras cumple una misión claramente definida. Cuando administra aeropuertos, construye trenes, maneja empresas, controla aduanas, vigila fronteras, persigue delincuentes y reprime protestas, se convierte inevitablemente en objeto de controversias que antes correspondían al gobierno civil.
La expansión puede fortalecer su presupuesto, pero debilitar su autoridad moral.
Las fuerzas armadas suelen ocupar un lugar especial en la confianza pública porque se les percibe como instituciones nacionales situadas por encima de partidos y disputas electorales. Esa confianza corre peligro cuando son utilizadas como brazo cotidiano de una administración, cuando sus mandos defienden decisiones gubernamentales o cuando quedan involucradas en conflictos sociales y políticos.
Un Ejército respetado no necesariamente es un Ejército con más negocios y atribuciones. A veces sucede lo contrario.
También existen riesgos para los derechos humanos. La doctrina militar se basa en la neutralización de amenazas y en estructuras de mando donde la obediencia es fundamental. La seguridad ciudadana exige proporcionalidad, diálogo, investigación, uso gradual de la fuerza y protección de personas que, aun cuando sean sospechosas, conservan derechos.
Cuando una protesta, una comunidad o un barrio son tratados como territorio enemigo, aumenta la posibilidad de abusos.
Perú conoce ese peligro por su propia historia. Durante el conflicto interno de finales del siglo pasado se documentaron graves violaciones cometidas tanto por organizaciones terroristas como por agentes estatales. Décadas después, el despliegue militar durante protestas volvió a dejar muertos y heridos. Esos antecedentes explican la preocupación ante nuevas ampliaciones del papel castrense en asuntos internos.
Ecuador utilizó a sus fuerzas armadas para enfrentar organizaciones criminales que habían penetrado cárceles, puertos y territorios enteros. El Salvador recurrió al Ejército y a un régimen de excepción para desmontar el dominio de las pandillas. Ambos casos produjeron mejoras visibles en determinados indicadores de seguridad y una aceptación popular considerable, pero también denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, concentración de poder y debilitamiento de controles institucionales.
La discusión no puede resolverse negando los resultados que la población percibe. Sería absurdo pedir a una persona que vivía sometida a extorsiones o amenazas, que ignore el alivio obtenido porque el procedimiento genera dudas jurídicas. La seguridad es un derecho y los gobiernos tienen la obligación de recuperarla.
Pero tampoco puede aceptarse que el éxito inmediato justifique una excepción permanente.
Los estados de emergencia fueron diseñados para situaciones extraordinarias, no para convertirse en la forma habitual de gobernar. Si un país necesita suspender derechos, desplegar soldados y administrar su vida cotidiana bajo reglas excepcionales durante años, entonces no resolvió la crisis: simplemente la transformó en régimen político.
El verdadero objetivo no debería ser mantener indefinidamente a los militares en las calles, sino crear las condiciones para que puedan retirarse sin que regrese el caos.
Eso exige reconstruir policías profesionales, bien pagadas, evaluadas y sujetas a controles externos. Requiere ministerios públicos capaces de investigar, sistemas de inteligencia financiera, jueces protegidos frente a amenazas, prisiones sin autogobierno criminal y autoridades locales que no dependan de operativos federales para sobrevivir.
Nada de eso produce fotografías tan impactantes como un convoy militar. Tampoco ofrece resultados inmediatos ni discursos heroicos. Construir instituciones civiles exige años, presupuesto, capacitación y voluntad política. Es más lento que enviar soldados, pero es la única solución duradera.
La tentación militarista también suele esconder una coartada política. Ante la incapacidad gubernamental, desplegar al Ejército permite aparentar decisión. El presidente anuncia una guerra, declara una emergencia y promete recuperar el territorio. La responsabilidad por el fracaso se traslada después a los mandos, a la falta de facultades o a la supuesta debilidad de las leyes.
Mientras tanto, los problemas estructurales continúan intactos.
La militarización puede terminar beneficiando a políticos civiles que evitan asumir el costo de reformar policías, combatir la corrupción local o invertir en justicia. Es más sencillo ordenar un despliegue que depurar una corporación. Es más espectacular tomar una cárcel que impedir que vuelvan a entrar armas, dinero y teléfonos. Es más rápido enviar soldados a una frontera que construir controles migratorios y aduaneros profesionales.
Los civiles fracasan y después presentan a los militares como solución. Pero cada responsabilidad transferida representa también una confesión de incapacidad.
La región debe distinguir entre cooperación militar y sustitución institucional. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar en catástrofes, proteger infraestructura estratégica, intervenir temporalmente frente a amenazas extraordinarias y colaborar bajo mando civil. Lo que no deberían hacer es convertirse en policías permanentes, administradores generales, empresarios, constructores universales y garantes de todo aquello que el Estado civil dejó deteriorarse.
La clave está en los límites.
Toda intervención militar en seguridad interna debería tener una misión precisa, duración definida, controles legislativos, supervisión judicial, reglas claras sobre uso de la fuerza y una estrategia verificable de retiro. Sin esas condiciones, la emergencia se vuelve pretexto y la temporalidad se transforma en permanencia.
También debe existir transparencia sobre presupuestos, contratos y resultados. Las tareas relacionadas con seguridad nacional requieren cierto grado de reserva, pero esa reserva no puede utilizarse para ocultar compras, obras, empresas o decisiones administrativas. La disciplina militar no exime de rendir cuentas cuando se utilizan recursos públicos.
Ninguna institución debe quedar fuera del escrutinio democrático, precisamente porque todas pueden equivocarse.
La experiencia de países que han limitado con mayor claridad el papel interno de sus fuerzas armadas demuestra que la militarización no es el único camino disponible. No existe un modelo perfecto, pero sí una diferencia fundamental entre utilizar temporalmente al Ejército y convertirlo en la columna vertebral de toda la administración pública.
El debate tampoco debe reducirse a izquierda contra derecha. Gobiernos de todos los signos ideológicos han recurrido a los militares. Presidentes conservadores los utilizan para imponer orden y combatir el crimen; gobiernos de izquierda les entregan obras, empresas y funciones administrativas bajo el argumento de combatir la corrupción o acelerar proyectos.
La militarización no tiene ideología fija. Tiene una causa común: la debilidad del poder civil.
Cuando las instituciones civiles funcionan, los militares permanecen en las misiones que les corresponden. Cuando las policías, fiscalías y burocracias fracasan, los uniformados ocupan el espacio vacío. El problema es que el espacio cedido rara vez se recupera con facilidad.
No debe confundirse esta advertencia con antimilitarismo. Las fuerzas armadas son indispensables para la soberanía, la defensa y la atención de emergencias nacionales. Su disciplina, preparación y capacidad logística merecen reconocimiento. Precisamente por eso deben ser protegidas de la tentación gubernamental de utilizarlas para todo.
Convertirlas en remedio universal no las fortalece. Las sobrecarga, politiza y expone.
Un soldado no debería tener que sustituir al policía que nunca fue profesionalizado, al fiscal que no investiga, al aduanero que fue corrompido, al ingeniero que no recibió presupuesto ni al administrador civil que el gobierno desmanteló.
El uniforme no puede ser la respuesta automática frente a cada fracaso burocrático.
La democracia supone que quienes gobiernan están sometidos al voto, a la crítica, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Las instituciones militares, por su propia naturaleza, se organizan mediante jerarquía, disciplina, reserva y obediencia. Ambas lógicas pueden coexistir, pero no deben confundirse.
Cuando el poder civil entrega demasiadas funciones a estructuras diseñadas para obedecer y ejecutar, también reduce los espacios para debatir, supervisar y cuestionar.
América Latina ya conoció gobiernos militares y pagó costos enormes para recuperar la democracia. La amenaza actual no necesariamente adopta la forma de tanques frente al palacio presidencial. Puede aparecer gradualmente, mediante decretos, convenios, empresas públicas y estados de excepción. Los presidentes siguen siendo civiles, los congresos continúan sesionando y las elecciones se celebran, pero el funcionamiento cotidiano del Estado depende cada vez más de quienes portan uniforme.
No es una dictadura militar. Es una democracia civil sostenida por una estructura castrense cada vez más indispensable.
Y eso también debe preocuparnos.
Las fuerzas armadas pueden auxiliar al Estado, pero no sustituirlo. Pueden enfrentar una emergencia, pero no administrar eternamente sus consecuencias. Pueden recuperar temporalmente una calle, una prisión o una frontera, pero corresponde a las instituciones civiles conservarlas bajo la ley.
Cuando un gobierno entrega seguridad, inteligencia, cárceles, fronteras, aduanas, puertos, aeropuertos, empresas y obras públicas a los militares, no está demostrando la grandeza de sus generales. Está confesando el fracaso de sus civiles.
Y una democracia que necesita permanentemente a los uniformados para funcionar corre el riesgo de conservar autoridades civiles solamente en las fotografías.
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