Abro X y lo primero que leo es una publicación de una periodista aparentemente sorprendida por “la rapidez a que la Comisión de Quejas y denuncias del transformado @INEMexico atiende las denuncias de @PartidoMorenaMx en contra de @alitomorenoc y @PRI_Nacional”.
Ante esto, un experto en la materia, Santiago Chablé le responde que “Las medidas cautelares deben atenderse a la brevedad una vez que se admite la queja por parte de la UTCE del @INEMexico”. En efecto, la UTCE debe admitir o desechar la denuncia en 24 horas —salvo que requiera diligencias preliminares— y, si considera necesarias medidas cautelares, proponerlas a la Comisión dentro de las 48 horas siguientes a la admisión. Recibido el proyecto, la Comisión cuenta con 24 horas para resolver (artículos 471 de la LGIPE y 40 y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE). Desde que existe el procedimiento especial sancionador se ha pensado como un procedimiento expedito para evitar que las infracciones electorales vinculadas con la propaganda electoral vulneren de manera irreparable las condiciones de equidad y otros principios del proceso electoral. No es extraordinaria esta rapidez. El periodismo electoral lo sabe.
Entonces ¿qué estamos viendo aquí?
El viernes pasado iniciamos en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral un curso que nos imparte el Dr. Frederico Franco Alvim, jefe de la Asesoría Especial de Enfrentamiento a la Desinformación del Tribunal Superior Electoral de Brasil sobre “Nuevas tecnologías, amenazas híbridas y otros retos de la gobernanza electoral”.
Como es sabido, Brasil ha estado en el ojo del huracán por su mano firme frente a la desinformación electoral. Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral entre 2022 y 2024, adquirió proyección internacional al ordenar la suspensión temporal de Telegram y X por incumplir resoluciones judiciales. En 2025, la administración Trump le revocó la visa y le impuso sanciones económicas bajo el régimen Global Magnitsky, aunque estas últimas fueron retiradas en diciembre de ese mismo año.
Con ese contexto, ha resultado sumamente interesante escuchar al doctor Alvim sobre los problemas que enfrenta la justicia electoral en aquel país frente a las llamadas milicias digitales. Particularmente queremos resaltar el problema del columnismo anti-institucional. Ante el fuerte papel que ha mostrado la justicia electoral brasileña para frenar la desinformación, una parte importante de la opinión pública construyó la imagen del Tribunal Superior Electoral y del Supremo Tribunal Federal como dos órganos con poderes extralimitados en una aparente dictadura.
Los encabezados han presentado sus decisiones como manifestaciones de un régimen de excepción y no como resoluciones discutibles de un órgano jurisdiccional. Gazeta do Povo, por ejemplo, tituló: “Prensa bajo censura: la dictadura de la toga avanza a petición del PT” y publicó también una “Guía rápida sobre la censura del Supremo Tribunal de Brasil”; Glenn Greenwald escribió en Folha de S. Paulo que “Moraes no tiene autoridad legal para ordenar censura”; y Marco Antonio Sabino llevó la analogía todavía más lejos al titular en UOL: “El AI-5, Moraes y el poder por el miedo”, asociando desde el encabezado la actuación del ministro con el instrumento más emblemático de la represión durante la dictadura militar brasileña.
Los títulos no hablan de medidas posiblemente desproporcionadas, investigaciones excesivamente largas o tensiones entre libertad de expresión e integridad electoral, sino que acusan directamente a las autoridades de censura, dictadura judicial y magistrados que resuelven fuera del marco constitucional. El problema insistimos no es la crítica, sino que el encuadramiento periodístico las transforma en una explicación totalizante, maniquea y alarmista en la que cualquier regulación a la libertad de expresión es censura y cualquier sanción persecución política. Así, la crítica legítima a las autoridades se convierte en una narrativa escatológica donde la democracia brasileña sencillamente fue reemplazada por una dictadura judicial.
Nos explicó el profesor Alvim que el columnismo anti-institucional no necesita fabricar hechos falsos. Su eficacia está en la visibilidad, el tono y el encuadramiento de acontecimientos verdaderos. Para ello puede seleccionar el ángulo más perjudicial; emplear palabras e imágenes emocionalmente cargadas; saturar la agenda mediante la repetición de determinados temas; reducir conflictos complejos a una oposición maniquea; omitir información contextual; escoger únicamente los datos compatibles con una narrativa previa; recurrir selectivamente a especialistas, testimonios anecdóticos o estadísticas presentadas de forma sesgada; formular preguntas que contienen anticipadamente la respuesta; establecer falsas equivalencias y convertir episodios marginales en acontecimientos aparentemente decisivos.
¿Les resulta familiar?
Volvamos al tuit del inicio: a partir de un hecho cierto —que la Comisión de Quejas resolverá con rapidez una solicitud de medidas cautelares— se construye una nota con encuadre de suspicacia. La publicación omite que la celeridad no constituye una concesión a Morena, sino una exigencia legal propia de la naturaleza urgente de estas medidas. La referencia al supuesto INE “transformado” insinúa que una actuación ordinaria se presenta como indicio de parcialidad institucional que antes no existía aparentemente. Es un ejemplo de omisión contextual, acompañada de lenguaje cargado y relevancia artificialmente fabricada.
¿Se presenta para dañar a la institución o simplemente se sigue la inercia de la narrativa escatológica o como llamamos la semana pasada apocalíptica predominante? Que cada uno llegue a sus propias conclusiones, pero insistimos esto no es un hecho aislado, parece formar parte de un género literario de cierto tipo de agenda mediática de nuestro país que coincide con lo que pasa en Brasil.
Veamos cinco de los ejemplos más extremos de cómo una parte del columnismo mexicano ha sustituido la crítica institucional por una narrativa de defunción democrática:
1. Emilio Rabasa Gamboa tituló una de sus columnas “El sepelio de la democracia mexicana”. No fue solamente una metáfora en el encabezado: en el texto aparecen el ataúd, los clavos, los enterradores, el cementerio y hasta una lápida con la inscripción “Aquí yace la democracia mexicana (1977-2024)”. Consejerías del INE, magistraturas electorales y actores políticos ya no son autoridades cuyas decisiones pueden discutirse y se convierten en participantes del entierro simbólico de la democracia.
2. Macario Schettino eligió un título aparentemente más sobrio: “Todo se acaba”. Sin embargo, la primera frase despeja cualquier duda: “La República ha llegado a su fin”. La validación de la elección judicial por el Tribunal Electoral se presenta como la destrucción de la división de poderes, la culminación de un golpe de Estado y la prueba de que el gobierno entero es ilegal e ilegítimo. Para completar el cuadro, México aparece colocado en la misma trayectoria de Venezuela y Bolivia.
3. Denise Dresser recurrió en “Correas cómplices” a una estrategia todavía más preocupante: la animalización. Tres magistraturas del Tribunal Electoral aparecen con correa y bozal, domesticados por el poder, esperando un plato de croquetas y dispuestos a lamerle los pies a la Presidencia. Ya no estamos frente a una discusión sobre las razones de una sentencia, sino ante la degradación personal de quienes la emitieron.
4. Ricardo Alemán anunció desde el encabezado: “¡AMLO ordenó el golpe de Estado!”. En unas cuantas líneas acumula casi todo el vocabulario disponible para anunciar el apocalipsis político: golpe mortal, atrocidad, sátrapa, muerte de la democracia, dictadura y poder absoluto. Remata con una pregunta que contiene su propia respuesta: “¿Qué más tiene que pasar para entender que vivimos en dictadura?”.
5. Enrique Krauze organizó una “tetralogía trágica”: “prostitución de la democracia”, “corrupción del voto”, “fin de la justicia” y “muerte de la República”. La acumulación no deja espacio para matices: no hubo una elección deficiente, cuestionable o necesitada de correcciones, sino una vejación de la democracia, un simulacro electoral, la destrucción de dos siglos de tradición jurídica y el entierro de la república.
Y ojo, no confundamos la crítica fuerte, incómoda y vigorosa a la que pueden ser objeto de crítica las instituciones públicas y sus personas servidoras públicas en un marco de protección reforzada y de máxima libertad de expresión. Pero estos estándares internacionales y constitucionales no deben servir de pretexto para no exigir también rigurosidad y estándares éticos a la prensa.
La filósofa Zeynep Soysal ha sostenido que la función del periodismo de opinión no debería ser fabricar certezas, sino ayudar al público a conservar una “incertidumbre apropiada” frente a cuestiones que la evidencia aún no permite resolver de manera concluyente. El problema surge cuando, con el propósito de persuadir, movilizar o atraer lectores, las y los columnistas simplifican las controversias y formulan sus conclusiones con una contundencia mayor de la que permiten los hechos. Soysal relaciona esta dinámica con lo que Jeffrey Berry y Sarah Sobieraj denominan outrage industry o “industria de la indignación”: un modelo que recompensa las narrativas alarmistas, los personajes convertidos en villanos y las apelaciones emocionales. En ese ecosistema, una sentencia discutible se transforma en un “golpe de Estado” y una reforma cuestionable en la “muerte de la democracia”. La opinión no ayuda a comprender sino que explota la indignación de la certeza que aparentemente presenta.
Dejemos esta ingenuidad y romantización de los medios y su poder fáctico. Defender enérgicamente la libertad de prensa no obliga a guardar silencio frente a sus abusos ni convierte toda crítica a los medios en censura. Nombrar la omisión contextual, la manipulación emocional o la deslegitimación sistemática de las instituciones también es una forma de defender la democracia. El intento de golpe de Estado posterior a las elecciones brasileñas de 2022 no surgió espontáneamente, sino que estuvo precedido por una sistemática campaña de desinformación y descrédito contra las autoridades electorales, amplificada mediante redes de comunicación digital. La democracia se pone en entredicho tanto cuando el poder público silencia a la prensa como cuando el poder mediático pretende quedar exento de toda crítica y responsabilidad a favor de ciertas agendas.