Estos últimos días much@s han salido a lamentar la aparente nueva y fatal “crisis de credibilidad” del INE y del Tribunal Electoral. Qué desesperante la falta de memoria de la comentocracia y su deficiente capacidad de poner las cosas en su justa dimensión y hacer análisis político serio, riguroso y responsable.
Y a ver, no es que las instituciones no tengan una crisis de confianza y legitimidad, el tema es ¿cuándo no la han tenido? Basta un sencillo y rápido ejercicio de revisión bibliográfica y hemerográfica para mostrar el eterno retorno de una narrativa apocalíptica insostenible a la luz de las contradicciones y tensiones del discurso público que ha girado históricamente en torno a ambas instituciones.
La creación del IFE en 1990 buscó legitimar la organización de los procesos electorales después de la llamada caída del sistema de 1988. Nació en medio de una de las mayores crisis de legitimidad del régimen político. Se pensó que, en automático, como por arte de magia, bastaba crear una organización que formalmente no formara parte de la estructura gubernamental para que todo mundo creyera en los procesos electorales. No vamos a negar que ayudó al profesionalizarse y blindarse múltiples aspectos de la organización electoral en la dirección de consejerías ciudadanías en apariencia puras e inmaculadas: se hizo un padrón electoral sólido y depurado, credencial para votar con fotografía cada vez con mayor número de candados, boletas electorales infalsificables, tinta indeleble, y por si fuera poco, todo un sistema de medios de impugnación para controvertir cada uno de los actos y etapas de las elecciones.
Sin embargo, una de las lecciones más elementales de las humanidades y las ciencias sociales es que la ingeniería constitucional, por sí sola, no basta para transformar la cultura política de un país. Es decir, sus percepciones, prácticas, símbolos e imaginarios. Sin mencionar el gran mito tecnocrático sobre el que se construyó este modelo de autoridad electoral: la idea, hace tiempo puesta en entredicho, de que existen decisiones puramente técnicas, neutrales y capaces de mantenerse al margen de la política. Que si me lo preguntan aquí esta el fondo de la cuestión.
Pero por un lado, cierto grupo de académicos y comentócratas parece instalado en una suerte de disonancia argumentativa. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Lorenzo Córdova. Antes de ser consejero electoral fue un crítico importante de las instituciones electorales y de varios de los problemas que atravesaban. Coordinó incluso varios libros en esa tónica con Pedro Salazar desde Jurídicas de la UNAM. Sin embargo, durante su paso por el cargo y, sobre todo, después de su salida del INE, fue adoptando y reforzando una narrativa marcada por una clase de nostalgia hacia el pasado, un pasado perteneciente a una “época gloriosa” de las instituciones electorales. En el relato que no deja de reproducir acríticamente Córdova y su grupo político, con su salida del Instituto, pareciera que de pronto llegó el “mal y la oscuridad”; como si buena parte de los problemas que hoy denuncia no hubieran existido antes y el presente representara, ahora sí, una suerte de acabose institucional.
Pero hay análisis académicos que permiten mirar este relato con distancia crítica. Raúl Benítez Manaut, en su estudio sobre las elecciones presidenciales de 1994, aborda el clima de desconfianza y tensión política que rodeó aquel proceso. Una década después, María del Pilar Hernández, en Reestructuración de los organismos electorales en México (2004), advertía que los constantes rediseños de las instituciones electorales respondían muchas veces a presiones políticas coyunturales, más que a un proceso continuo de consolidación democrática.
Cuando entré a la Coordinación de Jurisprudencia del TEPJF, en 2009, recuerdo perfecto que todavía estaba muy viva la fuerte desconfianza hacia la institución después de la calificación de la controvertida elección presidencial de 2006. Para un amplio sector de la población, aquella elección debió anularse ante el cúmulo de irregularidades denunciadas y, sobre todo, frente a una diferencia de apenas 0.56% entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. El IFE tampoco salió bien librado. La decisión de no dar a conocer los resultados del conteo rápido la noche de la jornada electoral —uno de los episodios más cuestionados de la gestión de Luis Carlos Ugalde quien sigue la misma lógica discursiva de Lorenzo— abrió un enorme espacio para la especulación y profundizó la desconfianza que marcaría los años siguientes. ¿Nueva la crisis de credibilidad de las autoridades electorales? Por favor.
La literatura académica de aquellos años da cuenta de ese problema. Gustavo Ernesto Emmerich, en Las elecciones de 2006 y su impacto sobre la democracia en México (2006), documentó que “la manera en que esto fue manejado por el IFE despertó muchas suspicacias” la misma noche electoral, y que según sondeos “hasta el 41% de la población consideraba viciada la elección”. Ese mismo año, Eisenstadt y Poiré, en Explaining the Credibility Gap in Mexico’s 2006 Presidential Election, advirtieron antes del 2 de julio que el IFE había “perdido algo de su credibilidad en la designación de su nuevo Consejo General post-2003, sin la aprobación del PRD de López Obrador”, y que el TEPJF ya era acusado “de emitir veredictos subjetivos y posiblemente partidistas” (Tabasco 2001, Colima 2004). Por su parte Alberto Aziz Nassif, en “El retorno del conflicto” (Desacatos, núm. 24, 2007), planteó que “las reglas electorales y el comportamiento de los actores fueron los principales disparadores de un escenario conflictivo que regresó después de varios años de una compleja construcción institucional”.
Vámonos ahora a 2012. Un solo caso basta: Monex. ¿Ya se olvidaron también del movimiento #YoSoy132? Sobre aquella elección, Willibald Sonnleitner, Arturo Alvarado y Luis Ignacio Sánchez hablaron de la “paradoja mexicana” identificaron que en 2012 “los cuestionamientos más preocupantes... provienen de las mismas élites y permean toda la clase política”, y que los partidos son simultáneamente creadores del marco jurídico y “los que pueden violar las leyes electorales impunemente”.
Vayámonos a la reforma de 2014. Hoy hacen todo un escándalo con la reforma judicial, pero parece que ya se olvidaron de aquella que transformó al IFE en INE en una coalición también de tres partidos. En ese momento, varios de los consejeros cabildearon con los partidos del Pacto por México para mantenerse en el cargo. Lorenzo Córdova no sólo permaneció en el nuevo Instituto, sino que terminó como consejero presidente. María Marván Laborde, en cambio, vio interrumpido el periodo de nueve años para el que había sido nombrada. No recuerdo que ellos señalaran tal hecho. Parece que cuando los cambios institucionales benefician, la crítica pierde intensidad.
¿Y por qué se hizo aquella reforma? Entre otras cosas, para atender la también entonces llamada “crisis de credibilidad” de los institutos electorales locales. Se creyó, con una ingenuidad parecida a la de 1990, que si el nuevo INE y sus ahora once consejerías elegían a los consejeros locales, buena parte de los problemas de desconfianza desaparecerían. No fue así.
Veamos nada más lo que decían los encabezados de las notas periodísticas sobre el primer proceso en el que le tocó al INE de Córdova hacer aquellas supuestamente inmaculadas designaciones:
- “Defiende Córdova proceso de selección de consejeros para Oples” (La Jornada, 22 de octubre de 2014).
- “Rechaza INE elección de consejeros electorales por presiones” (El Universal, 23 de octubre de 2014).
- “INE niega que sea un error la elección de integrantes de los OPLEs” (Noticias MVS, 16 de octubre de 2014).
- “Entre cuestionamientos, INE prevé aprobar hoy a 126 consejeros de Oples” (Jornada, 30 de septiembre de 2014).
- “Denuncian opacidad en el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales estatales” (Animal político, 17 de septiembre de 2014)
Los datos también reflejan lo insostenible de la supuesta novedad de la crisis. Raymundo Yunuen Ortega Ortiz y María Fernanda Somuano Ventura, en Confianza y cambio político en México: Contiendas electorales y el IFE (2015), analizaron precisamente la evolución de la confianza en el Instituto a partir de la evidencia disponible y de información recabada específicamente para su estudio. Pérez-Verduzco, con datos del Latinobarómetro 2015-2018 (“Confianza en el INE mexicano: una perspectiva comparada”, Reflexión Política, 45, 2020), demostró que “la confianza de los mexicanos hacia la autoridad electoral ha disminuido a pesar de confiar más en ella que en el gobierno, congreso o los partidos políticos”.
No se me malentienda. No estamos cuestionando la crítica legítima a las autoridades y del obligado examen público que debe existir a cada una de sus determinaciones. Pero una cosa es la crítica y otra construir un escenario apocalíptico irresponsable que lejos de contribuir a la comprensión del fenómeno electoral terminan dañando más a las instituciones en un ánimo que parece más de golpismo que de crítica constructiva y análisis riguroso de las instituciones que irónicamente solo defienden en sus eruditas abstracciones.
Quizá sea momento de que buena parte de la comentocracia reconozca la incoherencia de esa narrativa, si de verdad lo que interesa es el bien de las instituciones y del país. También tenemos que aceptar que llevamos décadas ensayando una fórmula que no ha dado los resultados que prometía, construida sobre una gran ficción: que es posible separar la función electoral de la política.
El problema de fondo ha sido creer que los árbitros, casi por arte de magia, podían resolver desde una supuesta neutralidad técnica problemas que pertenecen también al terreno de la política. Cosa que contrario a lo sostenido en este paradigma desde los 90 no es ni antidemocrático ni inmoral, pero es un problema que ni siquiera se atreven a pensar. O reconocemos esta realidad y discutimos seriamente cómo abordarla, o seguimos añorando un pasado idealizado que, en realidad, nunca existió.