México puede cerrar sus fronteras a una intervención extranjera, rechazar presiones de Washington, levantar la voz en defensa de su independencia y proclamar desde Palacio Nacional que nuestra soberanía no se negocia. Pero hay algo que no puede hacer con discursos: mantener encendidas sus fábricas, funcionando sus industrias y generando electricidad si un día Estados Unidos decide cerrar las válvulas del gas que nos vende. Ésa es una de las contradicciones más peligrosas de nuestro país. Nos enorgullecemos de nuestra independencia energética mientras aproximadamente tres cuartas partes del gas natural que consumimos llegan desde territorio estadounidense. Y ahora que Donald Trump pretende utilizar nuevamente el comercio, las inversiones y los suministros estratégicos como instrumentos de presión, convendría preguntarnos cuánto vale una soberanía cuya infraestructura productiva depende de que nuestro principal socio comercial mantenga abiertos los ductos.
La pregunta dejó de ser exclusivamente económica. En medio de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, han surgido señalamientos sobre el interés de Trump en ampliar los acuerdos energéticos con empresas estadounidenses y aumentar nuestras compras de gas natural. No se trata simplemente de vendernos más combustible. En una relación bilateral donde el presidente estadounidense ha demostrado disposición a mezclar aranceles, migración, seguridad, inversiones y decisiones políticas, la energía se convierte en una pieza particularmente delicada. Porque una cosa es negociar las condiciones de una compraventa entre países vecinos y otra muy distinta es descubrir que el suministro indispensable para nuestra economía puede formar parte de un paquete de exigencias políticas.
México ha construido durante décadas buena parte de su identidad nacional alrededor de la soberanía energética. La expropiación petrolera de 1938 sigue ocupando un lugar central en nuestra memoria histórica, y con razón. Lázaro Cárdenas tomó una decisión que transformó la relación entre el Estado mexicano, sus recursos naturales y las compañías extranjeras. Aquello significó mucho más que un cambio de propietarios: fue una afirmación de autoridad nacional frente a intereses que habían adquirido un enorme poder sobre una actividad estratégica. Sin embargo, casi noventa años después, convendría reconocer que las condiciones del mundo energético son profundamente distintas y que la independencia no puede medirse únicamente por quién posee las instalaciones o por el nombre de la empresa encargada de operarlas.
El petróleo conserva importancia, pero el gas natural se ha convertido en uno de los combustibles fundamentales para el funcionamiento de la economía contemporánea. Alimenta centrales eléctricas de ciclo combinado, abastece procesos industriales y resulta indispensable para actividades manufactureras cuya competitividad depende de contar con energía suficiente, continua y razonablemente barata. Buena parte de la producción que México presume como muestra de su fortaleza exportadora necesita precisamente ese combustible. Automóviles, autopartes, acero, vidrio, productos químicos, alimentos y numerosas actividades industriales dependen, directa o indirectamente, de una infraestructura energética que no puede interrumpirse sin consecuencias considerables.
Lo paradójico es que México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, fundamentalmente de Estados Unidos. Esa proporción revela una dependencia estructural que se ha profundizado durante años, incluso mientras distintos gobiernos proclamaban sus respectivas estrategias de soberanía energética. Nuestra producción nacional resulta insuficiente frente a una demanda que ha crecido con la expansión industrial y eléctrica. Y cuanto más gas utilizamos para generar electricidad, más importante se vuelve garantizar que ese suministro no dependa excesivamente de decisiones, condiciones climáticas o acontecimientos ocurridos fuera de nuestro territorio.
Sería injusto atribuir toda esta situación a un solo gobierno. La dependencia se construyó durante varias administraciones, bajo distintas políticas y con argumentos que en su momento parecían económicamente razonables. Estados Unidos desarrolló una extraordinaria capacidad de producción de gas, particularmente mediante la explotación de yacimientos no convencionales, y México encontró al otro lado de la frontera un combustible relativamente barato, abundante y geográficamente cercano. Importarlo permitió ampliar la generación eléctrica, abastecer industrias y aprovechar ventajas competitivas que contribuyeron al crecimiento de numerosas regiones del país. Negar esos beneficios sería tan equivocado como ignorar los riesgos que hoy acompañan a esa misma dependencia.
El problema no consiste, por tanto, en comprar gas estadounidense. Tampoco en comerciar intensamente con nuestro vecino. La integración energética puede resultar conveniente para ambas naciones y constituye una realidad difícilmente reversible en el corto plazo. El verdadero problema aparece cuando una parte tan importante de nuestra capacidad productiva depende de un solo proveedor externo y cuando carecemos de suficientes mecanismos para enfrentar una interrupción prolongada. Hay una diferencia fundamental entre aprovechar las ventajas del comercio internacional y colocarse en una situación donde cualquier alteración del suministro puede comprometer actividades esenciales.
Ya conocemos algunas consecuencias. En febrero de 2021, una tormenta invernal extraordinaria en Texas afectó la producción y distribución de gas natural, provocó restricciones de suministro y contribuyó a interrupciones eléctricas en distintas regiones mexicanas. Aquella crisis demostró que no hace falta una decisión política deliberada para que nuestra dependencia se convierta en vulnerabilidad. Basta una emergencia climática, una falla en la infraestructura o una alteración importante del mercado. Más recientemente, problemas técnicos y trabajos de mantenimiento en gasoductos estadounidenses volvieron a obligar a nuestras autoridades energéticas a instrumentar medidas para evitar afectaciones mayores. La experiencia debería ser suficientemente aleccionadora.
Ahora imaginemos un escenario distinto. No una tormenta ni una avería, sino una controversia política grave entre ambos gobiernos que coincidiera con restricciones de suministro, aumentos extraordinarios de precios o exigencias comerciales difíciles de aceptar. Nadie necesita afirmar que Trump haya decidido cerrar los gasoductos para comprender el riesgo. Basta reconocer que una dependencia de semejante magnitud reduce nuestras alternativas y, por tanto, puede limitar nuestro margen de negociación. En las relaciones internacionales, el poder no siempre se ejerce mediante amenazas explícitas. También se manifiesta cuando una parte sabe que la otra dispone de pocas opciones para satisfacer necesidades indispensables.
Conviene recordar además que Trump ha demostrado una particular inclinación a vincular asuntos que tradicionalmente podían negociarse por separado. Los aranceles dejan de ser instrumentos exclusivamente comerciales cuando se utilizan para exigir decisiones migratorias o de seguridad. Las inversiones dejan de discutirse solamente por su rentabilidad cuando aparecen asociadas a condiciones políticas. Y los suministros energéticos pueden adquirir una dimensión estratégica adicional cuando forman parte de una negociación sobre el conjunto de la relación bilateral. México tiene que comprender esa lógica sin caer en alarmismos, pero también sin ingenuidad.
Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse a repetir que el petróleo y la electricidad pertenecen a la nación. El verdadero ejercicio de la soberanía energética exige capacidad de producir, transportar, almacenar y distribuir la energía que necesitamos. Exige también diversificar fuentes de abastecimiento, aumentar la eficiencia del consumo, desarrollar infraestructura y establecer condiciones que permitan inversiones suficientes. De poco sirve que una empresa sea formalmente propiedad del Estado si carece de recursos, tecnología o capacidad para proporcionar oportunamente aquello que el país demanda.
Eso no significa renunciar a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad. Ambas instituciones cumplen funciones estratégicas que deben preservarse y fortalecerse. Pero fortalecerlas no equivale a protegerlas de cualquier evaluación crítica ni a suponer que pueden resolver solas todas las necesidades energéticas del país. Una empresa pública se fortalece cuando mejora su eficiencia, reduce pérdidas, moderniza instalaciones, invierte productivamente y ofrece resultados verificables. No cuando su importancia histórica se utiliza para justificar indefinidamente deficiencias operativas o decisiones financieras que terminan trasladando costos a toda la sociedad.
Tampoco debería convertirse la participación privada en una discusión ideológica interminable. Lo relevante es establecer con claridad qué actividades deben permanecer bajo control estatal, cuáles pueden beneficiarse de asociaciones y bajo qué condiciones resulta conveniente atraer capital, tecnología y experiencia especializada. La inversión privada no constituye por sí misma una amenaza a la soberanía, como tampoco garantiza automáticamente eficiencia o beneficios sociales. Todo depende de las reglas, la regulación, los contratos, la competencia, la transparencia y la capacidad del Estado para orientar el desarrollo energético conforme al interés nacional.
México necesita superar esa falsa alternativa entre monopolio estatal e irrestricta apertura privada. Hay numerosos modelos posibles de colaboración, y corresponde evaluar cuáles ofrecen mejores resultados sin comprometer funciones estratégicas ni entregar decisiones fundamentales sobre el abastecimiento nacional. La discusión debe centrarse en producir más energía, reducir vulnerabilidades, garantizar precios competitivos y ofrecer certidumbre a quienes invierten y trabajan en el país. Lo demás puede resultar políticamente atractivo, pero no necesariamente enciende una sola turbina.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido expresamente el tamaño de nuestra dependencia del gas estadounidense y ha planteado una estrategia para reducirla. Su gobierno anunció proyectos para ampliar y modernizar gasoductos, fortalecer la producción nacional y desarrollar fuentes renovables de electricidad. Es positivo que el problema se reconozca y que existan planes de inversión. Pero también conviene recordar que México ha conocido demasiados anuncios energéticos cuyos resultados quedaron por debajo de las expectativas. Esta vez será indispensable establecer metas comprobables, presupuestos realistas, calendarios de ejecución y mecanismos de evaluación que permitan distinguir entre proyectos efectivamente realizados y compromisos que permanecen sobre el papel.
Uno de los debates más complejos gira alrededor de la explotación de gas no convencional. Estados Unidos ha desarrollado buena parte de su extraordinaria producción mediante técnicas de fracturación hidráulica, conocidas como fracking, que permiten extraer hidrocarburos de formaciones geológicas donde los procedimientos tradicionales resultan insuficientes. México cuenta con recursos potenciales de esa naturaleza, pero su aprovechamiento plantea desafíos ambientales particularmente delicados, relacionados con el uso del agua, el manejo de sustancias, las emisiones y los efectos sobre las comunidades. No sería responsable presentar esa técnica como solución milagrosa ni descartarla sin examinar rigurosamente las condiciones científicas, tecnológicas, económicas y ambientales.
Existe, además, una contradicción que merece reconocerse: México consume grandes cantidades de gas producido en Estados Unidos mediante métodos que aquí suscitan resistencia por sus posibles efectos ambientales. Esto no significa que debamos reproducir automáticamente esas prácticas. Significa que necesitamos discutir con seriedad qué combinación de producción convencional, posible aprovechamiento de recursos no convencionales, energías renovables, almacenamiento y eficiencia puede ofrecer mejores resultados. Importar un combustible no elimina su impacto ambiental; simplemente puede trasladar una parte de ese impacto al país donde se produce.
Por eso las energías renovables deben ocupar un lugar central dentro de cualquier estrategia seria de independencia energética. México dispone de condiciones extraordinarias para desarrollar generación solar y eólica en diversas regiones, además de oportunidades en geotermia y otras tecnologías. Cada proyecto renovable económicamente viable que reduzca la necesidad de quemar gas importado representa una contribución a nuestra seguridad energética. Pero tampoco conviene imaginar que basta instalar paneles solares o aerogeneradores para sustituir inmediatamente toda la generación convencional. Se requieren redes modernas, capacidad de transmisión, sistemas de almacenamiento, respaldo eléctrico y mecanismos que permitan mantener la estabilidad del suministro cuando las condiciones naturales cambien.
La soberanía energética del siglo XXI no puede construirse exclusivamente con petróleo ni exclusivamente con energía renovable. Necesita una combinación inteligente de tecnologías, recursos e infraestructura. Requiere aprovechar mejor aquello que poseemos, comprar de manera estratégica lo que resulte conveniente importar y evitar que una sola fuente o un solo país concentren una proporción excesiva de nuestras necesidades esenciales. La diversificación no significa necesariamente dejar de comprar gas estadounidense, sino asegurarnos de que México cuente con alternativas suficientes para enfrentar emergencias y negociar desde una posición menos vulnerable.
El almacenamiento merece especial atención. Una nación que depende intensamente del gas natural necesita reservas operativas capaces de amortiguar interrupciones del suministro. México mantiene limitaciones importantes en infraestructura de almacenamiento estratégico, lo que incrementa su exposición a acontecimientos externos. Construir esa capacidad requiere inversiones considerables y decisiones de largo plazo que difícilmente producirán resultados políticos espectaculares en el corto plazo. Sin embargo, precisamente ahí se distingue la planeación responsable de la improvisación: los gobiernos deben invertir también en aquello que quizá nunca necesite utilizarse, pero cuya ausencia podría resultar devastadora durante una emergencia.
Hay igualmente una relación directa entre seguridad energética y desarrollo industrial. México pretende aprovechar la reorganización de las cadenas internacionales de suministro, atraer empresas que buscan producir más cerca del mercado norteamericano y aumentar el valor agregado de sus exportaciones. Pero ningún proyecto de relocalización industrial puede consolidarse si no dispone de electricidad suficiente, agua, infraestructura logística y trabajadores capacitados. La energía no es un asunto aislado que corresponda exclusivamente a especialistas o empresas del sector. Es una condición fundamental para generar empleos, incrementar productividad y sostener oportunidades de movilidad social.
En ese sentido, también debemos preguntarnos qué sucede con las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con recursos para enfrentar aumentos importantes en los costos de electricidad o interrupciones del suministro. Las grandes corporaciones pueden disponer de contratos especializados, sistemas de respaldo y capacidad financiera para absorber contingencias. Un taller, una pequeña fábrica, una empresa agroindustrial o un establecimiento comercial difícilmente poseen las mismas herramientas. Cuando falla el abastecimiento energético, las consecuencias no se distribuyen de manera equitativa. Los sectores más vulnerables suelen enfrentar mayores dificultades para resistirlas.
Por eso la seguridad energética es también una cuestión social. No se trata únicamente de garantizar combustible a las grandes industrias o electricidad a los complejos manufactureros. Se trata de proteger empleos, impedir que los costos extraordinarios terminen trasladándose a los consumidores y asegurar que las comunidades cuenten con servicios indispensables. Una interrupción importante del suministro eléctrico afecta hospitales, sistemas de agua potable, transporte, telecomunicaciones, refrigeración de alimentos y múltiples actividades cotidianas. La soberanía energética pierde sentido si no se traduce finalmente en seguridad y bienestar para la población.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia ante la revisión del T-MEC. México necesita preservar el tratado, defender sus intereses y mantener una relación comercial estable con Estados Unidos y Canadá. Pero también debe comprender que la integración económica y la autonomía estratégica no son conceptos incompatibles. Podemos mantener un comercio intenso con nuestros socios y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades nacionales que reduzcan riesgos. De hecho, una economía mexicana más sólida, con mejor infraestructura energética, mayor productividad y suministro confiable, resultaría igualmente beneficiosa para numerosas empresas estadounidenses y canadienses que producen e invierten aquí.
No se trata de sustituir una dependencia por un aislamiento que terminaría perjudicándonos. El nacionalismo energético entendido como autosuficiencia absoluta puede resultar tan poco realista como aceptar pasivamente cualquier dependencia externa. Casi todas las economías modernas participan en complejas redes internacionales de suministro. Lo importante es administrar sus vulnerabilidades, disponer de alternativas y evitar que los recursos indispensables se transformen en instrumentos de presión política. La verdadera independencia no consiste en producir absolutamente todo dentro de las fronteras, sino en conservar suficiente capacidad de decisión cuando las condiciones internacionales cambien.
La relación con Estados Unidos seguirá siendo esencial para México. No hay razón económica para renunciar a las ventajas de comprar gas competitivo cuando resulte conveniente hacerlo. Pero sí hay razones estratégicas para evitar que esa conveniencia se convierta en necesidad irreversible. La cercanía geográfica puede ser una fortaleza extraordinaria, siempre que no termine confundida con una obligación de dependencia permanente. Y cuanto más imprevisible resulte la política comercial estadounidense, mayor importancia adquiere desarrollar capacidades propias.
Tampoco podemos seguir utilizando la palabra soberanía como si poseyera poderes mágicos. La soberanía no produce electricidad, no construye gasoductos, no descubre yacimientos, no financia proyectos, no capacita técnicos ni moderniza redes de transmisión por el simple hecho de invocarla. Todo eso exige trabajo, recursos, conocimientos, instituciones capaces y decisiones sostenidas durante muchos años. Las declaraciones pueden expresar una voluntad política; los resultados son los que finalmente demuestran si esa voluntad se convirtió en capacidad real.
México tiene universidades, centros de investigación, ingenieros, técnicos, trabajadores especializados y empresas capaces de participar en una transformación energética mucho más ambiciosa. Necesitamos vincular ese talento con proyectos productivos, fortalecer la formación técnica, actualizar competencias laborales y desarrollar tecnologías que permitan utilizar la energía de manera más eficiente. La independencia energética también se construye en laboratorios, centros de capacitación, plantas industriales y aulas donde se preparan quienes habrán de operar los sistemas del futuro. Sin capital humano suficiente, incluso las inversiones más grandes pueden terminar enfrentando limitaciones.
El gobierno federal tiene la responsabilidad de establecer una estrategia coherente y de largo plazo, pero esa tarea no puede quedar restringida a una sola administración. La energía requiere decisiones cuyo horizonte rebasa los sexenios. Un gasoducto, una central eléctrica, un sistema de almacenamiento o una nueva infraestructura de transmisión demandan estudios, permisos, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Cambiar radicalmente las reglas cada seis años encarece proyectos, desalienta inversiones y dificulta construir la capacidad que el país necesita. México requiere continuidad estratégica sin renunciar a la evaluación crítica ni a la posibilidad de corregir errores.
Conviene además evitar que el debate se convierta en una competencia de culpas históricas. Los gobiernos anteriores tomaron decisiones que contribuyeron a la dependencia actual; algunos también desarrollaron infraestructura indispensable y aprovecharon condiciones favorables de mercado. Las administraciones recientes han defendido una mayor participación estatal, pero tampoco han logrado revertir sustancialmente nuestra necesidad de gas importado. Lo importante no es absolver o condenar globalmente a unos y otros, sino identificar qué políticas funcionaron, cuáles fracasaron y qué debemos modificar para dejar de acumular vulnerabilidades.
Donald Trump puede utilizar su posición negociadora para solicitar mayores compras de energía, nuevas inversiones o acuerdos favorables a empresas estadounidenses. México debe analizar cada propuesta conforme a sus beneficios y costos, sin rechazarla automáticamente por provenir de Washington y sin aceptarla simplemente para evitar presiones en otros asuntos. Un acuerdo energético puede resultar conveniente si garantiza suministro, inversión y condiciones competitivas. Pero se vuelve problemático cuando compromete de manera desproporcionada nuestra capacidad futura de decisión o cuando se acepta como concesión política desligada de sus méritos económicos.
Y aquí aparece una cuestión esencial: no debemos esperar a que exista una crisis para descubrir nuestra vulnerabilidad. Las dependencias estratégicas suelen parecer cómodas mientras todo funciona. El combustible llega, las plantas generan electricidad, las fábricas producen y los consumidores continúan sus actividades. La fragilidad permanece oculta detrás de la normalidad. Sólo cuando ocurre una interrupción, un conflicto o un aumento extraordinario de precios entendemos cuánto dependíamos de aquello que dábamos por garantizado. Entonces aparecen las medidas de emergencia, los llamados a la prudencia y las explicaciones sobre problemas que pudieron haberse atendido mucho antes.
México necesita actuar ahora, no cuando el siguiente incidente en Texas, la próxima crisis internacional o una nueva controversia comercial vuelva a recordarnos nuestra dependencia. Debemos ampliar nuestra capacidad de producción donde resulte técnica y ambientalmente viable, acelerar el desarrollo de fuentes renovables, modernizar redes eléctricas, construir almacenamiento estratégico, fortalecer empresas públicas eficientes y atraer inversiones bajo reglas claras. Ninguna de esas medidas resolverá el problema de inmediato, pero todas pueden contribuir a reducirlo si forman parte de una política consistente y medible.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una oportunidad importante para transformar el concepto de soberanía energética en una política de resultados. Reconocer que dependemos de Estados Unidos para abastecer aproximadamente tres cuartas partes del gas que consumimos constituye un punto de partida indispensable. Pero el verdadero balance de su administración no debería hacerse por el número de veces que se pronuncie la palabra soberanía, sino por cuánto logre disminuir esa dependencia, cuánta infraestructura efectiva se construya, cuánta energía limpia se incorpore y qué capacidad tenga México para enfrentar una interrupción externa sin paralizar actividades esenciales.
La defensa de nuestra independencia nacional no se debilita cuando reconocemos nuestras limitaciones. Se debilita cuando preferimos ocultarlas detrás de discursos. México tiene derecho a exigir respeto a Estados Unidos, defender su territorio, negociar condiciones comerciales equilibradas y rechazar cualquier intento de subordinación política. Pero esa posición será considerablemente más sólida si está respaldada por una economía capaz de resistir presiones y por una infraestructura energética que no dependa casi exclusivamente de las decisiones y acontecimientos de un solo país.
Porque la soberanía no se demuestra únicamente diciendo que nadie puede imponernos condiciones. Se demuestra teniendo la capacidad material para resistirlas. Y mientras aproximadamente tres cuartas partes del gas que mueve nuestra economía provengan de Estados Unidos, México deberá reconocer que una parte esencial de su seguridad energética todavía se decide fuera de sus fronteras.
La advertencia es clara: no necesitamos esperar a que Trump amenace con cerrar una válvula para comprender el tamaño de nuestra dependencia. Bastaría que algún día, por razones políticas, económicas, técnicas o climáticas, el suministro dejara de llegar en las condiciones acostumbradas. Entonces descubriríamos que los discursos sobre independencia no generan un solo kilovatio de electricidad. Y ésa es la sentencia que México debe entender antes de que sea demasiado tarde: un país que necesita pedirle a otro la energía indispensable para mantener encendida su economía puede proclamar su soberanía todos los días, pero nunca podrá ejercerla plenamente mientras no sea capaz de garantizar por sí mismo una parte mucho mayor de su futuro.
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