Andrés Manuel López Obrador ya no gobierna México, pero acaba de recordar que tampoco se ha convertido en un expresidente silencioso. Desde La Chingada, sin responsabilidad diplomática, sin llamadas que contestar desde la Casa Blanca y sin necesidad de negociar mañana con Donald Trump, Marco Rubio o el embajador estadounidense, puede darse libertades que Claudia Sheinbaum sencillamente no tiene. En Pueblo, su nuevo libro, califica de “prepotente, inhumana e injerencista” la política estadounidense hacia México, cuestiona la actuación de agencias y funcionarios de aquel país y lleva la confrontación a un terreno especialmente delicado: la decisión de Washington de retirarle la visa a su hijo Andrés Manuel López Beltrán. López Obrador habla como padre, como expresidente y como fundador del movimiento gobernante; Sheinbaum, en cambio, tiene que responder como presidenta de México, y esa diferencia puede terminar importando muchísimo.
No discuto el derecho de López Obrador a expresarse. Lo tiene completamente. Dejó la Presidencia, no sus derechos ciudadanos ni su pensamiento político. Puede escribir libros, criticar gobiernos extranjeros, defender a su familia y opinar sobre la relación bilateral. El problema no está en su derecho a hablar, sino en el peso específico de quien habla. Andrés Manuel López Obrador no es cualquier ciudadano retirado en Chiapas: fundó Morena, gobernó durante seis años, conserva enorme ascendencia sobre buena parte del movimiento que controla el gobierno federal y cada intervención suya produce consecuencias políticas que difícilmente puede producir la declaración de cualquier otro expresidente.
Por eso no basta con decir que Pueblo es solamente un libro. Los libros también hacen política, como la propia Claudia Sheinbaum ha reconocido, y éste aparece precisamente cuando la relación con Estados Unidos atraviesa una etapa particularmente sensible, con diferencias sobre seguridad, visas, investigaciones, sanciones, comercio y soberanía. López Obrador acusa a Washington de intervenir políticamente en México y considera “canallesca” la revocación de la visa de su hijo, mientras Sheinbaum ha preferido marcar una distancia institucional y señalar que las expresiones del expresidente corresponden a su opinión, insistiendo en que a ella le toca conducir la relación mediante la diplomacia.
Ahí hay algo mucho más importante que una diferencia de estilos. Hay dos posiciones derivadas de dos responsabilidades completamente distintas. López Obrador puede hablar con absoluta libertad porque ya no tiene que sentarse mañana frente al gobierno estadounidense. Sheinbaum sí. El expresidente puede calificar a Washington de prepotente, canallesco o injerencista; la presidenta debe pensar simultáneamente en migración, comercio, T-MEC, seguridad, frontera, inversión, intercambio de inteligencia, extradiciones y en millones de mexicanos que viven del otro lado.
No significa que tenga que callar ante Estados Unidos. Todo lo contrario. México debe defender con firmeza su soberanía cuando considere que Washington rebasa límites. Pero existe una enorme diferencia entre la firmeza presidencial y la libertad discursiva de un expresidente. Una palabra pronunciada desde Palacio Nacional puede convertirse inmediatamente en posición de Estado. Una frase escrita desde Palenque no tiene formalmente esa condición, pero cuando proviene del fundador del partido gobernante puede ser interpretada afuera como algo bastante más importante que una simple opinión privada.
Washington también sabe perfectamente quién es López Obrador y sabe quién es su hijo. Andrés Manuel López Beltrán no solamente pertenece a la familia del expresidente; es una figura relevante dentro de Morena y forma parte del tablero político rumbo a 2027. La revocación de su visa estadounidense produjo una confrontación política abierta: él mismo acusó a funcionarios de la administración Trump de haber actuado por razones políticas, mientras ahora su padre vuelve sobre el episodio y lo coloca dentro de una acusación más amplia de injerencismo estadounidense.
Ese contexto obliga a separar cuidadosamente varias cosas. Que Estados Unidos retire una visa no demuestra responsabilidad penal alguna. Una visa no es un derecho y Washington puede revocarla conforme a sus propias normas migratorias. Tampoco una información periodística sobre posibles pesquisas equivale a una acusación judicial ni permite considerar culpable a nadie. Sheinbaum ha señalado que, hasta donde conoce públicamente, no existe una investigación formal en México contra López Beltrán y ha reclamado que cualquier señalamiento serio venga acompañado de pruebas.
Eso es lo correcto: ni condenas desde los periódicos ni absoluciones desde las mañaneras. Pruebas, instituciones y debido proceso. Si Estados Unidos posee elementos contra cualquier ciudadano mexicano, debe presentarlos por las vías correspondientes. Si no los tiene, utilizar visas, rumores, filtraciones o señalamientos para provocar consecuencias políticas en México sería algo que legítimamente tendría que cuestionarse. Pero tampoco corresponde que la defensa partidista o familiar sustituya una investigación institucional cuando existan hechos que deban aclararse.
Precisamente por eso la posición de Sheinbaum resulta tan delicada. La presidenta debe defender soberanía sin convertirse en defensora automática de cada integrante de Morena, tiene que exigir pruebas a Estados Unidos sin garantizar inocencias que solamente corresponde determinar a las instituciones, debe proteger la relación bilateral sin aceptar intromisiones y tiene que hacerlo además mientras su antecesor habla desde una posición mucho más cómoda, porque no carga sobre los hombros las consecuencias inmediatas de cada palabra.
Ahí está la verdadera tensión, no necesariamente entre López Obrador y Sheinbaum. Puede no existir ningún rompimiento personal. El expresidente elogia abundantemente a la presidenta en su libro y ha insistido en que no pretende actuar como jefe máximo ni poder tras el trono. Sheinbaum, por su parte, mantiene reconocimiento hacia quien la antecedió y hacia el proyecto que ambos comparten. Pero compartir un movimiento no significa compartir responsabilidades. Él escribe y ella gobierna. Y gobernar obliga algunas veces a decir cosas distintas de las que diría quien ya no tiene que gobernar.
Eso es precisamente lo que Claudia Sheinbaum debe preservar cada vez con mayor claridad. La política exterior mexicana no puede construirse entre Washington y Palenque. Debe construirse desde Palacio Nacional. López Obrador puede influir, opinar, advertir, criticar y defender a su hijo, pero la conducción de la relación con Estados Unidos corresponde constitucionalmente a la presidenta de México, y mientras más tensiones aparezcan entre ambos países, más importante será que Washington sepa exactamente con quién debe negociar.
No sería saludable que surgieran dos voces mexicanas frente a Estados Unidos: una institucional y otra política, una negociadora y otra combativa, una desde Palacio Nacional y otra desde La Chingada. Porque los interlocutores extranjeros pueden terminar utilizando esas diferencias de tono para dividir posiciones, interpretar señales contradictorias o intentar descubrir cuál de las dos voces representa realmente al poder mexicano.
Y ésa es una situación que Sheinbaum debería evitar, no silenciando a López Obrador, porque eso no le corresponde, sino consolidando su propia autoridad. La presidenta tiene que poder decirle a Washington sí cuando convenga, no cuando sea necesario y aquí están nuestras condiciones cuando los intereses mexicanos lo exijan. Pero esas posiciones deben ser inequívocamente suyas y representar al Estado mexicano, no parecer una traducción moderada de lo que el expresidente escribe desde Chiapas.
Ésa es también la responsabilidad histórica de López Obrador. Si realmente quiere que Claudia Sheinbaum gobierne sin tutelas, debe medir no solamente lo que dice, sino el efecto político de aquello que dice. Un expresidente tan influyente nunca habla completamente a título personal, aunque quiera. Cada palabra mueve actores, cada frase genera interpretaciones, cada crítica contra Estados Unidos puede repercutir en una relación que él ya no tiene que administrar y cada defensa de su hijo inevitablemente se mezcla con la enorme autoridad política que todavía conserva.
Eso no significa que tenga que callar. Significa que tiene que comprender el tamaño de su voz. Porque además existe una diferencia que no debe perderse: defender soberanía mexicana y defender intereses familiares no son necesariamente la misma cosa. Pueden coincidir, pero no debemos asumir que coinciden automáticamente.
Si Washington utiliza instrumentos migratorios o investigaciones para intervenir políticamente en México, el gobierno mexicano debe señalarlo y exigir respeto. Pero si existieran elementos jurídicamente sustentados contra cualquier persona, su apellido no puede transformarse en escudo político. Ni López Obrador, ni López Beltrán, ni Morena, ni ningún otro apellido. El Estado debe defender ciudadanos, no privilegios.
Ésa sería la forma más sólida de responder a cualquier presión estadounidense y también la mejor manera de fortalecer a Sheinbaum. Porque México enfrenta a un gobierno estadounidense especialmente duro. Trump no oculta su disposición a utilizar aranceles, visas, sanciones, agencias de seguridad y acceso al mercado como instrumentos de presión. Frente a eso México necesita una sola estrategia, instituciones sólidas y una presidenta con margen suficiente para negociar sin aparecer atrapada entre las exigencias de Washington y las posiciones de su antecesor.
López Obrador hizo durante seis años lo mismo que ahora debe permitir hacer a Claudia Sheinbaum: gobernar, con todas sus consecuencias, con sus decisiones, con sus errores, con su estilo, con sus acuerdos, con sus confrontaciones y con la última palabra política dentro del Ejecutivo. La continuidad de un proyecto no puede significar continuidad de mando. Ésa es una frontera tan importante como cualquier otra.
Por eso Pueblo importa mucho más que como novedad editorial. Es una muestra de que López Obrador todavía quiere participar en la discusión sobre qué debe ser la Cuarta Transformación, cómo debe relacionarse México con Estados Unidos y quiénes son sus adversarios políticos. Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero precisamente por su enorme peso, cada intervención obliga a preguntarnos nuevamente dónde termina la influencia legítima del fundador y dónde debe empezar definitivamente la autonomía de quien gobierna.
La respuesta constitucional no admite demasiadas dudas: gobierna Claudia Sheinbaum. Y cuanto antes esa realidad resulte inequívoca para Morena, Washington y el propio López Obrador, mejor para México. Porque el problema nunca será que un expresidente escriba libros o critique a otro país. El problema empezaría si desde el exterior alguien llegara a creer que para entender la política mexicana hace falta escuchar primero a Palenque y después a Palacio Nacional.
López Obrador puede disparar políticamente desde La Chingada porque ya no tiene que recoger todos los casquillos. Claudia Sheinbaum sí tiene que gobernar después de cada detonación, administrar sus consecuencias y mantener funcionando una relación con Estados Unidos que México no puede darse el lujo de romper ni de subordinar. Ésa es la sentencia: un país puede tener muchos líderes, muchas voces y muchos expresidentes; pero cuando se trata de política exterior sólo puede tener una Presidencia. Y mientras Claudia Sheinbaum ocupe Palacio Nacional, Washington debe saber que México se gobierna desde ahí, no desde La Chingada.
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