Hay palabras que pueden resultar desafortunadas cuando las pronuncia cualquier persona, pero que adquieren una dimensión completamente distinta cuando salen de la boca del presidente de Estados Unidos.
Donald Trump acaba de protagonizar otro episodio que obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad del lenguaje político cuando quien habla tiene bajo su mando el mayor poderío militar del planeta. En un mitin en Nebraska, mientras defendía la guerra contra Irán y explicaba que el aumento de los precios de la gasolina era un costo relativamente pequeño frente a los riesgos que, según él, enfrenta su país, mencionó la posibilidad de que los iraníes acabaran con ciudades estadounidenses y escogió dos nombres concretos: Los Ángeles y San Diego. Sus palabras resultaron tan desconcertantes que durante horas se discutió si estaba considerando aceptable su destrucción, si improvisaba una advertencia o si simplemente había convertido la eventual muerte de millones de seres humanos en otra de sus acostumbradas expresiones extravagantes. La Casa Blanca tuvo que intervenir para explicar lo que quiso decir. Y ahí comienza precisamente el problema: cuando un presidente habla de la posible destrucción de ciudades enteras, el mundo no debería necesitar intérpretes para averiguar si está intentando protegerlas o si las considera prescindibles.
La frase surgió mientras Trump defendía el costo económico de la confrontación con Irán. Según la explicación oficial, pretendía sostener que pagar más por combustible representaba un sacrificio menor comparado con permitir que aquel país adquiriera capacidad nuclear suficiente para amenazar territorio estadounidense. Esa interpretación encuentra respaldo en otras declaraciones suyas y no sería correcto afirmar que inequívocamente invitó a Irán a destruir Los Ángeles o San Diego. Pero lo que efectivamente dijo fue suficientemente confuso para provocar indignación, y la secuencia en que mencionó aquellas ciudades, utilizando la expresión inglesa take out, normalmente asociada con eliminar o destruir un objetivo, convirtió una supuesta advertencia de seguridad nacional en una controversia sobre la manera en que el propio presidente habla de sus compatriotas.
La reacción en California fue inmediata. El gobernador Gavin Newsom denunció las expresiones presidenciales y las autoridades de las ciudades mencionadas cuestionaron la ligereza con que se habló de semejante posibilidad. Incluso algunas figuras republicanas consideraron necesario marcar distancia y recordar que ninguna ciudad estadounidense puede ser tratada como sacrificable. Trump volvió sobre el asunto posteriormente, en Texas, y afirmó que su gobierno no permitiría que ocurriera una destrucción semejante. Esa aclaración importa y debe reconocerse, pero tampoco elimina el hecho de que millones de personas escucharon primero a su presidente hablar de sus ciudades de una manera que permitió precisamente la interpretación contraria.
Los Ángeles y San Diego no son referencias abstractas colocadas sobre un mapa para ilustrar un argumento de campaña. Son ciudades vivas, complejas, densamente pobladas, con universidades, hospitales, escuelas, puertos, industrias, centros tecnológicos, barrios, familias y comunidades que representan una parte fundamental de la sociedad estadounidense. Los Ángeles constituye uno de los grandes centros económicos, culturales y creativos del mundo. San Diego, además de su importancia comercial, científica y turística, posee instalaciones militares estratégicas y mantiene una vinculación extraordinariamente profunda con México. Hablar de su posible destrucción no equivale a mencionar dos nombres durante una discusión geopolítica. Significa hablar de personas concretas, de familias enteras y de una tragedia humana de proporciones inimaginables.
Y para nosotros, los mexicanos, San Diego tiene una significación adicional. Su relación con Tijuana constituye uno de los espacios binacionales más intensos de América del Norte. Miles de familias viven de un lado y trabajan del otro, numerosas empresas operan en ambos territorios y la vida cotidiana de las dos ciudades está profundamente entrelazada. Los Ángeles, por su parte, alberga una comunidad mexicana y de origen mexicano inmensa, cuya participación económica, social y cultural forma parte inseparable de la historia contemporánea de California. Cuando Trump utiliza esos nombres para ilustrar una amenaza de guerra, está hablando también de ciudades donde viven millones de personas vinculadas familiarmente con México.
Pero hay otro elemento que vuelve especialmente delicado el episodio. California no es cualquier territorio dentro de la geografía política estadounidense. Es uno de los principales bastiones electorales demócratas y mantiene desde hace años una confrontación abierta con Trump alrededor de migración, medio ambiente, políticas sociales, autonomía estatal y utilización de fuerzas federales. El enfrentamiento con Newsom se ha convertido incluso en una disputa personal y mediática recurrente. Por eso la elección de Los Ángeles y San Diego como ejemplos provocó interpretaciones que probablemente no habrían surgido con la misma intensidad si hubiera mencionado otras ciudades.
Eso no demuestra que Trump escogiera deliberadamente localidades demócratas porque considere menos importantes a sus habitantes. Atribuirle semejante intención exigiría pruebas que no tenemos. Pero sí revela hasta qué punto la polarización estadounidense ha deteriorado la confianza entre el presidente y sectores completos de la población. Que un comentario ambiguo pueda interpretarse como desprecio hacia ciudades políticamente adversarias demuestra que existe una fractura profunda. Y un presidente debería preocuparse por esa fractura, no contribuir a ensancharla mediante expresiones que permiten imaginar que unos estadounidenses importan menos que otros.
El presidente de Estados Unidos no gobierna únicamente a quienes votaron por él. Gobierna también a quienes lo rechazaron, a quienes lo critican, a quienes se manifiestan contra sus políticas y a quienes consideran que sus decisiones están perjudicando al país. La responsabilidad presidencial no admite categorías de ciudadanos según sus preferencias electorales. Un habitante de California merece exactamente la misma protección federal que uno de Texas, Nebraska, Florida o cualquier otro estado. Las vidas humanas no adquieren mayor o menor valor según el resultado de las elecciones.
Ahí aparece una dimensión todavía más inquietante del lenguaje político contemporáneo. Nos estamos acostumbrando a que las declaraciones de los gobernantes sean evaluadas no solamente por lo que dicen, sino por las explicaciones posteriores de lo que supuestamente quisieron decir. La frase se pronuncia, provoca indignación, los adversarios la utilizan, los defensores intentan reinterpretarla y finalmente los portavoces intervienen para construir una versión institucionalmente aceptable. El episodio termina convertido en espectáculo, mientras la gravedad del asunto original desaparece entre polémicas, desmentidos, publicaciones en redes sociales y enfrentamientos partidistas.
Pero un presidente no debería necesitar ese mecanismo de traducción permanente, particularmente cuando habla de guerras, armamento nuclear y amenazas contra la población civil. Las palabras presidenciales tienen consecuencias. Son escuchadas por gobiernos aliados, adversarios estratégicos, mandos militares, servicios de inteligencia, mercados financieros y millones de ciudadanos que esperan encontrar en ellas una orientación clara sobre asuntos que pueden afectar su seguridad. La ambigüedad que en una conversación privada puede resultar simplemente desafortunada adquiere otra dimensión cuando proviene de quien dispone de capacidad para ordenar operaciones militares de enorme magnitud.
La guerra con Irán vuelve esa exigencia todavía más importante. Trump sostiene que la confrontación pretende impedir amenazas mayores contra Estados Unidos y sus aliados. Sus defensores argumentan que los costos económicos actuales deben compararse con los riesgos de permitir que Teherán desarrollara capacidades militares más peligrosas. Sus críticos cuestionan tanto la decisión de recurrir a la fuerza como la manera en que se han explicado sus objetivos, sus costos y las condiciones para ponerle fin. Son discusiones legítimas que merecen información, argumentos y debate público. Precisamente por eso resulta tan problemático introducir en ellas imágenes de ciudades estadounidenses destruidas mediante expresiones improvisadas que después necesitan aclaraciones.
Una guerra no es un mitin electoral. Sus consecuencias no se reducen al precio de la gasolina ni a la posibilidad de presentar una victoria política ante los simpatizantes. Implica vidas humanas, desplazamientos, daños materiales, tensiones regionales, amenazas económicas y decisiones cuyas consecuencias pueden prolongarse durante generaciones. Un presidente tiene derecho a defender su estrategia, explicar sus razones y sostener que determinados sacrificios económicos son necesarios para proteger la seguridad nacional. Lo que debe evitar es mezclar esos argumentos con escenarios de destrucción masiva expresados de una manera que banalice, aunque sea involuntariamente, aquello que pretende impedir.
También conviene preguntarnos por qué semejantes episodios han dejado de sorprender como antes. Trump ha construido buena parte de su comunicación pública sobre la provocación, la confrontación, la exageración y una espontaneidad que sus seguidores interpretan como autenticidad. Sus adversarios consideran que esa misma forma de expresarse genera incertidumbre y deteriora la seriedad institucional. La discusión lleva años acompañándolo. Pero hay una diferencia fundamental entre utilizar lenguaje provocador para atacar a un adversario electoral y emplearlo cuando se habla de la posible aniquilación de ciudades enteras. La segunda situación exige un grado de responsabilidad muy superior.
Los líderes políticos pueden ser vehementes, apasionados, desafiantes e incluso extraordinariamente duros con sus adversarios. No existe obligación alguna de hablar siempre con frialdad burocrática. La política necesita palabras capaces de movilizar, persuadir y expresar convicciones profundas. Pero también necesita límites, especialmente cuando se trata de amenazas militares o escenarios de sufrimiento colectivo. La fuerza de un mensaje no debería medirse por la cantidad de indignación que produce, sino por su capacidad para explicar con claridad aquello que el gobernante pretende hacer.
Resulta igualmente preocupante la reacción de algunos asistentes al mitin, que celebraron mientras Trump mencionaba la posibilidad de que Irán acabara con Los Ángeles y San Diego. No sabemos qué entendió exactamente cada persona ni corresponde atribuir automáticamente deseos de destrucción a quienes aplaudieron. Pero la escena permite observar cómo la dinámica de los actos partidistas puede convertir casi cualquier expresión del líder en motivo de entusiasmo, incluso cuando el tema involucra amenazas contra población estadounidense. El aplauso automático constituye una forma particularmente peligrosa de renunciar al juicio propio.
Una sociedad profundamente polarizada corre el riesgo de dejar de escuchar el contenido de las palabras para concentrarse exclusivamente en quién las pronuncia. Si las dice nuestro líder, se justifican; si las dice el adversario, se condenan. Esa lógica termina destruyendo los criterios comunes que deberían utilizarse para evaluar a cualquier gobernante. La posible devastación de Los Ángeles, San Diego o cualquier otra ciudad no puede convertirse en motivo de celebración, burla o disputa partidista. La seguridad de la población civil debería encontrarse por encima de semejantes diferencias.
Y tampoco sería aceptable utilizar las expresiones de Trump para atribuirle intenciones que el contexto completo no permite demostrar. La crítica seria exige distinguir entre una declaración confusa, una amenaza deliberada y una intención expresamente formulada. No son equivalentes. Pero reconocer esa diferencia tampoco obliga a absolver la ligereza de sus palabras. Un presidente puede no haber querido transmitir una idea y seguir siendo responsable de haber utilizado expresiones que razonablemente dieron lugar a ella. La responsabilidad política no comienza únicamente cuando existe una intención demostrada; también comprende el deber de prever cómo serán recibidos los mensajes pronunciados desde una posición de enorme poder.
Hay además una lección más amplia sobre la manera en que los gobiernos presentan los costos de sus decisiones. Trump insiste en que determinados sacrificios económicos son menores frente al objetivo de proteger a Estados Unidos. Es legítimo que una administración sostenga ese argumento y que la ciudadanía lo examine. Pero corresponde al gobierno explicar cuánto costará realmente una guerra, cuáles son sus objetivos verificables, qué riesgos entraña para la población y bajo qué condiciones podrá considerarse concluida. No basta con asegurar repetidamente que todo terminará pronto mientras las consecuencias económicas y humanas continúan acumulándose.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer el precio de las decisiones que se toman en su nombre. No solamente el precio del combustible, sino el costo fiscal, militar, diplomático y humano. También tienen derecho a cuestionar si los objetivos perseguidos justifican los medios empleados. Esa evaluación corresponde a la sociedad y a sus instituciones, no exclusivamente al presidente que decidió actuar. Y cuanto más trascendental sea una decisión, mayor debe ser la claridad con que se expliquen sus razones.
California representa además una contradicción significativa dentro de la política estadounidense. Es una entidad fundamental para la economía nacional, aporta innovación, producción agrícola, comercio, actividad portuaria, industria tecnológica y una enorme presencia militar. Sus diferencias políticas con la Casa Blanca no modifican esa realidad. Ninguna confrontación electoral puede borrar la importancia de millones de ciudadanos ni convertir sus ciudades en símbolos disponibles para una retórica de confrontación permanente.
El debate sobre las palabras de Trump debería conducir precisamente a esa reflexión. Un presidente debe poder hablar con energía de la defensa nacional sin que nadie tenga razones para preguntarse si considera menos protegida a una parte de su propio país. Debe poder confrontar a un gobernador sin que esa confrontación se interprete como enemistad hacia los habitantes de su estado. Y debe poder explicar los riesgos de una guerra sin convertir hipotéticas tragedias humanas en expresiones susceptibles de provocar aplausos partidistas.
Lo ocurrido en Nebraska quizá termine siendo recordado como otra controversia verbal dentro de una Presidencia acostumbrada a producirlas. La aclaración posterior de Trump, afirmando que no permitiría la destrucción de aquellas ciudades, puede ayudar a precisar su posición. Pero el episodio deja una pregunta que no debería desaparecer con el siguiente titular: ¿hasta dónde puede deteriorarse el lenguaje de quienes gobiernan antes de que la sociedad empiece a considerar normales expresiones que antes habrían provocado una exigencia inmediata de responsabilidad?
Esa normalización es uno de los riesgos más importantes. Cuando una declaración extrema deja de sorprender, la siguiente necesita ser todavía más extrema para captar atención. Cuando las amenazas se incorporan al espectáculo político, las verdaderas advertencias pueden perder credibilidad. Y cuando la posibilidad de una tragedia humana aparece mezclada con bromas, improvisaciones o aplausos, el debate público corre el riesgo de perder sensibilidad frente a aquello que debería considerar intolerable.
Trump tiene todo el derecho a defender su política hacia Irán, sostener que sus decisiones buscan proteger a Estados Unidos y pedir a los ciudadanos que acepten determinados costos económicos. Sus adversarios tienen el mismo derecho a cuestionar esa estrategia y sus consecuencias. Pero ninguna de esas posiciones debería impedir reconocer una obligación elemental: quien gobierna debe hablar de la seguridad de sus ciudadanos con la claridad y el cuidado que exige la responsabilidad de protegerlos.
Los Ángeles y San Diego no son ciudades desechables. No lo serían tampoco Nueva York, Chicago, Houston, Miami, Dallas o cualquier otra población estadounidense. Ninguna ciudad puede convertirse en una ficha de negociación retórica ni en un ejemplo utilizado sin cuidado para justificar decisiones militares. Detrás de cada nombre existen millones de personas que no deberían tener que preguntarse si su presidente habló de protegerlas o de aceptar que fueran destruidas.
Y ésa es precisamente la diferencia entre el lenguaje de campaña y la responsabilidad de gobernar. En un mitin puede buscarse el aplauso inmediato; desde la Presidencia debe pensarse también en las consecuencias de cada palabra. Trump ocupa ambas posiciones cuando habla ante sus seguidores, pero la segunda nunca desaparece por encontrarse frente a un público partidista. No deja de ser presidente cuando sube a un templete electoral, ni sus palabras dejan de tener trascendencia internacional porque se pronuncien entre ovaciones.
La discusión, por tanto, no debería agotarse en determinar si la Casa Blanca encontró una interpretación razonable para sus declaraciones. Debería extenderse a una exigencia institucional mucho más importante: que quienes tienen la capacidad de decidir sobre guerras, operaciones militares y armamento de destrucción masiva comprendan que la claridad es parte inseparable de su responsabilidad.
Un presidente no puede hablar de millones de vidas como si fueran elementos secundarios de una improvisación política y después confiar en que sus colaboradores expliquen lo que realmente quiso decir. Los Ángeles y San Diego no son ciudades desechables, sus habitantes no son cifras prescindibles y ninguna rivalidad electoral debería permitir siquiera la apariencia de que unos ciudadanos merecen menos protección que otros.
Porque cuando un gobernante habla de ciudades enteras como si fueran piezas de un juego, el problema no es solamente la frase que pronunció, sino la facilidad con que el poder puede acostumbrarse a convertir seres humanos en abstracciones. Y ésa es la advertencia final: las guerras pueden comenzar con decisiones militares, pero las tragedias también se preparan cuando quienes tienen el poder de evitarlas pierden el cuidado de hablar de sus posibles víctimas.
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