Una seria limitación de gran parte de la opinión pública en México es seguir usando la categoría poder como una categoría monolítica. Se habla del poder en singular para encasillar ahí al Estado, al gobierno, al partido en el poder, a lo que se dice también, de manera genérica, el oficialismo. Entonces resulta siempre muy fácil en el análisis, casi como los libertarios, hablar del Estado como el “enemigo” de quien debemos cuidarnos de su potencial abuso. El problema de esta fórmula es que deja de lado que la categoría de poder es mucho más ambigua y amplia que esos cómodos reduccionismos. El mismo Max Weber, que lo definió como la probabilidad de imponer la voluntad aun contra toda resistencia, prácticamente no volvió a usar ese término, sino que prefirió hablar de dominación debido a su carácter amorfo.
Y es que el poder es una categoría mucho más amplia. Se puede imponer la voluntad en múltiples ámbitos de la vida humana más allá del Estado. No es gratuita toda la arqueología que hace Michel Foucault, quien en Microfísica del poder hace evidente que en todos lados hay relaciones de poder: de padre a hijo, en las relaciones de pareja, en las escuelas, en las iglesias. Así no podemos hablar del poder en singular, sino de los diferentes poderes que compiten justamente por la hegemonía de su agenda.
No solo el Estado (mexicano) tiene poder; pensemos sencillamente: 1) en las grandes potencias estatales como Estados Unidos y China, que monopolizan el uso legítimo de la fuerza militar, la política exterior y buena parte del sistema financiero internacional; 2) en las grandes corporaciones tecnológicas: nunca antes empresas privadas habían controlado simultáneamente la infraestructura de la información, los datos personales, la publicidad y buena parte de la conversación pública mundial; 3) en el sistema financiero internacional (BlackRock, Vanguard, State Street, JPMorgan, Goldman Sachs, grandes fondos soberanos), que administra cantidades gigantescas de capital que condicionan inversiones, mercados y decisiones empresariales; 4) y sí, en los grandes conglomerados mediáticos y plataformas digitales.
No solo debe revisarse la limitada concepción sobre el poder de nuestra comentocracia, sino también su excesiva romantización acerca de los medios de comunicación, que sigue anclada en un paradigma del siglo XIX.
Desde un punto de vista idealista, Edmund Burke y Thomas Carlyle conceptualizaron a los medios como el cuarto poder o Estado, pensando justamente que la prensa debía jugar un papel independiente y de contraste frente al poder del Estado. Sin embargo, la literatura contemporánea ha documentado ampliamente que los medios de comunicación operan con frecuencia como instrumentos capaces de manufacturar el consentimiento público en favor de élites corporativas y gubernamentales.
Justo, Walter Lippmann advirtió desde principios del siglo XX que la crisis de la democracia era, en buena medida, una crisis del periodismo. Sostenía que la ciudadanía no actúa sobre la realidad tal como es, sino sobre una “pseudorealidad” construida en buena medida por los medios de comunicación. Por ello, un periodismo distorsionado podía convertirse en una amenaza para la propia democracia. Conscientes también de ello, la Comisión Hutchins desarrolló la teoría de la responsabilidad social de la prensa, partiendo de la idea de que la libertad de expresión no exime a los medios de sus obligaciones frente a la sociedad. El mismo Joseph Pulitzer defendía que el periodismo debía emanciparse de los intereses comerciales si quería cumplir su función pública.
En Brasil, el Tribunal Supremo ha sido particularmente firme frente a los fenómenos de desinformación, ordenando incluso el bloqueo de plataformas como X y Telegram. ¿Debemos interpretar esto como un atentado contra la libertad de expresión o como un intento por proteger a la ciudadanía de mecanismos de manipulación cada vez más sofisticados?
La regulación que hoy se está poniendo sobre la mesa no puede verse, en ese sentido, como una simple censura ejercida por “el poder” contra los medios de comunicación. Desde luego, la preocupación de que el Estado pueda erigirse en una comisión de la verdad es legítima. Pero también debemos ampliar la perspectiva y reconocer que el Estado mexicano ejerce un poder de influencia bastante limitado frente a quienes realmente controlan buena parte del ecosistema mediático.
La concentración de la propiedad de los medios ha alcanzado niveles sin precedentes. Un número muy reducido de corporaciones controla la mayor parte de los grandes medios de comunicación y, con ello, una enorme capacidad para seleccionar los temas de los que se habla, definir el encuadre de los problemas, filtrar información y fijar los márgenes de lo políticamente discutible. Los propietarios de esos medios no los administran como un bien público, sino como una mercancía, donde la audiencia deja de ser vista como ciudadanía para convertirse simplemente en consumidores.
Sobre México, el Media Ownership Monitor, proyecto desarrollado por Reporteros Sin Fronteras y CENCOS, documenta que la propiedad de los medios se encuentra altamente concentrada en 11 grupos familiares y empresariales que controlan 24 de los 42 medios informativos con mayor audiencia del país. Lo relevante del estudio es que documenta que estos conglomerados no solo participan en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales, sino que muchos mantienen intereses económicos en sectores como servicios financieros, construcción, minería o comercio, lo que revela la fuerte concentración del poder económico y de la capacidad para influir en la opinión pública.
Reconociendo la tensión que hay entre libertad de expresión y derecho de las audiencias debemos ampliar con toda honestidad intelectual y responsabilidad pública, la reduccionista idea de que todo debe girar en torno al posible abuso o censura del poder en singular frente a los “indefensos medios de comunicación”. El enfoque debe centrarse en la ciudadanía y sus derechos como audiencias haciéndonos cargo del enorme poder que los propios medios ejercen sobre nuestras democracias. Mientras sigamos hablando del poder en singular, seguiremos sin comprender las reales fuerzas más allá del Estado y su gobierno que luchan para manipular el discurso público.