La política exterior raramente ofrece momentos de sincronía genuina. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, expresó esta semana que existe “toda la intención” de retomar las relaciones diplomáticas con México, suspendidas formalmente desde 2022.
Claudia Sheinbaum respondió no solo con apertura, sino con una orden clara: instruyó al canciller Roberto Velasco establecer contacto con el equipo de Fujimori para definir los pasos de la reanudación. En apariencia, se trata de un simple episodio de normalización tras la ruptura diplomática. Pero mirado desde la geopolítica que convulsiona la región, esta apertura representa algo más: la posibilidad inicial de una respuesta coordinada ante una arquitectura internacional que, bajo la administración Trump, se ha vuelto abiertamente coercitiva.
La ruptura México-Perú tenía raíces tan específicas como sus supuestas soluciones: la ruptura fue detonada luego de que México concediera asilo diplomático a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encontraba bajo procesos de investigación por parte de las autoridades judiciales de Perú. El gesto mexicano no fue menor; representaba una toma de posición sobre los acontecimientos políticos peruanos de 2022.
Sheinbaum ha reiterado que México mantiene su postura sobre los hechos ocurridos en 2022 respecto a Pedro Castillo, pero considera que ambos países pueden reconstruir los canales de comunicación y cooperación. En otras palabras: la normalización no exige cancelar las propias posiciones, sino compartimentarlas. Esto es importante porque define el carácter de la próxima relación, no como capitulación mutua, sino como acuerdo de convivencia en el disenso.
Pero el verdadero peso geopolítico de este acercamiento no reside en Lima ni en la Ciudad de México, sino en el contexto más amplio que lo rodea. El primer año del segundo mandato de Donald Trump marcó un giro en la relación entre Estados Unidos y América Latina, transformando el vínculo económico histórico en una herramienta de coerción estratégica que condiciona el comercio, inversión, sanciones y migración al alineamiento político. Este nuevo periodo está definido por “el tránsito desde un esquema de integración económica imperfecta, pero predecible, hacia un modelo abiertamente instrumental”.
La implicación para México es brutal pues de cada cien dólares que exporta, más de ochenta van hacia Estados Unidos. Esa concentración, que fue fuente de prosperidad relativa durante tres décadas, se ha convertido en vulnerabilidad estructural frente a un poder que usa la negociación comercial como herramienta de dominio político directo. Perú, por su lado, experimenta dilemas complementarios. Trump expresó con precisión cuál es el criterio, ya que se trata de que el superávit comercial debe quedar ahora del lado de Estados Unidos. Más que libre mercado; se trata de subordinación económica revestida de lenguaje mercantil.
Aquí emerge la oportunidad que Fujimori parece estar tocando. La Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica, ha conseguido reducir aranceles, atraer inversión e integrar parcialmente los mercados bursátiles de sus miembros. Sin embargo, una unión estructural más profunda aún no se ha materializado. El bloque existe, pero dormido. Una México y Perú reconciliadas, con gobiernos con afinidades políticas, podrían resucitarlo no como mecanismo de integración perfecta (ese ideal fracasó hace décadas), sino como estructura de resistencia coordinada frente a presiones unilaterales.
Esto no implica hostilidad hacia Estados Unidos. México, por razones de geografía política ineludible, mantendrá la mayor parte de su comercio norteamericano. Pero frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump, México ha materializado su estrategia de diversificación económica mediante el acuerdo con la Unión Europea, cuyo intercambio bilateral supera los 86 mil millones de euros anuales. La lógica es de sentido común: quien depende de un solo acreedor pierde poder de veto sobre las propias decisiones. La integración regional latinoamericana no es ingenuidad progresista; es defensa estructural.
Claro que existen obstáculos. Aunque la presencia económica de China en la región ha crecido, diversos analistas sostienen que la estrategia de Trump ha privilegiado las relaciones bilaterales por encima de los organismos tradicionales de integración latinoamericana. Las presiones hacia la bilateralidad son sistémicas, no ocasionales. Además, Perú mantiene tensiones diplomáticas precisamente con dos de sus principales socios dentro de la Alianza del Pacífico, lo que ha debilitado la iniciativa durante años previos.
Pero precisamente porque los obstáculos son reales, la ventana que se abre ahora importa. No se trata de que México y Perú construyan una alternativa utópica al orden actual. Se trata de que, en una región donde la relación con Estados Unidos ha pasado a ser “un mecanismo de coerción estratégica”, dos economías medianas puedan generar márgenes de maniobra compartidos. Coordinar estándares regulatorios, profundizar intercambios comerciales, fortalecer instituciones comunes: tareas modestas que, repetidas, generan resilencia.
La duda que debería ocupar a los equipos de Sheinbaum y Fujimori es esta: ¿será esta reanudación simplemente un gesto de cortesía diplomática, o una oportunidad para reconfigurar el mapa de interdependencias latinoamericanas en una era donde la independencia pura ya no existe, pero donde la dependencia asimétrica sigue siendo evitable?