En política, los conflictos que no se resuelven de fondo terminan por reaparecer. Chiapas vuelve a mirar con preocupación hacia Pantelhó, un municipio que hace apenas unos años se convirtió en símbolo de la violencia comunitaria y del vacío institucional. Hoy, tras la muerte de Fernando Ruiz, líder del grupo armado conocido como “Los Machetes”, resurgen amenazas de un nuevo levantamiento que ponen en riesgo la frágil estabilidad alcanzada en la región.
Los hechos de 2021 dejaron una herida profunda. Pantelhó y Chenalhó vivieron enfrentamientos entre grupos armados que provocaron el desplazamiento de cientos de familias indígenas. Muchas abandonaron sus hogares para refugiarse en otros municipios de Chiapas y algunas incluso cruzaron la frontera hacia Guatemala buscando algo tan elemental como seguridad. Aquella crisis evidenció la incapacidad del Estado para garantizar el monopolio de la fuerza y proteger a la población.
El anuncio de que “Los Machetes” podrían reorganizarse no debe verse únicamente como una amenaza de seguridad. Es también un síntoma de que las causas estructurales del conflicto siguen presentes: disputas por el poder local, ausencia de instituciones sólidas, desconfianza en la justicia y una deuda histórica con los pueblos indígenas.
El gobierno tiene frente a sí una prueba decisiva. Esperar a que los hechos escalen sería repetir errores del pasado. La prevención debe imponerse sobre la reacción. El diálogo con las comunidades, la presencia efectiva de las instituciones civiles y la aplicación imparcial de la ley son indispensables para evitar que el pacto de paz, que durante más de un año ha contenido la violencia, termine por romperse.
La coincidencia con el próximo Congreso Nacional de los Pueblos Originarios sobre Desplazamiento Forzado, que se celebrará en Tuxtla Gutiérrez, resulta especialmente significativa. Mientras líderes indígenas, representantes religiosos y defensores de derechos humanos debatirán sobre las consecuencias del desplazamiento forzado, la realidad amenaza con recordar que este fenómeno sigue siendo una posibilidad latente en Chiapas.
No puede existir una contradicción mayor: discutir soluciones para el desplazamiento mientras una región del estado corre el riesgo de volver a producir nuevas víctimas. El encuentro debe convertirse en algo más que un espacio de reflexión; debe ser un llamado para construir políticas públicas que atiendan las causas profundas del conflicto y no únicamente sus consecuencias.
La estabilidad de Chiapas no puede depender de acuerdos temporales ni de equilibrios precarios entre grupos enfrentados. La paz duradera requiere instituciones fuertes, justicia efectiva, desarrollo para las comunidades indígenas y una presencia permanente del Estado que sustituya la lógica de las armas por la del derecho.
Pantelhó vuelve a ser noticia. La diferencia entre que esta historia termine en reconciliación o en una nueva espiral de violencia dependerá de la rapidez, la sensibilidad y la capacidad política con la que actúen las autoridades. Porque cuando el Estado llega tarde, la violencia suele ocupar el espacio que dejó vacío.
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