En días recientes, dos casos públicos evidenciaron la falta de rigor y responsabilidad en la difusión de información falsa para afectar a terceros. El Universal ofreció una disculpa pública por publicar una entrevista con supuestas declaraciones de Carlos Monsiváis, cuya autenticidad no pudo acreditarse. Con ello, se pretendía desacreditar al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, dicha rectificación constituye un paso importante, difícilmente resulta suficiente para reparar el daño ocasionado.
Asimismo, una columnista de Excélsior reconoció haber difundido erróneamente que el senador Gerardo Fernández Noroña tenía a un hijo en la nómina del Senado para sostener un supuesto caso de nepotismo.
No se trata de casos aislados ni de hechos excepcionales. Nos encontramos ante formas de daño reputacional sistemático y deliberado que recurren a la difusión de información falsa o no verificada para erosionar el derecho al honor y el de la propia imagen de personas dedicadas al servicio público.
Este fenómeno, que el especialista Ernesto Villanueva ha documentado como “asesinato de carácter”, retomando la literatura desarrollada por Martijn Icks y Eric Shiraev (2014), “no busca verdad, busca percepción; no necesita pruebas, necesita circulación”. Bajo esta lógica, se han propiciado ataques dirigidos a menoscabar el derecho al honor, a la reputación, a la propia imagen y, en suma, a la dignidad de las personas deliberadamente señaladas.
No oculto mi convicción: soy una mujer de izquierda que respalda el proyecto de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador; es por sostener públicamente esa causa que se me ha convertido en blanco de estos ataques. Como víctima de esta estrategia, me permito hacer un llamado público a la reflexión editorial de quienes conducen medios de comunicación que han sido utilizados para fines ajenos al ejercicio responsable del periodismo.
Doy un solo ejemplo, sin restar importancia a muchos otros casos, en los que deliberadamente se manipuló o torció la verdad con el fin de hacer daño a mi reputación durante mi gestión al frente del Conahcyt y después de haberla concluido.
El 20 de octubre de 2025, la revista Emeequis publicó una nota firmada por el periodista Jorge García Orozco bajo el encabezado: “Álvarez-Buylla pagó proyectos a ella misma y su madre cuando dirigía Conahcyt” (sic). El propio autor la replicó reiteradamente en su cuenta de X y la información falsa fue reproducida por otros medios de comunicación.
Todos los proyectos financiados desde Conahcyt durante mi gestión se evaluaron sin conflictos de intereses particulares, con observancia estricta de convocatorias y/o reglamentos, procedimientos y lineamientos legales. Como directora general no participé en comisión alguna para evaluar o decidir acerca de la asignación de recursos a proyectos específicos.
Establecí de acuerdo a mis responsabilidades y atribuciones, las políticas y mecanismos para cumplir metas, evitar dispendios y opacidades, y optimizar el uso de recursos públicos siempre a favor del interés general, por encima de cualquier interés particular.
Además, el proyecto al que García Orozco se refirió particularmente, correspondía a un proyecto de mi laboratorio de la UNAM. Era continiuidad de uno iniciado antes de mi gestión. ¡Se trataba de un proyecto financiado por la UNAM misma, no por Conahcyt! Este proyecto permitió a mis estudiantes y colaboradoras continuar con investigaciones en curso durante mi gestión. Todo amparado por una comisión concedida por el rector de la UNAM para cumplir con mi encargo bajo el mandato del Lic. López Obrador del 1ero de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del 2024, sin abandonar por completo mis labores académicas. Dicha comisión me permitía mantener la supervisión de estudiantes y una carga pequeña de docencia e investigación, con una asignación simbólica del 3% de mi salario base de la UNAM. Una vez concluido mi encargo, he vuelto de tiempo completo a mi posición como investigadora titular en el Instituto de Ecología de la UNAM.
Ni la revista ni el autor me buscaron para conocer mi versión antes de publicar, en abierto desapego a la más elemental regla del oficio: escuchar a la parte aludida.
Ejercí entonces el derecho de réplica que me reconocen el artículo 6º de la Constitución y su ley reglamentaria; sin embargo, se publicó de manera marginal, sin la relevancia ni la visibilidad de la nota que la motivó, la cual permanece en línea hasta hoy.
Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas, la réplica sólo cumple su función cuando permite a la persona afectada alcanzar a una audiencia semejante a la que recibió la acusación original. Difundida al margen mientras la imputación falsa sigue disponible y circulando, la réplica no repara el agravio: lo perpetúa.
Casos como este no son incidentes menores ni descuidos aislados: responden a un patrón. Por eso hago un llamado directo a quienes dirigen los medios señalados y otros implicados: rectificar con la misma amplitud con que difundieron falsedades y retirar imputaciones que aún permanecen en línea, porque una disculpa discreta no repara un daño que circuló sin freno. A las y los periodistas: que la verificación vuelva a ser condición del oficio, no un trámite prescindible. Y a la opinión pública: que la circulación de una acusación jamás se confunda con su veracidad.
Por mi parte, seguiré ejerciendo los recursos que la ley me concede para defender mi honra y establecer la verdad de los hechos, conduciéndome —como lo he hecho siempre— con apego a la ley y a la ética que han distinguido mi actuación pública y privada.
La autora es investigadora titular c del Instituto de Ecología de la UNAM.
@ElenaBuylla