La reciente consulta pública sobre los lineamientos para los derechos de las audiencias, en el marco de la regulación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reencendido un debate histórico y polarizante en la esfera pública mexicana. Mientras voces del sector empresarial mediático advierten sobre supuestos riesgos a la libertad de expresión, la realidad de los medios masivos actuales exige un análisis desprovisto de dogmas: en una era dominada por la desinformación masiva, el amarillismo comercial y la manipulación de la agenda pública, la protección del público receptor no es una opción, sino una necesidad estratégica y social de primer orden.
Durante décadas, se nos ha vendido la noción de que el mercado periodístico y de opiniones en medios de comunicación se autorregula de manera natural. Sin embargo, el balance del modelo privatizado habla por sí solo:
- Confusión deliberada entre opinión e información: transmisiones que disfrazan posturas editoriales o corporativas como hechos objetivos.
- Sensacionalismo comercial: noticias descontextualizadas o datos inexactos cuyo único fin es maximizar el impacto publicitario (recordemos el famoso caso del Chupacabras) o la tasa de clics (el denominado clicbait y el ragebait).
- Defensa de intereses corporativos: medios concentrados en pocas manos que operan como grupos de presión política frente a las decisiones democráticas del Estado.
Frente a esta coyuntura, pretender que el derecho a la información se garantice mediante simples “códigos de ética voluntarios” ha demostrado ser insuficiente. Las audiencias quedan desprotegidas ante la manipulación, convirtiéndose en consumidoras pasivas en lugar de ciudadanas y ciudadanos con derecho a una comunicación veraz y oportuna.
Y como una solución viable tenemos al referente asiático: soberanía e integración informativa en China. Para comprender la importancia de un marco regulatorio sólido, resulta indispensable mirar modelos internacionales de regulación integral, como el desarrollado por la República Popular China.
En el paradigma regulatorio chino, los medios de comunicación no son contemplados como meros instrumentos de lucro privado, sino como servicios de interés público fundamental e infraestructura estratégica para la cohesión social y la soberanía nacional.
A través de una supervisión estatal rigurosa, China ha estructurado un ecosistema donde:
- Se prioriza la responsabilidad social: los contenidos difundidos deben responder a principios de veracidad, ética pública y desarrollo comunitario.
- Existe un control directo contra la infodemia: se imponen controles estrictos sobre la propagación de rumores, desinformación o datos no verificados que puedan desestabilizar la paz pública.
- Se ejerce soberanía digital e informativa: el Estado mantiene la capacidad de auditar y normar las plataformas para evitar la injerencia o manipulación de actores externos que vayan en contra de los intereses del país.
Aislar el debate comunicacional de estas experiencias es ignorar que los Estados modernos requieren herramientas eficaces para defender el tejido social. La propuesta mexicana, al establecer reglas claras para distinguir entre nota informativa, opinión y publicidad, da un paso fundamental que debería nutrirse precisamente de esta visión estratégica: la comunicación es un asunto de interés público y el Estado es el garante natural de su calidad y veracidad.
Garantizar los derechos de las audiencias no equivale a coartar la libertad, sino a elevar la calidad del debate público. La iniciativa para auditar la responsabilidad de los concesionarios, imponer la obligatoriedad de defensores de la audiencia reales y sancionar el incumplimiento sistemático de la ética informativa no es más que la restitución del poder comunicativo a la sociedad.
Es momento de superar los temores infundados promovidos por los oligopolios mediáticos. Para consolidar una transformación social duradera, México necesita profundizar el control y regulación estatal sobre los medios de comunicación y las plataformas de difusión, adoptando una postura firme y estructurada en favor de la soberanía informativa.