Es justo reproducir una denuncia ciudadana. El 7 de enero, en medio de una batalla legal por el terreno del Refugio Franciscano, y tras una denuncia formal por maltrato animal, el gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo para desalojar a más de novecientos perros, bajo el argumento de que serían retirados de un contexto de abuso y puestos bajo resguardo y protección de las autoridades.
Una parte de esos animales fue trasladada y colocada bajo custodia gubernamental en instalaciones oficiales, entre ellas el Deportivo los Galeana, en Gustavo A. Madero.
Días después, el activista Arturo Islas Allende logró burlar las medidas de seguridad e ingresar a estas instalaciones, ya completamente bajo control del gobierno de la Ciudad de México, para documentar la situación de los perros que en teoría habían sido salvados de maltrato. Desde el lugar transmitió e hizo públicas imágenes en tiempo real que mostraban una realidad alarmante: decenas de perros hacinados dentro de transportadoras pequeñas de aproximadamente 30 por 30 centímetros, apiladas en cuartos cerrados sin ventilación y sin acceso libre a agua ni comida, condiciones que según lo documentado ya se prolongaban por más de cuatro días.
Tales imágenes generaron un fuerte impacto. A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, y ante distintos medios de comunicación, el activista exhibió lo que estaba ocurriendo, lo que derivó en amplia cobertura mediática y en cuestionamientos públicos sobre la manera en que se estaba manejando a los perros.
Precisamente por estas condiciones distintos sectores han puesto en duda que lo ocurrido pueda calificarse sin más como un “rescate”, cuando los animales pasaron de un escenario de maltrato a otro bajo custodia gubernamental. En este contexto, también cabe mencionar que la funcionaria Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, utilizó sus redes sociales oficiales para señalar públicamente a Arturo Islas Allende, imputándole conductas y calificándolo como traficante y mentiroso, lo que fue interpretado por diversos observadores como un intento de deslegitimar su denuncia en lugar de atender el fondo de las condiciones en las que se encontraban los animales.
Al salir de las instalaciones del Deportivo los Galeana tras haber evidenciado esta situación, Islas Allende fue confrontado por un grupo de personas que, como se aprecia en múltiples videos que circulan en redes sociales, lo increparon, lo discriminaron, lo empujaron y lo agredieron físicamente.
Las personas que agredieron a Islas han sido identificadas como Yael Gutiérrez Ruiz, Sofía Berenice Morín Pérez, integrante activa del Comité de Bioética del Gobierno de la Ciudad de México, y Osvaldo, alias “Walt Dice”. Los propios videos muestran que pese a las provocaciones, insultos y empujones, Arturo Islas no respondió con violencia y soportó las agresiones sin caer en confrontaciones físicas, mientras las imágenes que había grabado ya circulaban ampliamente y eran replicadas por medios nacionales, dejando al descubierto la situación de los animales ante millones de mexicanos.
Lo ocurrido después muestra un patrón aún más grave. De acuerdo con la cronología señalada por el activista y con testimonios que acompañan el caso, las personas que lo agredieron habrían estado reunidas durante la mañana con Ana Villagrán dentro de instalaciones gubernamentales, y mientras Arturo Islas Allende transmitía en vivo, pudieron ubicar el punto exacto donde se encontraba a partir de la transmisión para consumar el ataque directo.
Tras las agresiones, estos mismos personajes y Ana Villagrán se habrían vuelto a reunir dentro de instalaciones de gobierno, un hecho que resulta especialmente delicado porque refuerza la percepción de cercanía operativa entre la funcionaria y quienes participaron en la agresión. El hecho de que estos individuos hayan podido entrar y salir de las instalaciones gubernamentales donde hoy permanecen los perros resguardados alimenta aún más las preguntas sobre quiénes tienen acceso, bajo qué autorización, y cuál es el nivel de coordinación detrás de los hechos.
Este episodio no fue aislado. Meses antes, cuando Arturo Islas Allende organizó en México una conferencia con la primatóloga y ambientalista Jane Goodall, ocurrió un incidente similar. Al finalizar el evento, el mismo grupo de personas irrumpió en las puertas del auditorio para insultar y agredir al activista, llegando incluso a empujar a la propia Jane Goodall, en lo que sería su última conferencia pública antes de su fallecimiento tres días después.
Ese día, Sofía Berenice Morín Pérez, integrante del Comité de Bioética del Gobierno de la Ciudad de México, acudió acompañada por su madre Verónica Evis Andrade Pérez, quien también ha sido vinculada con el Gobierno de la Ciudad de México en distintos eventos organizados por Ana Villagrán, y ambas participaron en las agresiones y amenazas contra Islas Allende, según testimonios y denuncias públicas.
La reiteración de estos hechos, sumada a la cercanía de estas personas con funcionarios del gobierno capitalino, ha generado cuestionamientos sobre la existencia de una estrategia para intimidar a quienes exhiben irregularidades en el manejo de animales por parte de las autoridades.
Más allá de las diferencias de opinión o postura, lo ocurrido muestra un patrón preocupante: cuando son confrontados con evidencia incómoda, en lugar de transparentar o corregir, se recurre a la intimidación para amedrentar a ciudadanos que documentan lo que no se está haciendo bien.