Felipe Calderón recordó, en sus redes sociales, dos décadas de aquella elección que se robó. Esa elección, la de 2006, que todos los que somos mayores recordaremos como el más grande fraude en la historia moderna de México.
Y con el cinismo que se ha incrementado con el tiempo, quien entonces se dijo ganador aseguró que su llegada a la presidencia era el amanecer de un gobierno que “no dudó en decidir por el bien del país”. Pero los muertos no mienten, las cifras no mienten, y la realidad que vivimos desde entonces grita que todo fue una catástrofe anunciada.
Felipe Calderón gobernó desde el primer minuto con prisa. No por justicia, no por acuerdos, no por construir paz: por lanzar al Ejército a las calles y llamarle a eso “guerra contra el narcotráfico”. Una decisión tomada en la ilegitimidad, sin consenso, sin plan, y que convirtió a México en un campo de batalla del que veinte años después, no hemos podido salir.
Los datos duros golpean en la cara: entre 2006 y 2012 hubo 120,463 homicidios dolosos en México, lo que representa un aumento brutal, más del doble que en el sexenio de Fox. Ese salto no fue casualidad, no fue herencia, no fue un fenómeno externo: fue el resultado directo de su apuesta. Abrió la caja de Pandora y nunca supo —o nunca quiso— cerrarla. Desató una espiral de violencia que cada administración siguiente heredó, que creció sin control, y que a la fecha no se termina.
Pero hay un personaje que le dio también vida a la tragedia: Genaro García Luna, su mano derecha, su secretario de Seguridad Pública, el hombre a quien le entregó todo el mando de la protección nacional. Hoy está en una cárcel de Estados Unidos, condenado a más de 38 años por ser socio y servidor del cártel más sanguinario del país. Y Calderón se atreve a decir que “nunca supo”, que “no tuvo evidencia”. ¿Nos toma por tontos? ¿Seis años compartiendo decisiones, viajes, mandos y reuniones, y no se enteró de que su hombre más cercano trabajaba para los criminales? Se hace como el tío Lolo.
Peor aún, hay pruebas de que en esos años, con la vista gorda —o con la participación activa— de ambos gobiernos, se permitió el paso masivo de armas hacia México. Miles de fusiles, ametralladoras y municiones que terminaron en manos de los mismos grupos que se suponía se combatían, que dejaron cadáveres en cada rincón del país.
No fue un error, fue una negligencia criminal, o algo mucho peor.
Mientras el país necesitaba reconciliación, verdad y políticas que atacaran las causas de la violencia, él eligió las balas. Mientras debió cuidar a la gente, puso al frente de la seguridad a un hombre que hoy está confeso de colaborar con el narco. Y el resultado lo pagamos todos: homicidios multiplicados, miles de personas desaparecidas y territorios tomados por el crimen.
Hay que recordar al expresidente que los cientos de miles de muertos, los más de cien mil desaparecidos, las madres que buscan en fosas, los niños que quedaron huérfanos, y un funcionario condenado por traicionar a México son parte de lo que quedó de sus decisiones. Y hasta hoy no ha pedido perdón, no ha aceptado ni una pizca de responsabilidad.
Celebrar aquel triunfo y silenciar este desastre no es historia. Es impunidad. Y la impunidad es la semilla de más violencia. Ya basta de mentir, de ofender, de hacerse guaje. De lo que pasó hace 20 años no hay nada que celebrar.