“No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo”.
Montesquieu
“El proceso no sirve para dar la razón a quien tiene fuerza, sino para dar fuerza a quien tiene razón”.
Francesco Carnelutti
Imagine por un momento que usted ha ganado un juicio contra Hacienda. Años de litigio. Gastos. Abogados. Finalmente una sentencia en firme. Respira. El asunto terminó… O eso cree, porque aparece una ministra que dice: “Siempre no”. Y entonces descubre que en México un hecho juzgado ya no necesariamente pone fin a un conflicto; apenas representa una opinión provisional del Estado…
Vamos por partes.
Lo primero es decir que hay una pregunta mucho más importante que plantearse si una empresa debe o no pagar más impuestos. Es esta: ¿qué ocurre cuando el Estado pierde un juicio? La respuesta debería ser sencilla en cualquier democracia constitucional: acepta la sentencia y la cumple. Ahí termina el litigio. Ahí comienza la seguridad jurídica para el resto de la población. Ricos y pobres, liberales y conservadores, socialistas y capitalistas. Todos.
Sin embargo, en la SCJN, en voz de una de sus ministras, empieza a abrirse paso una idea profundamente peligrosa: que una sentencia firme puede dejar de ser definitiva si el resultado no satisface al ciertos miembros del gobierno en turno. Bajo esa lógica, la cosa juzgada deja de ser un límite al poder para convertirse en un simple obstáculo administrativo susceptible de removerse cuando convenga.
Ése es el verdadero problema. No es FEMSA. No es el SAT. Es la certeza jurídica.
Cuando un tribunal concluye un litigio, no solo resuelve un conflicto entre las partes. También envía un mensaje a toda la sociedad: las reglas existen, son previsibles y obligan tanto al ciudadano como a la autoridad. Si ese principio desaparece, la ley deja de ser un límite y se convierte en una herramienta política.
Por eso resultan tan preocupantes las posturas que buscan reabrir litigios concluidos o relativizar principios como la cosa juzgada y la irretroactividad. No es una discusión técnica reservada para abogados. Es una discusión sobre los límites del poder y que nos debería importar a todos los ciudadanos. Si esos límites se difuminan, mañana no estará en riesgo únicamente una gran empresa; también lo estarán el pequeño comerciante, el profesionista, el trabajador, el pensionado o cualquier ciudadano.
La seguridad jurídica consiste en esto y solo en esto: que el gobierno, como en las casas de apuesta, también puede perder. No es un signo de debilidad institucional; es la esencia misma del Estado de derecho. La seguridad jurídica comienza el día en que el Estado acepta que también puede perder.
Un gobierno sujeto a la ley acepta que existen jueces independientes capaces de darle la razón al ciudadano.
No hay acto más revolucionario ni transformador para un Estado que aceptar una derrota judicial. Ahí comienza el Estado de derecho. Todo lo demás es la tentación permanente de convertir la justicia en un instrumento del poder tan típico de la 4T y sus allegados.
Y un país donde el poder nunca pierde termina siendo, inevitablemente, un país donde los ciudadanos siempre pagan la cuenta.
Giros de la Perinola
(1) Más que ministra del pueblo, Batres parece una promotora del casino nacional. Porque bajo su teoría, el SAT nunca pierde. Y si pierde, simplemente vuelve a jugar hasta ganar.
Lenia está dejando de ser el tema; lo malo es que lo que ella es o simboliza se está convirtiendo en el síntoma de una enfermedad institucional.
(2) En realidad, Lenia Batres está intentando sustituir el Estado de derecho por el Estado de la sospecha. Para ella, si gana una empresa, la sentencia debe sospecharse; si pierde el SAT, el juicio debe reabrirse; si el Estado fracasa, las reglas deben cambiar. Ese mecanismo intelectual es el verdadero protagonista de la historia.