Sucedió en Las Choapas, Veracruz, y ha estremecido a todo el país. Una sola letra fue suficiente para que un presunto pederasta recuperara su libertad, mientras una niña de 13 años quedaba desprotegida y los encargados de impartir justicia hacían todo, menos cumplir con su deber.
Hoy, la exjueza Guadalupe “N” enfrenta proceso por este hecho que ha escalado a niveles de escándalo por tratarse de la vida y dignidad de una niña.
La ex titular del Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral en ese municipio veracruzano fue vinculada a proceso por incumplimiento de deber legal, evasión de presos y delitos contra la procuración y administración de justicia. La investigación la llevó a cabo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que reunió pruebas suficientes para demostrar que lo ocurrido no fue un error inocente, sino una decisión que abrió la puerta a la impunidad.
Los hechos horrorizan a todos y todas: Brando “N”, el hombre detenido el 20 de marzo de 2026, no es un desconocido para su víctima. El delito que se le imputa es pederastia en agravio de su propia prima, una menor de edad que depositaba confianza en alguien de su familia y que hoy carga con un daño que ninguna palabra puede borrar.
Cuando los agentes de la Fiscalía lo detuvieron, todo parecía seguir su curso: la orden de aprehensión estaba lista, la denuncia había sido levantada y las pruebas comenzaban a reunirse.
Sin embargo, la entonces jueza desechó el mandato judicial con un pretexto que suena a burla: afirmó que en el documento aparecía escrito “Brandon” y no “Brando”, es decir, que se había agregado una sola letra “n” al final del nombre. Con ese detalle, ordenó su libertad inmediata.
Como si la situación no fuera suficientemente grave, el agente del Ministerio Público que recibió la denuncia y dio inicio a la investigación también fue separado de su cargo, mientras se revisa su actuación y se determina si existieron omisiones o negligencia al momento de integrar la carpeta de investigación. Ambos funcionarios deben pagar. Agredir sexualmente a una criatura no permite distracciones ni demoras.
Lo más indignante es que existen algunos asegunes.
Un abogado amigo mío me comentó que, por desgracia, el faltar o sobrar una letra en un acta es gravísimo, pues la parte contraria puede alegar que no se trata de la misma persona y hacer lo que se hizo, dejar a un delincuente en libertad.
¿Cómo puede ser posible que la vida y la seguridad de una menor queden a merced de una letra mal escrita? Para la sociedad, esta no es solo una falla administrativa: es una traición a la justicia, a la verdad y a la niña que espera que se haga valer su derecho a la protección.
Creo que la jueza y el otro funcionario fueron separados de su cargo más por la presión social que por otra cosa, pero hay que estar atentos y atentas, no vaya siendo que por el detalle de la letra este caso dé un giro inesperado y los responsables de este crimen terminen como si nada.
Este caso nos grita una verdad dolorosa: cuando quienes tienen en sus manos impartir justicia fallan —o peor aún, actúan con negligencia que parece deliberada— no solo cometen un delito, sino que ponen en riesgo la seguridad de todos y, sobre todo, traicionan a quienes más necesitan amparo.
¿Cuándo dejará de ser la justicia una carrera de obstáculos para las víctimas y un camino de facilidades para quienes cometen crímenes atroces?