La advertencia de Guadalupe Taddei debería preocuparnos mucho más de lo que parece. La presidenta del Instituto Nacional Electoral pidió a los partidos políticos que rumbo a las elecciones de 2027 no postulen a personas involucradas con el crimen organizado.
Dicho así parece una obviedad. Ningún partido debería postular delincuentes. El problema es que, si la presidenta del árbitro electoral considera necesario decirlo públicamente, es porque el riesgo existe. Y porque México enfrenta una pregunta que hasta hace algunos años habría resultado escandalosa: ¿cómo garantizar que el crimen organizado no participe, directa o indirectamente, en la selección de nuestros candidatos?
Taddei puso además la responsabilidad donde corresponde inicialmente: en los partidos políticos. Son ellos quienes seleccionan, registran y respaldan a sus candidatos. El INE ha señalado que no será quien determine por sí mismo los niveles de riesgo de los aspirantes, y que la información que resulte de las revisiones deberá servir para que los propios partidos decidan si una persona continúa o no en la carrera por una candidatura.
El tamaño del desafío es enorme. La propia presidenta del INE ha estimado que podrían realizarse entre 750 mil y 800 mil consultas relacionadas con aspirantes y candidaturas considerando los distintos cargos federales, estatales y municipales involucrados en el proceso de 2027.
Pero aquí aparece el verdadero problema. ¿Podemos confiar exclusivamente en los partidos para impedir la infiltración criminal? Porque no siempre estamos hablando de un narcotraficante que llega a la sede de un partido y solicita una candidatura. La infiltración puede ser mucho más sofisticada. Puede presentarse mediante empresarios que financian campañas, operadores políticos relacionados con organizaciones criminales, candidatos aparentemente limpios respaldados por grupos delictivos o aspirantes que llegan al poder sin antecedentes judiciales pero adquieren compromisos con quienes financiaron o facilitaron su triunfo.
Y existe todavía una modalidad más peligrosa: cuando el crimen organizado no necesita infiltrar un partido porque simplemente impone condiciones en determinados territorios. Puede amenazar candidatos, puede obligarlos a retirarse, puede financiar campañas, puede movilizar votantes, puede impedir que determinados partidos hagan campaña, puede intimidar funcionarios y en los casos extremos, puede decidir quién compite y quién no.
Cuando eso sucede, ya no estamos hablando solamente de inseguridad pública. Estamos hablando de la captura de la democracia. Por eso me parece insuficiente reducir el problema a pedirles buena conducta a los partidos. Por supuesto que deben asumir su responsabilidad. Y deberían existir consecuencias políticas y jurídicas mucho mayores para aquellas organizaciones que, teniendo información suficiente sobre los vínculos criminales de un aspirante, decidan postularlo. Pero también necesitamos mecanismos institucionales capaces de cruzar información.
Fiscalías, autoridades financieras, instituciones de seguridad e inteligencia y autoridades electorales poseen diferentes piezas del rompecabezas. Ninguna, por sí sola, tiene necesariamente toda la información. El gobierno federal planteó este año precisamente la posibilidad de establecer un mecanismo para que los partidos puedan consultar información de seguridad antes de definir determinadas candidaturas. La intención parece correcta. Pero también abre otro problema delicadísimo. ¿Quién determina que alguien está vinculado con el crimen organizado?
Porque una democracia tampoco puede permitir que una dependencia del gobierno utilice información de inteligencia para eliminar adversarios políticos. Imaginemos el escenario contrario. Que desde el gobierno se diga que determinado candidato opositor representa un “riesgo” o mantiene presuntos vínculos criminales y, con información reservada que el ciudadano no puede conocer ni controvertir, se presione para impedir su candidatura. Eso sería igualmente peligroso. El remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad.
Por eso cualquier mecanismo contra los llamados “narcocandidatos” necesita controles, transparencia, derecho de defensa y reglas perfectamente definidas. No podemos permitir candidatos del crimen organizado. Pero tampoco podemos crear una herramienta que permita al gobierno decidir discrecionalmente quién puede ser candidato. Ese es el dilema. Y llegamos a 2027 con poco margen para resolverlo.
El problema además no distingue colores partidistas. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, PT y cualquier nuevo partido que participe en las próximas elecciones deben someter a sus aspirantes a filtros mucho más rigurosos. No basta una carta de antecedentes no penales. No basta una declaración patrimonial. No basta preguntarles si conocen delincuentes. Hay que seguir el dinero. ¿Quién financia una campaña? ¿Quién presta vehículos? ¿Quién paga espectaculares? ¿Quién proporciona estructuras territoriales? ¿Quién moviliza personas? ¿Quién financió anteriormente al candidato? ¿De dónde proviene su patrimonio? Quiénes son sus socios? Ahí probablemente encontraremos mucha más información que revisando solamente expedientes judiciales.
Porque el gran riesgo de 2027 no necesariamente será que aparezca en una boleta un conocido narcotraficante. El verdadero riesgo será que aparezca el candidato de un narcotraficante. Y eso es mucho más difícil de detectar. México ha invertido décadas en construir instituciones para evitar que un gobierno controle las elecciones. Ahora debemos enfrentar una amenaza distinta: evitar que poderes criminales controlen gobiernos surgidos de esas elecciones.
Guadalupe Taddei tiene razón cuando señala que los partidos tienen una responsabilidad fundamental. Pero no puede ser únicamente responsabilidad de ellos. El Estado mexicano debe construir un sistema que permita detectar vínculos criminales sin convertir ese mecanismo en un instrumento de persecución política. Los partidos deben investigar a quienes postulan. Las autoridades deben compartir información bajo reglas claras. El INE debe garantizar la legalidad electoral. Las fiscalías deben investigar delitos. Y los ciudadanos debemos exigir explicaciones sobre quién financia a quienes quieren gobernarnos.
Porque en 2027 no solamente estará en juego quién gana una gubernatura, una alcaldía o una diputación. Estará en juego algo mucho más importante: determinar si los candidatos los siguen escogiendo los partidos y los ciudadanos, o si en algunas regiones de México ya comenzaron a escogerlos los criminales. Y esa es una discusión que debemos tener antes de las elecciones, no cuando el próximo alcalde, diputado o gobernador ya esté sentado en el poder.