El debate alrededor del proyecto inmobiliario Las Dunas, en Chuburná Puerto, ha dejado de ser únicamente una discusión sobre un desarrollo turístico. Hoy representa una prueba para las instituciones ambientales, para el Estado de derecho y para la capacidad de Yucatán de ofrecer, al mismo tiempo, protección al medio ambiente y certeza jurídica a quienes invierten de buena fe. Ambos principios son indispensables.
Un estado que no protege sus ecosistemas termina perdiendo el patrimonio natural que sustenta su desarrollo. Pero un estado que modifica las reglas conforme cambia la presión política también pierde credibilidad ante quienes generan empleo e inversión. El equilibrio entre ambas responsabilidades es la verdadera tarea del gobierno.
Por ello, la discusión no debería centrarse en estar a favor o en contra de un proyecto inmobiliario, sino en responder una pregunta mucho más importante: ¿se cumplió la ley?
Si todas las autorizaciones fueron obtenidas conforme a la legislación vigente, con estudios técnicos sólidos, evaluaciones ambientales completas y sin irregularidades administrativas, el proyecto tiene derecho a desarrollarse. La seguridad jurídica no es un privilegio para los inversionistas; es una condición indispensable para el crecimiento económico y para la confianza en las instituciones.
Pero si durante el proceso hubo omisiones, permisos otorgados sin cumplir la normatividad, información incompleta, conflictos de interés, alteración de estudios ambientales o actos de corrupción, la respuesta del Estado debe ser igual de contundente.
No basta con cancelar una obra. Deben existir responsabilidades administrativas, civiles y penales para todos los involucrados. Eso incluye a quienes promovieron el proyecto si actuaron fuera de la ley, pero también a los funcionarios públicos que autorizaron permisos indebidamente. La corrupción nunca es responsabilidad de una sola parte. Cuando un permiso ilegal se concede, existe quien lo solicita y quien lo firma.
El caso Las Dunas también deja una enseñanza más amplia. México necesita reglas claras para el desarrollo de sus costas. La falta de criterios uniformes ha permitido que durante décadas se construya en ecosistemas altamente vulnerables, generando conflictos sociales, litigios y daños ambientales que muchas veces resultan irreversibles.
En este contexto, la revisión que realizan las autoridades federales representa una oportunidad para disipar cualquier duda. No se trata de perseguir empresarios ni de convertir la inversión privada en un enemigo del desarrollo. Tampoco de cerrar los ojos ante posibles irregularidades por el simple hecho de que exista inversión de por medio. Se trata de aplicar la ley con el mismo rigor para todos.
Si la investigación concluye que el proyecto cumplió con todos los requisitos legales, las autoridades deben garantizar su continuidad y brindar plena certeza jurídica. Si, por el contrario, demuestra que hubo violaciones a la legislación ambiental o actos de corrupción, entonces el castigo debe alcanzar tanto al proyecto como a quienes lo promovieron y a los servidores públicos que facilitaron esas irregularidades.
Yucatán ha construido durante décadas una reputación de estabilidad, legalidad y confianza. Precisamente por eso no puede permitirse ni la impunidad ni las decisiones arbitrarias.
El mensaje debe ser claro: en este estado la inversión es bienvenida, pero únicamente cuando respeta la ley; y la protección ambiental no puede convertirse en un discurso político, sino en una obligación que se cumple sin excepciones.
Las Dunas terminará siendo mucho más que un expediente administrativo. Será el precedente que defina si en Yucatán prevalece el Estado de derecho o la discrecionalidad.
Ojalá que el desenlace confirme que aquí la ley protege por igual al patrimonio natural, a los ciudadanos y a quienes invierten con honestidad. Porque cuando la legalidad se aplica sin distingos, ganan el medio ambiente, la economía y la sociedad.