El asesinato del influencer sinaloense César Gastélum durante una transmisión en vivo no debería entenderse únicamente como otro episodio de la violencia que golpea a México. Hay algo particularmente inquietante en lo ocurrido: el crimen fue cometido frente a una audiencia. Y eso cambia muchas cosas.
Durante décadas hemos analizado al crimen organizado mexicano a partir de los territorios que controla, las rutas que disputa, las policías que infiltra, los funcionarios que corrompe y los mercados ilegales que domina. Esa sigue siendo una parte fundamental del problema, pero probablemente ya no sea suficiente para comprender la transformación que están experimentando las organizaciones criminales. Porque el poder también ha cambiado.
Hoy tener poder no significa únicamente controlar una ciudad, una carretera, un puerto o una frontera. También significa tener capacidad para influir sobre miles o millones de personas. Las redes sociales crearon ese nuevo territorio. Y el crimen organizado parece haberlo entendido.
De controlar territorios a controlar narrativas
Un creador de contenido puede construir en pocos años una audiencia que muchos políticos, empresarios e incluso medios de comunicación tardaron décadas en conseguir. TikTok, Instagram, YouTube y Facebook transformaron completamente la manera en que se construye la influencia.
Personas que hace apenas algunos años eran desconocidas hoy pueden comunicarse directamente con cientos de miles de seguidores, establecer tendencias, modificar conversaciones, construir reputaciones y proyectar estilos de vida. Esa capacidad tiene valor económico, tiene valor político y también puede tener valor criminal.
Por eso resulta significativo que durante los últimos años diversos influencers hayan sido asesinados en estados del norte del país como Sinaloa, Sonora, Baja California y Nuevo León.
Cada caso tiene circunstancias distintas y sería irresponsable pretender encontrar una explicación común para todos. En algunos han circulado versiones sobre posibles relaciones con integrantes de organizaciones criminales; en otros, los móviles permanecen sin esclarecerse.
Pero existe un elemento que merece atención: la creciente presencia de personas con enorme exposición digital dentro del universo de víctimas de la violencia.
Antes parecía que la visibilidad pública representaba un riesgo principalmente para periodistas, políticos, policías, empresarios o activistas. Ahora también puede representar un riesgo para quien tiene seguidores.
Una ejecución frente a una audiencia
El caso de César Gastélum contiene además un elemento que lo hace especialmente perturbador: ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo. No es un detalle menor.
Cuando un asesinato ocurre frente a una cámara conectada a miles de personas, el crimen deja de tener únicamente una dimensión física. Adquiere una dimensión comunicativa. La víctima muere en un lugar determinado, pero el mensaje puede recorrer el país en cuestión de minutos.
Las imágenes se reproducen. Los fragmentos circulan. Los comentarios se multiplican. Las especulaciones comienzan. Y el miedo encuentra una plataforma de distribución prácticamente ilimitada.
La violencia se convierte entonces en comunicación. Y el asesinato se transforma en mensaje.
No sabemos todavía si quienes cometieron este crimen buscaban deliberadamente ese efecto. Eso corresponde determinarlo a las investigaciones. Pero el resultado existe independientemente de la intención.
Miles de personas observaron que alguien podía ser asesinado mientras transmitía en vivo. Y millones más supieron después que ocurrió.
Para cualquier organización criminal interesada en proyectar poder, pocas cosas pueden resultar más eficaces que demostrar públicamente su capacidad para ejercer violencia. Antes los mensajes podían dejarse junto a un cadáver. Hoy las redes sociales pueden multiplicarlos sin necesidad de escribir una sola palabra.
El peligro de justificar a la víctima
Después aparece otro fenómeno igualmente preocupante. Cada vez que asesinan a un influencer comienzan casi inmediatamente las investigaciones paralelas en redes sociales. Aparecen fotografías, videos antiguos, amistades, fiestas, automóviles, viajes, canciones y supuestas relaciones personales. Y rápidamente alguien construye una teoría para explicar por qué ocurrió el asesinato.
En ocasiones algunas de esas pistas podrían resultar relevantes para una investigación. Pero existe una diferencia enorme entre investigar y sentenciar.
En México hemos desarrollado una peligrosa costumbre frente a determinados homicidios: intentar descubrir qué hizo la víctima para que la mataran. La frase suele ser conocida: “por algo habrá sido”. Esa lógica es profundamente peligrosa.
Porque incluso suponiendo que una persona hubiera tenido vínculos con alguna actividad ilícita, eso jamás convierte una ejecución en un acto aceptable.
En un Estado de derecho nadie tiene facultades para detener, juzgar, condenar y ejecutar a otra persona.
Si existen delitos, corresponde investigarlos al Estado. Si existen pruebas, deben presentarse ante un juez. Y si existe responsabilidad penal, debe imponerse una sentencia conforme a la ley.
Cuando comenzamos a justificar implícitamente determinadas ejecuciones porque suponemos que la víctima “andaba metida en algo”, estamos reconociendo al crimen organizado una facultad que jamás debería tener: administrar justicia. O, peor todavía, imponer su propia justicia.
La disputa por la influencia
Hay una pregunta que México tendrá que comenzar a hacerse seriamente. ¿Qué ocurre cuando el crimen organizado descubre que las audiencias también son poder?
Durante mucho tiempo los cárteles entendieron perfectamente la importancia de controlar la información. En distintas regiones del país amenazaron periodistas, intimidaron medios y establecieron silencios informativos.
Hubo ciudades donde los periódicos dejaron de publicar determinados hechos relacionados con la violencia porque hacerlo significaba poner en riesgo la vida de reporteros, editores y directivos. Aquello fue una forma brutal de censura. Ahora el ecosistema informativo cambió. La información ya no circula exclusivamente a través de periódicos, estaciones de radio o canales de televisión.
Millones de mexicanos se informan, se entretienen y construyen sus opiniones directamente en las redes sociales. Por eso quienes concentran grandes audiencias comienzan inevitablemente a convertirse en actores relevantes. No necesariamente porque sean periodistas. No necesariamente porque hablen de política. Simplemente porque tienen algo extraordinariamente valioso en nuestra época: atención. Y controlar la atención también significa controlar una parte de la conversación pública.
El siguiente territorio
México ha perdido demasiados territorios frente al crimen organizado. Hay regiones donde las organizaciones criminales cobran derecho de piso. Otras donde deciden quién puede transportar mercancías. Algunas donde intervienen en actividades agrícolas, pesqueras, mineras o comerciales. También existen lugares donde han intentado influir en procesos electorales y gobiernos municipales. Pero existe un territorio que no aparece en los mapas y que también debemos proteger.
El espacio público digital
Porque si periodistas, activistas, empresarios, políticos o creadores de contenido comienzan a preguntarse qué pueden decir, qué pueden publicar, con quién pueden aparecer o qué temas deben evitar por temor a una represalia criminal, entonces el crimen organizado habrá conseguido algo mucho más profundo que controlar una carretera. Habrá conseguido imponer autocensura. Y la autocensura es una de las formas más eficaces del poder. No requiere amenazas permanentes. Basta con algunos ejemplos suficientemente contundentes para que todos los demás entiendan el mensaje.
El Estado no puede llegar después
La obligación inmediata de las autoridades es esclarecer el asesinato de César Gastélum. Determinar quién lo ordenó, quién lo ejecutó y por qué. Pero sería insuficiente detener a los responsables materiales y considerar resuelto el problema.
México necesita comprender cómo está cambiando la relación entre violencia, redes sociales y crimen organizado. Las organizaciones criminales evolucionan. Utilizan tecnología. Analizan audiencias. Construyen narrativas. Exhiben riqueza. Difunden amenazas. Reclutan jóvenes.
Y aprovechan los mismos instrumentos digitales que utiliza cualquier empresa, político, medio de comunicación o creador de contenido. El Estado mexicano también debe evolucionar.
Porque combatir organizaciones criminales del siglo XXI exclusivamente con estrategias diseñadas para las organizaciones del siglo XX significa comenzar siempre varios pasos atrás.
El asesinato de César Gastélum puede terminar siendo esclarecido como un crimen derivado de circunstancias particulares. Pero el fenómeno que rodea su muerte es mucho más grande.
Los influencers se han convertido en nuevos actores del espacio público y, por lo mismo, también pueden convertirse en objetivos de quienes pretenden controlar ese espacio. La advertencia está frente a nosotros. El crimen organizado ya no disputa solamente territorios. También disputa mercados, instituciones, narrativas y audiencias. Y cuando matar frente a una cámara sirve para que miles observen y millones entiendan el mensaje, la violencia adquiere una dimensión todavía más peligrosa. Porque entonces matar ya no sirve únicamente para eliminar a una persona.
También sirve para comunicar poder.
Y cuando el miedo comienza a decidir quién puede hablar, quién puede publicar y quién puede tener influencia, el territorio que está perdiendo el Estado ya no es solamente una parte del país.
Es una parte de nuestra libertad.