Con las elecciones intermedias de 2027 cada vez más cerca, el oficialismo no está dejando nada al azar. Así lo advierten los movimientos en el gabinete federal, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la dirigencia de Morena y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Todos como parte de una misma estrategia: la de consolidar el poder político-electoral.
La narrativa los justifica como “reorganización” y “eficiencia administrativa”, sin embargo, lo que revela la secuencia y el momento en que ocurren, es la intención de obtener el control anticipado del proceso electoral.
Gobierno y partido
El primer frente es el gabinete. La salida de personajes clave para incorporarse a tareas partidistas confirma que no existe línea que divida al gobierno y a Morena.
Una señal de ello, se da en el marco de la reorganización interna del partido en el poder. La renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres para asumir la operación electoral rumbo a la elección intermedia.
Lo mismo ocurre con los cambios en la Consejería Jurídica: Estela Damián deja el cargo para buscar la candidatura al gobierno de Guerrero; Luisa María Alcalde se perfila para ocupar esa posición y en la presidencia de Morena, sería designada la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Son piezas del mismo tablero. Cuadros gubernamentales convertidos en operadores electorales, y viceversa, un circuito de reciclaje político.
A lo anterior se suma la abierta intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la vida interna del partido, en la reconfiguración de la dirigencia y de los perfiles encargados de alianzas y candidaturas. Una centralización del control político donde la propia jefa del Ejecutivo supervisa procesos internos partidistas para evitar fracturas y garantizar cohesión de cara al 2027.
Desde esta perspectiva, los enroques en el gabinete buscan que piezas confiables ocupen posiciones clave, mientras otros, son enviados al partido para asegurar la operación territorial. Se trata de la construcción de la maquinaria electoral de Morena desde el aparato del Estado.
El árbitro
El segundo frente es el INE. La designación de nuevos consejeros con vínculos cercanos al oficialismo encendió las alarmas y, por primera vez en años, la oposición votó en bloque en contra, denunciando la opacidad del proceso.
No es para menos, estos consejeros arbitrarán la elección de 2027 y continuarán en funciones hasta 2035.
Es decir, una selección cuestionada desde el inicio, también definirá las reglas de elecciones posteriores. El comité técnico encargado de evaluar a los aspirantes fue señalado desde el principio por su cercanía con Morena, lo que pone en entredicho su imparcialidad y el hecho de que abre la puerta a que el oficialismo controle todas las etapas del proceso.
A eso se suma el debilitamiento operativo del Instituto. No hace falta desaparecer al árbitro; basta con condicionarlo. Con menos recursos disminuirá su capacidad de vigilancia y se ampliarán los márgenes de discrecionalidad.
El poder del fisco
Aunque menos visible, el tercer frente es igual de relevante: el control fiscal. Los movimientos en el SAT y en áreas financieras del gobierno apuntan a fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado.
El uso de instrumentos fiscales como mecanismos de presión en un contexto electoral no es nuevo, pero sí lo es, su integración en una estrategia política más amplia.
Si se observa el conjunto: gabinete, partido, árbitro electoral y aparato fiscal, lo que se emerge es un modelo de concentración de poder encaminado, no solo a ganar elecciones, sino a construir condiciones para hacerlo con una enorme ventaja.
Al cierre del pasado periodo legislativo, Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena, se reunió con diputados que operan como estructura electoral del partido para enviar un mensaje claro: van por el carro completo. “Ya no hay margen de error para la dirigencia de Morena: es sí o sí ganar el Congreso, es sí o sí ganar los municipios y es sí o sí dejar el camino llano para conquistar los estados posteriormente”.
México ya conoció el modelo de partido gobernante que dominaba todos los espacios del poder. La transición democrática buscó romper con esa lógica y hoy, todas las señales apuntan a su regreso.
Más que una contienda, la elección de 2027 será la prueba de resistencia del entramado donde se jugará la distribución del poder y la credibilidad del sistema democrático.
Y si se pierde la confianza en las elecciones, lo que sigue es el conflicto.
Ese es el verdadero riesgo: que el tablero ya esté cargado antes de que empiece la partida.
X: @diaz_manuel