Nuevamente el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se convierte en nota por enfrentar todo el poder del Estado y de Morena, que lo quiere tras las rejas. Lo acusan de evasión fiscal, lavado de dinero, huachicol y delincuencia organizada.
El 24 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que lo protegía contra una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la resolución —aprobada por unanimidad— se reactivó la orden de captura suspendida desde diciembre de 2023 por un juez federal.
El origen del caso es, por decir lo menos, cuestionable: la compraventa de un departamento. Operación a partir de la cual se construyó una acusación de delincuencia organizada al involucrar al comprador, al notario y al propio exgobernador. Tres personas, una transacción y la etiqueta penal más grave. Con el tiempo, el caso se sobreseyó para los otros involucrados, no así para Cabeza de Vaca. Si no hubo delito para ellos, ¿dónde quedó la organización criminal?
La Corte y la presunción de inocencia
El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres, quien sostuvo que para librar una orden de aprehensión basta con datos que permitan suponer razonablemente la probable comisión del delito, sin necesidad de prueba plena. Es decir, en fase inicial no se exige acreditar el delito, sino apenas la sospecha fundada.
Un argumento jurídico que puede sostenerse en el papel, pero en el contexto político actual genera suspicacias inevitables. La narrativa que corre en los pasillos es que la “tremenda Corte” recibió línea de Palenque para detener a un opositor que incomoda, violando los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.
El problema es el precedente. Si la ley se aplica con criterios políticos y los jueces se alinean al poder, el ciudadano común queda desprotegido frente a órganos de justicia que se usan como herramienta del poder.
El origen del choque
Cabeza de Vaca fue de los pocos gobernadores que confrontó abiertamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El 28 de agosto de 2020, durante una conferencia en Reynosa, le entregó en propia mano una carta denunciando redes de huachicol en Tamaulipas, con nombres, rutas y presuntas complicidades.
El documento que también entregó a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Incluía información sobre líderes criminales y casos de presuntos delincuentes liberados por autoridades federales. En esencia, señalaba la existencia de un “huachicol fiscal” que operaba con protección institucional. La cloaca del contrabando de combustibles.
Sin embargo, la respuesta fue inmediata y brutal. El 23 de febrero de 2021, el fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero. Un día después, López Obrador intentó matizar: “No es venganza, pero no somos tapadera de nadie”. La frase quedó para la historia.
Las denuncias de Cabeza de Vaca
Cabeza de Vaca no ha desistido en asegurar que la red de contrabando involucraba dependencias estratégicas: el SAT, la UIF, Aduanas, SENER, CFE, Pemex y la propia FGR. En sus denuncias señala nombres y apellidos que, de probarse, exhibirían una trama de corrupción de dimensiones mayúsculas.
En este contexto aparecen actores políticos como Adán Augusto López, Américo Villarreal, Rubén Rocha, Sergio Gutiérrez Luna y Mario Delgado, quienes recientemente lanzaron ataques contra el exgobernador y fueron recibidos por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, en medio de la discusión del caso. Una coincidencia que favorece el proyecto de la ministra Batres.
Las denuncias también confirman en parte lo expuesto por Julio Scherer Ibarra en su libro Ni esperanza ni venganza, donde alude a disputas internas y presuntas operaciones políticas desde el poder que involucran a Jesús Ramírez Cuevas y a Mario Delgado.
La rebelión de Cabeza de Vaca
La persecución contra Cabeza de Vaca deja al descubierto la consolidación de una estructura autoritaria en la que para “hacer justicia” no se necesitan tribunales ni un debido proceso, basta con la sospecha.
No se trata solo del destino de un exgobernador, sino del límite entre justicia y revancha. Y cuando ese límite se borra, se afecta a toda la nación.
X: @diaz_manuel