¡Las mujeres no pueden seguir esperando a que los políticos terminen de ponerse de acuerdo para proteger sus vidas! Mientras una mujer amenazada busca desesperadamente ayuda, una madre exige que se investigue la desaparición de su hija y una familia llora otro feminicidio, el Senado de la República continúa sin concluir una discusión que debería ocupar uno de los primeros lugares de la agenda nacional: cómo prevenir, investigar y sancionar eficazmente los asesinatos de mujeres por razones de género.
La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum desde julio pasado sigue atrapada entre revisiones jurídicas, diferencias sobre las penas y negociaciones legislativas que podrían impedir su aprobación antes del 15 de diciembre. ¡Qué brutal contradicción! Para anunciar castigos de hasta setenta años de prisión sobran discursos; para garantizar que una mujer amenazada llegue viva al día siguiente, demasiadas veces faltan instituciones capaces de actuar. Y ésa es la tragedia que ningún senador, funcionario o gobernante debería olvidar: la vida de una mujer vale infinitamente más que la comodidad política de quienes todavía no consiguen ponerse de acuerdo.
La información publicada este domingo 15 de noviembre por La Jornada revela que el proyecto continúa bajo análisis de las comisiones senatoriales y que las conversaciones con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres todavía no han permitido alcanzar los acuerdos necesarios. La senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que se revisan cuidadosamente el tipo penal y las sanciones propuestas, mientras Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que la reforma contiene avances importantes, pero también aspectos que deben perfeccionarse. Ninguno garantizó que el dictamen pueda concluirse durante el actual periodo ordinario. Y mientras los legisladores buscan resolver sus diferencias, las mujeres que viven bajo amenazas no tienen la posibilidad de suspender los riesgos hasta que el Congreso encuentre una fórmula satisfactoria.
La propuesta presidencial plantea expedir una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Entre sus objetivos destacan homologar los elementos esenciales del delito en todo el país, establecer obligaciones de coordinación entre autoridades federales y estatales, fortalecer las investigaciones especializadas y reconocer los derechos de las víctimas directas e indirectas. También propone penas de entre cincuenta y setenta años de prisión, mecanismos de protección y medidas de reparación integral. Se trata de un proyecto ambicioso que merece una discusión jurídica rigurosa, pero cuya importancia no debería medirse exclusivamente por la severidad de los castigos anunciados. Porque la justicia no consiste en acumular años de prisión sobre el papel, sino en proteger vidas, investigar delitos y sancionar responsabilidades legalmente acreditadas.
Existe una dificultad jurídica que no puede ignorarse. Actualmente las legislaciones estatales contienen diferencias en la definición del feminicidio, sus circunstancias agravantes y las sanciones aplicables. Mientras la iniciativa propone una pena nacional de cincuenta a setenta años, en algunas entidades existen disposiciones que permiten alcanzar castigos de hasta cien años de prisión. La diferencia plantea problemas legítimos de técnica legislativa, proporcionalidad y armonización normativa.
¿Cómo establecer reglas comunes sin generar contradicciones, disminuir injustificadamente determinadas protecciones o complicar la actuación de fiscalías y tribunales? Son preguntas que exigen respuestas serias, no improvisaciones. Pero tampoco justifican que una discusión indispensable se prolongue indefinidamente mientras las autoridades continúan enfrentando problemas para prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida.
No se trata de competir para demostrar qué legislador propone la condena más severa. Una pena extraordinariamente elevada puede expresar la gravedad social de un delito, pero su eficacia depende de que exista una investigación adecuada, se identifique a los responsables, se obtengan pruebas suficientes y se dicten sentencias jurídicamente sustentadas. De poco sirve anunciar setenta, ochenta o cien años de cárcel cuando los expedientes permanecen inconclusos, las pruebas se pierden, los procedimientos se debilitan por errores de investigación o los familiares nunca consiguen conocer la verdad. Una condena ejemplar requiere primero una investigación ejemplar. Y la mayor tragedia institucional consiste en que una mujer sea asesinada después de haber denunciado amenazas que pudieron motivar medidas oportunas de protección.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa consiste en establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y conforme a protocolos especializados. Esto no significa clasificar definitivamente cualquier muerte como feminicidio sin pruebas, sino obligar a las autoridades a examinar desde el comienzo la posible existencia de razones de género. La diferencia es fundamental. Una investigación que ignora antecedentes de amenazas, agresiones sexuales, violencia familiar o relaciones de sometimiento puede perder información determinante. Y cuando transcurren las primeras horas sin preservar adecuadamente los indicios, muchas pruebas difícilmente pueden recuperarse. Por eso se necesitan ministerios públicos preparados, policías profesionales, peritos especializados y procedimientos que impidan que los prejuicios, la indiferencia o la negligencia condicionen la búsqueda de la verdad.
Las familias de numerosas víctimas conocen demasiado bien el recorrido por oficinas gubernamentales, fiscalías y servicios periciales. Han tenido que insistir para que se investiguen antecedentes de violencia, exigir la búsqueda de mujeres desaparecidas, aportar información que debió obtener la autoridad y reclamar respuestas frente a expedientes incompletos. No puede generalizarse esa conducta a todos los servidores públicos, porque existen profesionales que trabajan con responsabilidad y dedicación. Pero precisamente por respeto a quienes cumplen sus obligaciones, resulta indispensable identificar las deficiencias institucionales y corregirlas. La justicia no puede depender de la sensibilidad individual del funcionario que recibe una denuncia ni de la capacidad de una familia para conseguir atención pública mediante manifestaciones o presiones mediáticas.
La iniciativa contempla fortalecer las unidades especializadas en investigación de feminicidios, pero también aquí surge una pregunta inevitable: ¿con qué personal, presupuesto, instalaciones, tecnología y capacidad pericial funcionarán? México conoce demasiado bien la distancia entre las instituciones que existen formalmente y aquellas que realmente pueden cumplir sus funciones. Podemos crear organismos, diseñar protocolos minuciosos y establecer obligaciones extraordinariamente ambiciosas, pero si una mujer amenazada no consigue protección inmediata, si una denuncia permanece sin seguimiento o si las medidas dictadas por una autoridad nunca se ejecutan, la distancia entre la ley y la realidad puede terminar convertida en una tragedia. No necesitamos solamente mejores disposiciones escritas; necesitamos instituciones que las cumplan.
La prevención debería ocupar un lugar central en esta discusión. El feminicidio representa la manifestación extrema de una violencia que en numerosos casos puede estar precedida por amenazas, agresiones, acoso, control coercitivo o episodios de violencia doméstica. No todos los crímenes presentan los mismos antecedentes ni pueden prevenirse mediante idénticos procedimientos, pero detectar oportunamente situaciones de alto riesgo puede resultar decisivo. Las órdenes de protección, los refugios, la atención psicológica, los servicios médicos, la asesoría jurídica y los mecanismos de respuesta inmediata requieren coordinación eficaz. Una mujer que denuncia amenazas graves necesita mucho más que un número de expediente: necesita una evaluación seria del riesgo y autoridades capaces de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Tampoco puede exigirse que toda la responsabilidad de protegerse recaiga sobre quien denuncia. Resulta inadmisible que una mujer tenga que abandonar indefinidamente su vivienda, modificar sus actividades y renunciar a su vida cotidiana mientras las instituciones permanecen incapaces de controlar los riesgos que ella misma puso en conocimiento de las autoridades. Las medidas de protección deben respetar su autonomía y las circunstancias particulares de cada caso, pero el Estado no puede desentenderse de su responsabilidad. La obligación de prevenir no comienza cuando ocurre una tragedia, sino desde que existen elementos suficientes para advertir un peligro y actuar conforme a la ley.
La reparación integral del daño y los derechos de las víctimas indirectas constituyen otro aspecto trascendente. Detrás de un feminicidio pueden quedar hijas e hijos que pierden a su madre, familiares que deben asumir nuevas responsabilidades de cuidado y hogares cuya estabilidad económica queda profundamente afectada.
Los menores en situación de orfandad requieren acompañamiento psicológico, atención médica, continuidad educativa y mecanismos de protección patrimonial. Reconocer esos derechos en un ordenamiento es importante, pero su eficacia dependerá de que existan procedimientos accesibles y recursos suficientes para hacerlos realidad. Ninguna reparación devuelve la vida a una persona asesinada, pero el Estado tiene la obligación de evitar que sus familiares enfrenten nuevas formas de abandono institucional.
La propuesta también debe establecer una distribución adecuada de competencias. México es una federación y las fiscalías estatales desempeñan una función esencial en la investigación de homicidios y feminicidios. Homologar criterios no significa concentrar automáticamente todos los expedientes en una sola dependencia federal. Es necesario determinar con claridad las responsabilidades de cada institución, los mecanismos para compartir información y los procedimientos aplicables cuando surjan controversias de competencia. Lo que no puede permitirse es que una investigación urgente se retrase mientras dos autoridades discuten quién debe hacerse cargo. Las diligencias iniciales, la protección de víctimas y la preservación de pruebas no pueden quedar suspendidas por diferencias burocráticas.
Otro capítulo delicado corresponde a la responsabilidad de los servidores públicos que obstaculicen o retrasen indebidamente la procuración de justicia. La iniciativa contempla sanciones para determinadas conductas, pero esas disposiciones deberán distinguir con precisión la negligencia grave, la actuación deliberadamente obstructiva y los errores que no constituyan delito. La rendición de cuentas es indispensable, aunque también debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. Combatir un crimen gravísimo no autoriza a desconocer garantías constitucionales. Una investigación que viola derechos puede terminar debilitando el proceso penal y perjudicando precisamente la posibilidad de sancionar a quien resulte responsable.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa como parte de su compromiso institucional para enfrentar la violencia contra las mujeres. Es legítimo que el Ejecutivo impulse modificaciones legales y también es obligación del Congreso revisarlas, corregirlas y construir disposiciones constitucionalmente sólidas. Sería injusto afirmar que cualquier retraso constituye automáticamente desinterés, porque existen problemas jurídicos reales que requieren estudio. Pero también sería inaceptable que esas dificultades terminaran convertidas en una justificación permanente para no decidir. Una cosa es legislar responsablemente y otra muy diferente dejar que los asuntos fundamentales se pierdan entre negociaciones políticas, diferencias administrativas y reuniones sin resultados.
Las aportaciones de colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones que acompañan a familiares constituyen elementos especialmente importantes. Quienes han enfrentado directamente las dificultades de las investigaciones pueden aportar conocimientos que no siempre aparecen en los proyectos elaborados desde los despachos gubernamentales. Sus observaciones deben examinarse con seriedad y recibir respuestas concretas. Malú Micher ha reconocido la importancia de esas contribuciones, mientras Javier Corral ha insistido en perfeccionar la propuesta. Lo que falta es establecer con transparencia cuáles son las diferencias pendientes, cómo pretenden resolverlas y qué calendario permitirá concluir responsablemente el dictamen.
La ciudadanía tiene derecho a conocer esos avances. Nadie debería exigir la aprobación precipitada de un ordenamiento complejo, pero tampoco resulta razonable aceptar que el Senado sea incapaz de explicar cuándo y cómo resolverá los obstáculos identificados. Los legisladores pueden discutir cuanto sea necesario; lo que no deberían hacer es permitir que una iniciativa de semejante trascendencia termine subordinada a otras prioridades partidistas. La seriedad jurídica exige análisis, pero la responsabilidad política también exige decisiones.
Es indispensable reconocer, además, que ninguna ley podrá resolver por sí sola las condiciones sociales que favorecen la violencia contra las mujeres. Se requieren políticas educativas, prevención comunitaria, atención eficaz a la violencia familiar, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y cambios culturales que promuevan el respeto y la igualdad. La protección efectiva debe comenzar antes de que ocurra el delito. Esperar a que una mujer sea asesinada para activar los mecanismos más rigurosos del Estado significa que, para esa víctima, las posibilidades de prevención ya se perdieron.
Por eso la reforma debe examinarse desde la perspectiva de su aplicación. ¿Cuánto costará capacitar al personal especializado? ¿Qué recursos necesitarán las fiscalías? ¿Cómo se evaluará la calidad de las investigaciones? ¿Qué mecanismos permitirán verificar que las órdenes de protección se cumplan? ¿Cómo se atenderá a los hijos de las víctimas? ¿Qué información pública servirá para determinar si las nuevas disposiciones realmente producen mejores resultados? Sin respuestas, México corre el riesgo de aprobar otra ley de propósitos generosos cuya eficacia termine limitada por las mismas deficiencias institucionales que pretende corregir.
La responsabilidad también corresponde a los distintos órdenes de gobierno. La Federación debe conducir las políticas nacionales dentro de sus atribuciones y proporcionar mecanismos de coordinación; las entidades federativas necesitan fortalecer sus fiscalías y servicios especializados; y los municipios desempeñan funciones relevantes en prevención, atención inicial y proximidad policial. Ninguna autoridad debería utilizar las diferencias competenciales como pretexto para desentenderse de una mujer que denuncia amenazas. La coordinación no puede depender de afinidades partidistas ni de la disposición circunstancial de los funcionarios.
Hay una contradicción política que merece subrayarse. En México solemos discutir las reformas mediante posiciones extremas: quienes las impulsan pueden presentar cualquier observación como un obstáculo injustificable, mientras sus adversarios encuentran en las dificultades técnicas una oportunidad para prolongar las negociaciones. La protección de las mujeres exige superar esa lógica. La legislación debe ser rigurosa, pero también necesita voluntad política para concluirse y capacidad institucional para aplicarse. Ni la improvisación ni la parálisis representan respuestas aceptables.
La iniciativa contra el feminicidio no debe convertirse en una competencia de discursos para determinar quién propone los castigos más severos. Debe servir para establecer investigaciones rigurosas, medidas de protección eficaces, responsabilidades claras y mecanismos reales de justicia y reparación. Claudia Sheinbaum tiene derecho a impulsar su propuesta y el Senado tiene la obligación de examinarla con responsabilidad. Pero ambos deben comprender que la gravedad del asunto exige resultados concretos y no solamente declaraciones de compromiso.
El Congreso debe evitar una aprobación apresurada que produzca contradicciones jurídicas, pero también impedir que la búsqueda de una legislación perfecta se convierta en una interminable justificación para no legislar. La prudencia jurídica es indispensable; la parálisis institucional, no. Porque anunciar setenta o cien años de prisión puede producir titulares impactantes, pero ninguna condena devuelve la vida a una mujer asesinada. La primera obligación del Estado es protegerla cuando todavía está viva; la segunda, investigar y sancionar eficazmente cuando el delito se ha cometido.
Una ley contra el feminicidio no debería medirse por el número de artículos que contiene ni por los años de cárcel que establece. Su verdadero valor deberá comprobarse en las mujeres que reciban protección a tiempo, los crímenes que se esclarezcan, los responsables que sean juzgados conforme a derecho y las familias que encuentren justicia y reparación. ¡Que el Senado estudie, corrija y perfeccione cuanto sea necesario! Pero que no olvide que detrás de cada disposición jurídica hay mujeres que necesitan vivir sin miedo y familias que esperan respuestas del Estado.
Porque la justicia no comienza cuando un tribunal dicta una sentencia. Comienza cuando una mujer denuncia una amenaza y encuentra una autoridad dispuesta y preparada para protegerla. Y si después de tantos discursos, iniciativas y promesas seguimos siendo incapaces de impedir que una mujer amenazada termine asesinada, entonces el problema no será solamente que nos falte una ley: será que nuestras instituciones no han conseguido cumplir la obligación más elemental para la cual existen, que es proteger la vida de las personas.
Y aquí está la sentencia que deberían escuchar en el Senado y en todas las oficinas encargadas de procurar justicia: una ley que llega tarde puede perfeccionar el castigo, pero jamás devolverá la vida a quien no fue protegida cuando todavía podía salvarse. Las instituciones no pueden presentar como éxito la severidad de una condena si antes desatendieron las señales de peligro que estaban obligadas a investigar.
La advertencia es igualmente clara: si la demora legislativa continúa sin explicaciones suficientes, si las medidas de protección siguen fallando y si los expedientes permanecen atrapados en la negligencia, la sociedad tendrá razones fundadas para exigir responsabilidades políticas, administrativas y, cuando corresponda, penales a quienes incumplan sus obligaciones. La falta de una nueva ley no elimina los deberes de protección y debida diligencia que las autoridades ya tienen.
¡Basta de convertir el dolor de las víctimas en materia de discursos solemnes y compromisos que nunca terminan de cumplirse! Las mujeres necesitan seguridad antes de ser agredidas, protección cuando denuncian y justicia cuando sus derechos son violentados. Ésa es la responsabilidad del Estado, exista o no una nueva reforma publicada en el Diario Oficial.
Porque un Senado puede aplazar una votación, una comisión puede prolongar una discusión y un funcionario puede encontrar mil explicaciones para justificar su inacción. Lo que ninguna institución puede detener es el tiempo que corre para una mujer cuya vida está en peligro.
Y ésa es la advertencia final: cuando el Estado conoce una amenaza y omite injustificadamente actuar para proteger a quien corre peligro, su responsabilidad no desaparece detrás de un expediente, una excusa burocrática o una promesa legislativa. Porque la verdadera tragedia no es solamente que una mujer sea asesinada; es que, cuando había señales y posibilidades de intervenir, las instituciones encargadas de protegerla no hayan cumplido con su deber.
¡La vida no puede esperar a que el Senado termine de ponerse de acuerdo!





