El discurso de la soberanía digital se queda desnudo cuando la realidad de una plataforma comercial impacta directo al ciudadano cuando alcanza el funcionamiento gubernamental. La caída de Microsoft dejó en pausa el servicio de Aduanas según reportó esa institución en X y el IMSS se quedó sin servicio de confirmación de citas ni mensajería y comunicaciones internas. Una impacta directo al comercio, otra a la salud.
Ciertamente, la tecnología no es infalible y las plataformas digitales menos lo son, pero lo inexplicable es que existen servicios de mensajería por internet brindados por Telmex con la vieja Prodigy o infinitum movil, empresa mexicana, así como la posibilidad del desarrollo de mensajería y sistemas encriptados de comunicación interna desde las plataformas gubernamentales. La caída de Microsoft revela que el Gobierno mexicano, en parte, es todo menos soberano tecnológicamente.
Al momento en que esta columna cierra, no hay certeza sobre si fue una falla en los centros de datos o un ataque que pudiera implicar vulneración de los usuarios así como de archivos alojados en la nube. El hecho es que la información personal de ciudadanos, así como la posibilidad de hacer trámites, ha quedado nuevamente en medio de la espera porque se cayó el sistema.
No es la primera vez. El 19 de julio de 2024, la caída global de Microsoft obligó en México a cancelar 75 vuelos y demorar otros 582, además de generar caos en el cruce fronterizo con Estados Unidos. Aquella falla nació en una actualización defectuosa de CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad, y aun así paralizó bancos, aeropuertos y hospitales en medio mundo. La lección entonces fue la misma que hoy, que en una cadena digital de proveedores encadenados, el eslabón más débil lo decide alguien que no responde ante ningún gobierno y menos a un ciudadano mexicano.
La caída de Microsoft es un acontecimiento global y se trata de una empresa seria. Por supuesto que los gobiernos logran hacerse más eficientes cuando se fían de especialistas que proveen bienes o servicios. También es cierto que algunas plataformas con desarrollo virtual propio han tenido peores y más constantes vulneraciones, como la página del INE o una parte de la del SAT, que un día impide generar citas y al siguiente, también.
El punto crítico es que, en tanto no se invierta en desarrollo de tecnologías autónomas, sólidas, con protocolos homologados y comunicaciones o sistemas alojados en centros gubernamentales, este tipo de episodios seguirán afectando a quienes necesitan interactuar con el gobierno por algún trámite.
En México se ha confundido residencia de datos con soberanía digital. Microsoft inauguró en Querétaro su región de nube México Central, con tres zonas de disponibilidad desde las cuales opera Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365, y entre sus anuncios de 2020 y 2025 suma 2.4 mil millones de dólares comprometidos en el país. Querétaro, además, recibirá más de 10 mil millones de dólares de Amazon Web Services, y a ellos se suman Google y otras firmas. Es inversión real y bienvenida. Pero que los servidores estén físicamente en territorio nacional garantiza menor latencia y cumplimiento normativo, no control. El software, las actualizaciones, las llaves de operación y el marco jurídico del proveedor siguen siendo ajenos. Un centro de datos en Querétaro no habría evitado una actualización fallida diseñada en otro país.
La hipótesis, entonces, es que la vulnerabilidad del Estado mexicano no se mide en dónde están los servidores, sino en cuántos trámites críticos dependen de un solo proveedor sin un plan de contingencia propio. Un plan que implique poder continuar brindando servicios desde sistemas alternativos, aunque sean un poco más básicos. Si Aduanas, salud, y hacienda comparten el mismo punto único de falla, una caída técnica deja de ser un incidente informático y se convierte en un riesgo de Estado. Si esa dependencia se mide en horas de servicio perdido, cada interrupción debería costearse y publicarse, porque lo que no se mide, no se presupuesta.
La soberanía digital no se decreta en discurso, de hecho, implica una larga cadena de largo aliento que va desde la inversión a la educación tecnológica, el presupuesto a universidades para desarrollar centros de datos propios, desarrollo autónomo de sotware, incentivos para que existan empresas tecnológicas propias y medidas que puedan compilarse, ser escrutinadas en cuanto a presupuesto y probarse.
Mientras el Gobierno trate la nube como un favor que recibe y no como infraestructura que debe poder reemplazar, cada apagón ajeno dejará a un contribuyente sin aduana y a un enfermo sin cita (como si la situación de aquel instituto ofreciera citas rápidas y fáciles, ahora los pacientes que perdieron citas deberán volverlas a solicitar). México no necesita rechazar a las grandes tecnológicas pero sí necesita poder prescindir de ellas por un día. El gobierno que no puede apagar al proveedor sin apagarse a sí mismo no es cliente, más bien, es rehén. Un rehén no puede ser soberano.