¡Quién hubiera imaginado que México volvería a enfrentar semejante amenaza por una enfermedad que durante décadas aprendimos a prevenir mediante la vacunación! El sarampión, que muchos ciudadanos consideraban un problema prácticamente superado, ha regresado con una fuerza preocupante: más de veinte mil casos confirmados desde 2025, cincuenta personas fallecidas y miles de familias que han tenido que enfrentar los riesgos de una infección particularmente peligrosa para los niños pequeños. Y mientras la Organización Panamericana de la Salud examina si nuestro país conserva el reconocimiento internacional de haber eliminado la transmisión endémica de esta enfermedad, aparece una pregunta bastante más importante que cualquier certificado sanitario: ¿cómo llegamos a esta situación y qué debemos corregir para impedir que sigan enfermando y muriendo personas por una infección que puede prevenirse eficazmente?
Los datos de la Secretaría de Salud resultan suficientemente elocuentes. Hasta el corte del 11 de noviembre se habían confirmado 20 mil 552 casos acumulados durante 2025 y 2026, además de cincuenta defunciones. No se trata de contagios ocurridos todos en los últimos días, sino del resultado de un brote prolongado que comenzó en febrero del año pasado y que ha afectado a las 32 entidades federativas. La enfermedad ha sido identificada en centenares de municipios, lo que demuestra que su presencia no puede atribuirse exclusivamente a una región aislada.
Lo más inquietante es que el sarampión no constituye una enfermedad desconocida ni carecemos de medios eficaces para prevenirlo. Desde hace décadas existe una vacuna segura y altamente efectiva que forma parte de los programas de inmunización infantil. La Organización Mundial de la Salud señala que dos dosis ofrecen una protección aproximada del 97% frente a la infección. Es decir, contamos con una herramienta capaz de evitar la inmensa mayoría de los contagios, pero algo está fallando cuando tantas personas permanecen expuestas.
El problema adquiere una dimensión particularmente delicada en Jalisco. Nuestra entidad encabeza las cifras nacionales de casos confirmados durante 2026, con 7 mil 394 contagios registrados hasta el corte del 10 de noviembre. Además, acumula cinco defunciones desde el inicio del brote, dos correspondientes a 2025 y tres a este año. Son números que obligan a revisar cuidadosamente las coberturas de vacunación, las condiciones de atención médica y la oportunidad con que se detectan y controlan los casos.
Detrás de cada registro hay una persona y una familia. Un niño con fiebre elevada, una madre preocupada, padres que deben ausentarse del trabajo, hospitales que necesitan atender posibles complicaciones y comunidades donde la aparición de nuevos contagios provoca incertidumbre. Las estadísticas epidemiológicas son indispensables para diseñar políticas públicas, pero nunca deberían hacernos olvidar que representan historias humanas.
El sarampión comienza generalmente con fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular y posteriormente una erupción cutánea característica. Sin embargo, no debe confundirse con una enfermedad infantil necesariamente benigna. Puede provocar neumonía, inflamación cerebral y otras complicaciones graves, especialmente en menores de cinco años, personas desnutridas o con determinadas condiciones de vulnerabilidad.
Su capacidad de transmisión también lo convierte en un desafío extraordinario. Una persona infectada puede contagiar a numerosas personas susceptibles, incluso antes de que aparezca la erupción característica. Por eso, cuando existen grupos importantes sin protección inmunológica, los brotes pueden propagarse rápidamente y superar la capacidad de respuesta de los servicios locales.
La pregunta central no consiste solamente en cuántas personas enfermaron, sino en cuántas pudieron haber permanecido protegidas mediante una vacunación completa y oportuna.
Durante décadas, México desarrolló programas de inmunización que representaron avances importantes en salud pública. Las campañas escolares, los servicios de vacunación infantil y las jornadas comunitarias permitieron reducir enfermedades que anteriormente ocasionaban numerosas hospitalizaciones y fallecimientos.
Esos resultados no surgieron por casualidad. Fueron consecuencia del trabajo sostenido de médicos, enfermeras, epidemiólogos, promotores de salud, autoridades sanitarias y familias que comprendieron la importancia de prevenir antes que lamentar.
Pero los logros de salud pública no son irreversibles.
Cuando disminuyen las coberturas de vacunación, se interrumpen esquemas infantiles, existen dificultades de acceso a los centros de salud o se acumulan comunidades con población susceptible, las enfermedades encuentran nuevamente oportunidades para propagarse.
La OPS ha advertido que para impedir brotes de sarampión se requieren coberturas de al menos 95% con dos dosis de vacuna. Esa meta debe cumplirse de manera sostenida y con una distribución territorial suficientemente uniforme. Un promedio nacional aparentemente satisfactorio puede ocultar municipios, localidades rurales o sectores urbanos donde numerosos niños carecen de protección.
Por eso no basta con anunciar millones de dosis aplicadas. Es indispensable saber quiénes fueron vacunados, qué grupos todavía necesitan completar sus esquemas, dónde se encuentran las mayores brechas y cómo garantizar que las personas pendientes reciban oportunamente las vacunas correspondientes.
Las autoridades mexicanas han informado de campañas de inmunización reforzadas y de millones de aplicaciones durante la respuesta al brote. Es indispensable reconocer ese esfuerzo, pero también evaluar sus resultados y revisar por qué se acumuló una población susceptible suficientemente importante como para permitir la propagación de la enfermedad.
La responsabilidad no puede atribuirse automáticamente a una sola administración, institución o partido político. Las coberturas de vacunación dependen de políticas sostenidas durante muchos años, de los presupuestos disponibles, de la organización de los servicios sanitarios, de la distribución de biológicos y de la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno.
También influyen factores como la movilidad de la población, las dificultades para acceder a servicios médicos, los cambios en los calendarios de atención y la circulación de información falsa sobre las vacunas.
Pero precisamente porque intervienen tantas circunstancias, resulta indispensable determinar cuáles tuvieron mayor importancia en México y corregirlas mediante decisiones concretas.
La federación tiene la responsabilidad de conducir la política nacional de vacunación, garantizar el abasto y mantener sistemas eficaces de vigilancia epidemiológica. Los gobiernos estatales participan directamente en la aplicación de vacunas, la detección de casos, la atención médica y la organización territorial de las campañas. Los municipios pueden contribuir acercando información y facilitando el contacto con comunidades que requieren atención.
Y las familias tienen un papel fundamental: verificar los esquemas de vacunación de sus integrantes, atender las recomendaciones médicas y acudir a los servicios de salud cuando sea necesario.
Ninguna de esas responsabilidades sustituye a las demás.
La coordinación debe ser especialmente cuidadosa en Jalisco, donde la magnitud del brote exige sostener esfuerzos para identificar a quienes aún carecen de protección. Se necesitan brigadas suficientemente equipadas, información clara para madres y padres, disponibilidad de vacunas y mecanismos que permitan atender a las comunidades que enfrentan mayores dificultades para acudir a centros de salud.
Las escuelas también representan espacios importantes de prevención y orientación. Sin convertirlas en lugares de alarma ni discriminación, pueden colaborar con las autoridades sanitarias para informar a las familias sobre la importancia de contar con esquemas completos de vacunación y reconocer oportunamente los síntomas que requieren evaluación médica.
Pero sería insuficiente concentrar todas las acciones en zonas escolares urbanas. Las comunidades rurales, los asentamientos con dificultades de transporte y los grupos que enfrentan barreras para recibir atención sanitaria necesitan estrategias específicas.
La equidad en salud no consiste solamente en anunciar que una vacuna es gratuita. También exige que pueda obtenerse efectivamente, sin que la distancia, los horarios, la falta de información o los costos indirectos impidan acceder a ella.
Otro problema merece especial atención: la desinformación.
En distintos países han proliferado mensajes que atribuyen a las vacunas consecuencias graves sin respaldo científico suficiente. Algunas afirmaciones circulan mediante redes sociales, videos y publicaciones que presentan testimonios aislados como si sustituyeran décadas de investigación médica.
La evidencia científica demuestra que la vacunación contra el sarampión es segura y altamente efectiva. Como cualquier intervención médica puede tener efectos secundarios, pero los riesgos conocidos de la vacuna son considerablemente menores que los derivados de contraer la enfermedad.
La desconfianza debe enfrentarse mediante información verificable, comunicación transparente y atención respetuosa a las dudas de las familias, no mediante descalificaciones generalizadas.
Los padres necesitan comprender qué vacunas corresponden a sus hijos, cuándo deben aplicarse, qué protección ofrecen y dónde pueden recibirlas. Las instituciones deben responder con claridad y reconocer oportunamente cualquier problema de disponibilidad o prestación del servicio.
La confianza pública es un componente esencial de cualquier política de vacunación.
Y cuando una enfermedad reaparece después de años de control, también es necesario revisar si los mensajes oficiales han sido suficientemente claros y constantes.
No podemos esperar a que una epidemia alcance cifras alarmantes para recordar la importancia de la prevención.
La salud pública requiere continuidad, incluso cuando los resultados son tan satisfactorios que una enfermedad deja de ocupar los titulares.
Ésa es precisamente la paradoja de las vacunas: cuando funcionan correctamente durante muchos años, algunas personas olvidan la gravedad de las enfermedades que ayudaron a controlar.
El sarampión representa un ejemplo particularmente contundente. Su prevención depende de mantener niveles elevados de protección colectiva. Si se acumulan suficientes personas susceptibles, la transmisión puede reanudarse y afectar incluso a quienes no pueden vacunarse por razones médicas o por su edad.
La inmunización protege a quien recibe la vacuna, pero también contribuye a reducir el riesgo para los sectores más vulnerables.
La situación mexicana forma parte de un problema internacional. La Organización Panamericana de la Salud ha documentado un aumento considerable de casos en distintos países del continente durante 2026. Guatemala, México, Estados Unidos, Perú y Canadá figuran entre los territorios con mayor número de contagios registrados en sus informes regionales.
Esto demuestra que la reaparición del sarampión no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Sin embargo, tampoco debe utilizarse la dimensión internacional del brote como argumento para minimizar nuestras responsabilidades.
Que otros países enfrenten dificultades semejantes no significa que debamos resignarnos a padecerlas.
La cooperación sanitaria internacional resulta fundamental para fortalecer los sistemas de vigilancia, intercambiar información epidemiológica, identificar variantes virales y coordinar respuestas ante movimientos de población que pueden favorecer la propagación de enfermedades.
Pero las medidas de prevención deben aplicarse principalmente donde viven y conviven las personas: en las comunidades, los centros escolares, los lugares de trabajo y los servicios de atención médica.
Precisamente por la gravedad de la situación, la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión y la Rubéola de la OPS celebra del 10 al 13 de noviembre su reunión anual para examinar, entre otros asuntos, el estado de eliminación del sarampión en México y Estados Unidos.
Es importante precisar que, al momento de preparar esta columna, todavía no se ha hecho pública una resolución definitiva sobre la situación mexicana.
La revisión contempla información epidemiológica y de laboratorio, así como la persistencia o interrupción de cadenas de transmisión. El reconocimiento internacional de eliminación no significa que jamás pueda aparecer un caso importado, sino que no exista transmisión endémica sostenida conforme a los criterios técnicos establecidos.
Por tanto, sería prematuro anunciar que México perdió formalmente ese reconocimiento antes de conocer la determinación correspondiente.
Pero tampoco necesitamos esperar el resultado para reconocer que existe un problema sanitario importante.
Las cifras de contagios, las defunciones y la extensión territorial del brote constituyen motivos suficientes para exigir información completa y respuestas eficaces.
La eventual pérdida de un reconocimiento internacional tendría consecuencias para la reputación de nuestro sistema sanitario y obligaría a redoblar los esfuerzos para recuperar la condición de eliminación. Pero sería un error convertir la discusión en una competencia por conservar una distinción simbólica.
Lo verdaderamente importante es detener la transmisión y proteger a la población.
Una certificación no cura a un niño enfermo ni sustituye una vacuna pendiente.
La revisión internacional debe entenderse como una oportunidad para identificar debilidades, establecer metas medibles y fortalecer la confianza en nuestros servicios de salud.
También conviene examinar qué grupos de edad requieren atención prioritaria. Los reportes nacionales muestran una concentración importante de casos entre niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve años, mientras los menores de un año presentan una elevada incidencia en relación con el tamaño de su población.
Son datos que subrayan la necesidad de proteger oportunamente a la primera infancia y orientar a las familias sobre las recomendaciones específicas en contextos de brote.
En esas circunstancias, las indicaciones de vacunación pueden incluir medidas adicionales determinadas por las autoridades sanitarias, siempre de acuerdo con la edad, el historial médico y las recomendaciones aplicables.
Por eso las decisiones individuales deben adoptarse con información profesional y no siguiendo cadenas de mensajes sin sustento científico.
Pero hay otra reflexión que no deberíamos omitir.
Durante los últimos años, el debate público mexicano ha concentrado una enorme atención en las grandes reformas constitucionales, las disputas partidistas, los conflictos electorales y las declaraciones de los gobernantes.
Todos esos asuntos pueden ser relevantes. Sin embargo, la reaparición del sarampión nos recuerda que existen responsabilidades públicas que no admiten distracciones prolongadas.
Proteger la salud de la población no produce necesariamente los titulares políticos más espectaculares, pero representa una de las obligaciones esenciales del Estado.
Una campaña de vacunación puede parecer menos llamativa que una conferencia presidencial o una confrontación parlamentaria. No obstante, sus consecuencias sobre la vida de miles de familias pueden ser mucho más trascendentes.
El verdadero desafío consiste en fortalecer una cultura de prevención que no dependa de las emergencias.
México necesita presupuestos suficientes, disponibilidad continua de biológicos, personal sanitario capacitado, registros confiables de vacunación, vigilancia epidemiológica oportuna y mecanismos de coordinación capaces de responder rápidamente cuando aparece un caso sospechoso.
También requiere transparencia para reconocer deficiencias, corregirlas y explicar a la ciudadanía qué medidas se están adoptando.
La solución no consiste en buscar apresuradamente culpables políticos antes de conocer las causas específicas del brote. Pero tampoco en aceptar declaraciones tranquilizadoras sin resultados verificables.
Las autoridades deben rendir cuentas sobre las coberturas alcanzadas, las comunidades todavía vulnerables, el abastecimiento de vacunas y los avances reales para interrumpir la transmisión.
Y esa rendición de cuentas debe realizarse sin convertir la salud de los niños en instrumento de confrontación partidista.
La presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales de salud y los gobiernos estatales tienen la oportunidad de demostrar que la coordinación institucional puede imponerse sobre las diferencias políticas.
En Jalisco, donde los contagios han alcanzado una magnitud especialmente preocupante, el seguimiento deberá ser permanente y sustentado en información epidemiológica confiable.
Reconocer los esfuerzos que ya se realizan no significa renunciar a exigir mejores resultados. Del mismo modo, señalar las deficiencias que puedan documentarse no implica desconocer el trabajo cotidiano del personal médico y de enfermería.
Miles de profesionales de salud enfrentan los brotes mediante jornadas de vacunación, seguimiento de contactos, orientación familiar y atención a pacientes. Su trabajo merece respaldo, recursos adecuados y reconocimiento.
Pero detrás de todos los programas y decisiones debe existir una prioridad inequívoca: evitar nuevos contagios y muertes.
México enfrenta una advertencia sanitaria que no puede minimizarse: más de veinte mil personas han contraído sarampión desde 2025 y cincuenta han perdido la vida. Jalisco encabeza los registros de 2026 y la OPS examina el reconocimiento internacional de eliminación de la enfermedad. Son acontecimientos suficientemente graves para exigir una respuesta sostenida de todas las instituciones responsables.
No se trata de sembrar miedo ni de convertir una enfermedad en pretexto para enfrentamientos políticos. Se trata de reconocer que la prevención constituye una obligación fundamental de la salud pública y que las vacunas solamente cumplen su función colectiva cuando llegan oportunamente a quienes las necesitan.
La verdadera discusión no debería concentrarse en si México conserva o pierde una certificación internacional, sino en determinar por qué miles de ciudadanos quedaron expuestos a una enfermedad prevenible y cómo garantizar que esa situación no se repita.
Porque detrás de cada contagio hay una familia preocupada y detrás de cada defunción existe una pérdida humana que ninguna estadística puede reducir a un simple número.
El país necesita menos complacencia y más prevención; menos disputas por adjudicarse los méritos de las campañas y mayor coordinación para llegar a las comunidades que todavía presentan brechas de vacunación.
Las autoridades deberán explicar qué ocurrió, identificar qué debe corregirse y sostener los esfuerzos necesarios para recuperar las coberturas de protección. Pero las familias también deben participar verificando los esquemas de vacunación y buscando orientación profesional cuando existan dudas.
Hay enfermedades cuyo regreso debería estremecernos mucho más que cualquier escándalo político. El sarampión es una de ellas, precisamente porque conocemos sus riesgos y disponemos de medios eficaces para prevenirlo.
¡Que México recupere plenamente el control del sarampión, que Jalisco reduzca sus contagios y que ninguna familia tenga que lamentar una muerte que pudo evitarse mediante protección oportuna!
Porque una nación no demuestra la fortaleza de su sistema de salud solamente inaugurando hospitales, anunciando presupuestos o celebrando reconocimientos internacionales. La demuestra cuando consigue que sus niños reciban las vacunas necesarias, que sus comunidades estén protegidas y que enfermedades prevenibles dejen de cobrar vidas.
Y ésa debería ser nuestra exigencia más importante: no esperar a perder una certificación para defender lo que realmente importa. Porque el reconocimiento de un organismo internacional puede recuperarse con años de trabajo; la vida de un niño que murió por una enfermedad prevenible, jamás.